La empresa Gila LLC, contratada por la ACT en 2015, cobra alrededor de $19 millones anuales para administrar el sistema de AutoExpreso. (horizontal-x3)
La empresa Gila LLC, contratada por la ACT en 2015, cobra alrededor de $19 millones anuales para administrar el sistema de AutoExpreso. (David Villafañe)

Mientras La Fortaleza contempla cancelar el contrato de administración del sistema AutoExpreso, la empresa Gila ya contempla la defensa de sus derechos contractuales en los tribunales.

La determinación final se tomaría el lunes, anticipó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. No obstante, a menos que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) haya seguido al pie de la letra las disposiciones contractuales para declarar al administrador del sistema en incumplimiento, tardará al menos 30 días la finalización del acuerdo.

Ayer no estaban claros los pasos que había dado la dependencia para deshacerse de los servicios de Gila. El jefe de la ACT, Carlos Contreras, no estuvo disponible para abordar la controversia asociada con el contrato.

El acuerdo de unas 122 páginas establece varias formas para cancelarlo. En el caso de un incumplimiento de las disposiciones, se provee para que Gila abandone la administración del sistema AutoExpreso en 30 días.

El documento también establece un proceso para el cese de la contratación sin que el gobierno tenga que mostrar alguna causa específica.

La sección 24.4 del acuerdo establece que solo bastaría con que el gobierno notifique la decisión de dar por terminado el contrato con 90 días de anticipación, pague las facturas pendientes y reembolse los cargos de desmovilización.

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Según la empresa, esto último es un importe que incluye las mesadas por el despido injustificado de unos 400 empleados y otros gastos asociados al cese de operaciones en Puerto Rico.

Si la culminación del contrato se concretara, la empresa podría evaluar una demanda de daños contra el gobierno, dijo Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de operaciones de Gila en una conferencia de prensa en su sede en Guaynabo.

“Nosotros lo que queremos es trabajar de buena fe con todas las partes”, sostuvo Sánchez.

“Que Gila haga lo que quiera hacer. Yo voy a hacer lo que me encomendó el pueblo, a trabajar”, reaccionó, por su parte, Rosselló Nevares.

“Estamos totalmente insatisfechos con la ejecución y los resultados de una contratación del 2015. Voy a tomar mi acción ejecutiva. Les pedí espacio hasta el lunes... lo que les puedo dejar saber es que venimos con una solución para ese problema”, agregó el mandatario en una conferencia de prensa en San Juan.

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“Hay varias maneras de terminar este contratoy si a esta altura no lo han hecho es por falta de voluntad del gobierno. Aquí hay unos elementos de negligencia en las funciones y no hay impedimentos sustantivos en el contrato para corregir el problema inmediatamente”, destacó el abogado Rolando Emmanuelli.

Obedecen al gobierno

La empresa Gila no ve razones para la insatisfacción del gobierno puesto que ha administrado el sistema siguiendo cada una de las disposiciones que se le han hecho, incluyendo el aumento de $15 a $50 que la administración de Rosselló Nevares legisló en marzo del año pasado para los que pasan las estaciones de peaje sin balance en sus cuentas de AutoExpreso.

Este aumento en la infracción de tránsito fue una de las medidas de recaudo que propuso el gobierno en el plan fiscal que se certificó en abril de ese mismo año. La intención era cuadrar los ingresos y gastos del gobierno con esta y otras medidas fiscales contempladas en el documento que en aquel momento adoptó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Sánchez estimó que el malestar de muchos de los ciudadanos es precisamente ese aumento en las multas, que en meses recientes la Asamblea Legislativa ha tratado de revertir pero no lo ha logrado porque se trata de una medida que impacta los recaudos del gobierno y cae bajo control de la JSF.

Precisamente, el último proyecto legislativo tratando de revertir este aumento está bajo la consideración de Rosselló Nevares. Ayer, el gobernador dijo estar evaluando el impacto fiscal de la iniciativa legislativa que nuevamente tendría que contar con el aval del organismo que controla las decisiones financieras de la isla.

Ya la Junta ha advertido que no favorece la medida porque tiene un impacto fiscal.

El otro elemento que, según Sánchez, ha causado problemas es la falta de actualización del sistema de AutoExpreso, situación que, según fuentes, fue ignorado por la jefatura de la ACT hasta hace unos meses, cuando comenzaron a acumularse las denuncias de problemas con las multas de tránsito que se emitían.

