El presidente de OPG Technology, Orlin P. Goble (semisquare-x3)
El presidente de OPG Technology, Orlin P. Goble (David Villafañe)

Anclada en la política pública del gobierno y al tener exclusividad en el Departamento de Departamento de Hacienda para la venta de sellos y comprobantes, la empresa OPG Technology ha ampliado sus puntos de venta entre los municipios, corporaciones y agencias del gobierno.

Y aunque tal negocio supondría más dinero para el erario, ha representado menos ingresos para Hacienda debido a las comisiones que, según los contratos, concede OPG Technology a los puntos de venta, incluidos los municipios.

El cierre de colecturías que comenzó esta administración el año pasado, la directriz del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para reducir gastos y asignar más tareas a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) han servido como carta de presentación a OPG Technology para entablar negocios con municipios y agencias.

El presidente de OPG Technology, Orlin P. Goble, cita en los contratos suscritos con, al menos, 37 municipios, Hacienda y con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado una orden ejecutiva (2017-01) firmada por el gobernador al iniciar su mandato para establecer la política de reducción de gastos.

Ese primer decreto de Rosselló Nevares “establece la urgencia de implementar una nueva estructura de gobierno que baje significativamente el gasto público y mejore sustancialmente sus funciones”, precisan los contratos revisados por este diario.

El acuerdo que le concedió exclusividad a Goble sobre la venta de sellos y comprobantes fue firmado el 20 de marzo de 2017, tres meses después que llegara al poder la presente administración. Con el pacto, la empresa y Hacienda transaron un pleito legal que data del cuatrienio pasado.

Sistema de compensación

En el contrato con Hacienda, se establece que OPG Technology cobrará 3.6% por cada venta de sellos y comprobantes. Además, de los recaudos que genera la agencia por concepto de las ventas de sellos y comprobantes, se paga una tarifa de 2.5% en comisiones a cada “punto de venta”, tales como “sucursales bancarias, instituciones financieras, municipios y otros lugares de venta, excepto agencias de gobierno y colecturías”.

Igualmente, se les paga otra comisión de 25 centavos por cada sello o comprobante adquirido cuyo valor nominal sea de menos de $8.

En los contratos con los municipios examinados por El Nuevo Día, además de estas comisiones, se establece que el ayuntamiento podrá obtener estas comisiones de deducciones diarias equivalentes al valor nominal de los sellos y comprobantes que se impriman utilizando el sistema, que está conectado al sistema de colecturías.

Esas comisiones significan menos recaudos para Hacienda.

Los ingresos netos al Fondo General por concepto de sellos y comprobantes se han desplomado casi en 73% los pasados 12 años, según un informe presentado por OPG Technology Corp. ante el Tribunal Federal como parte del pleito transado con la firma del contrato.

Ayer, por tercer día consecutivo, ningún oficial de Hacienda estuvo disponible para hablar con este medio.

Tampoco Goble concedió entrevista, por lo que se desconoce los ingresos que generan estos contratos adicionales.

El gobernador aseguró el lunes que, en el acuerdo suscrito en marzo de 2017, se corrigieron todas las fallas señaladas en una opinión emitida por el Departamento de Justicia de 2014, que declaró “nulo” el pacto que se mantuvo vigente cerca de una década.

Sin embargo, ni Justicia ni Fortaleza han provisto documentos que precisen esas correciones ni la opinión externa que, según el mandatario, utilizaron.

Las irregularidades en la contratación de OPG Technology trascendieron públicamente tras la dimisión de Teresita Fuentes como secretaria de Hacienda el 25 de enero. Según fuentes de este diario, la exsecretaria levantó bandera sobre dicho contrato.

Dos días laborables después de la renuncia de Fuentes Marimón, el gobernador designó nuevamente a la silla de Hacienda a Raúl Maldonado, quien firmó el contrato con OPG.

Ayer, durante un viaje oficial a Washington D.C., Rosselló Nevares volvió a defender su designación. “El Raúl Maldonado que yo conozco es un hombre íntegro. Tiene sobre 30 años de trabajo profesional… sí cuenta con mi confianza”, afirmó.

Otro contrato

Maldonado también firmó, el 21 de febrero de 2018, otro acuerdo con OPG Technology para que diera “servicios adicionales” a Hacienda al proveer equipo tecnológico al proyecto piloto denominado Hacienda Servicio 360.

Esa fue una iniciativa de Maldonado, quien anunció que los nuevos centros estarían destinados a gestiones contributivas. Bajo esos parámetros, Goble continúa haciendo negocios. OPG proveyó ayer a este diario una lista con 377 puntos de venta en 77 municipios e, incluso, en el centro de servicios integrados del gobierno en Orlando, Florida.

Ahora, el nuevo punto de venta que se cuaja es en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que en las JIP se vendan sellos y comprobantes y así maximizar los servicios de esas oficinas.

El nuevo presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, interesa lograr un acuerdo contractual, pero espera por las enmiendas que propusieron a un borrador de contrato que le envió el Departamento de Hacienda. El documento, examinó este diario, es una copia similar del que han firmado distintos alcaldes.

El segundo vicepresidente de la CEE, Nicolás Gautier, dijo que tras recibir el borrador de contrato a través de Hacienda, cuestionaron por qué no pactaban directamente con la agencia.


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