Sánchez afirmó que en ningún momento Gila recibe beneficio económico por aumentar las infracciones que se emiten contra los conductores. Al contrario, sostuvo que mientras más multas ocurren, más son sus gastos operacionales pues tienen que invertir recursos y tiempo para procesar las infracciones. El ejecutivo indicó que el dinero que producen las multas beneficia al gobierno.

Al contestar las preguntas de la prensa, el ejecutivo resaltó que sobre el 80% de las multas objetadas son por transitar sin balance por los peajes en la PR-22, vía administrada porla empresa Metropistas.

Efecto en cadena

Los problemas se intensificaron, específicamente, cuando esta compañía comenzó a cobrar peajes en ambas direcciones de la carretera. La decisión de Metropistas hizo que se duplicaran las transacciones en el sistema de AutoExpreso, aumentando así la probabilidad de que una persona sea multada. Actualmente alrededor del 1.5% de los conductores que pasa un peaje comete una infracción.

La determinación también causó un aumento en la cantidad de transacciones que maneja el sistema de AutoExpreso, lo que se tradujo en demoras actualizando los balances en las cuentas. Toda esta cadena de causas y efectos terminó llevando a que conductores pasaran peajes creyendo que tenían balance en sus cuentas cuando en realidad ya habían debitado todo lo que tenían acreditado en las tarjetas.

Para colmo, los nuevos sistemas de lecturas de tarjetas en los peajes no cuentan con los semáforos que avisan cuando a un conductor le queda poco dinero en el sistema.

“Hay un cambia y cambia y las personas no saben lo que está pasando”, dijo Sánchez. La más reciente confusión también involucra los peajes dejados de cobrar entre finales de septiembre e inicios de noviembre de 2017, cuando Puerto Rico estaba en medio de la estabilización tras el paso del huracán María por Puerto Rico. Las personas, a las que se supone que les haya llegado una factura por parte de AutoExpreso, tienen hasta el sábado 15 de septiembre para pagar estos peajes.

“Aquí ha sido fácil atacar a Gila de múltiples partes... ha sido parte del proceso político”, dijo Sánchez al adjudicar a intereses partidistas y económicos la ofensiva contra la compañía.

Mientras Sánchez hacía estas imputaciones sobre la intromisión partidista, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, destacaba la relación contractual entre la empresa y el exsenador popular Roberto Prats, quien se perfila como uno de los aspirantes a la gobernación por el minoritario Partido Popular Democrático (PPD).

“Ya es hora (de) que Roberto Prats salga de la cueva y le explique al pueblo de Puerto Rico el rol que tuvo durante la negociación del contrato con Gila para administrar las multas de AutoExpreso y que tanto problema les está causando a los conductores”, dijo Torres Zamora.

Decisión final

En cambio, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, citaba las recientes controversias asociadas a las multas de AutoExpreso como las razones claras de un incumplimiento.

“Cuando ellos no cumplen con él (el contrato), nosotros no tenemos que cumplir con las disposiciones”, dijo Rosario Cortés.

“Es un hecho que lo vamos a hacer (cancelar el contrato)”, añadió el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

Esta afirmación ocurre justo después que el Senado aprobara una resolución exigiendo la cancelación del contrato entre la ACT y la empresa Gila.

La Cámara de Representantes, por su parte, comenzará un proceso de audiencias para investigar el contrato, anunció el representante Gabriel Rodríguez Aguiló en una conferencia de prensa.

La Resolución 1040 de la Cámara pretende determinar si Gila traspasó el contrato para administrar el sistema de AutoExpreso a otra entidad.

“Nosotros vamos a ir sobre el contrato. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se ha mantenido ahí?”, indicó el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, José “Memo” González Mercado, afirmó que “esta medida investigaría cada una de las cláusulas del contrato y si alguien se benefició irregularmente con su firma u operación”.

Además, evaluarán en las vistas públicas la Resolución Conjunta 385, que ordena al Departamento de Obras Públicas a crear centros de servicio temporeros en el sur y el oeste de la isla para atender las reclamaciones relacionadas con los peajes.

La Comisión citó al DTOP, a la ACT y la empresa Gila para la primera vista, que será este jueves, a las 10:00 a.m.

Los reporteros Javier Colón Dávila y Amanda Pérez Pintado colaboraron en esta historia.


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