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El gobernador Ricardo Rosselló Nevares señaló ayer que desconoce cómo el Departamento de Hacienda le otorgó un contrato a OPG Technology. En la foto, junto a Joaquín del Río, director del Registro de la Propiedad. (Xavier J. Araújo Berríos)

Veintitrés días después que la administración de Ricardo Rosselló Nevares llegó al poder, el presidente de la empresa OPG Technology, Corp., Orlin P. Goble, envió al entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, una propuesta “estrictamente privada y confidencial” con miras a que su empresa se hiciera cargo de la venta de sellos y comprobantes.

La propuesta firmada por Goble establecía que, si se retomaba el contrato con su empresa, se podría poner fin al pleito legal que había en ese momento entre el Departamento de Hacienda y OPG Technology, en el Tribunal Federal, sobre la propiedad intelectual del sistema digital (software) creado para la venta de sellos y comprobantes.

El documento detallaba cómo la empresa implementaría el sistema digitalizado en no más de 90 días y asumiría los costos del proceso. Además, establecía que OPG Technology compraría por $500,000 el sistema que existía entonces para la venta de sellos y comprobantes desarrollado por Hacienda. La agencia recibiría el 100% de lo que generaran las ventas, “menos una comisión” para la empresa que no fue precisada en esa oferta.

La propuesta de Goble, con fecha del 25 de enero de 2017, fue entregada a la mano a Maldonado y copiada al entonces principal asesor legal de Rosselló Nevares, Alfonso Orona, según se desprende del documento en poder de El Nuevo Día.

El 20 de marzo de 2017, se formalizó el contrato entre OPG Technology y Hacienda. El acuerdo fue firmado por Maldonado, quien fue nombrado por primera vez al cargo el 15 de diciembre de 2016. El funcionario fue nominado nuevamente a la jefatura de Hacienda la semana pasada.

Ayer, a preguntas de este diario, el gobernador dijo tajantemente que “no tenía conocimiento” del contrato otorgado a OPG Technology ni de los pormenores de cómo se concedió. “Mi rol como gobernador es asegurarme que la política pública se ejecute”, insistió.

Goble ha rechazado varios pedidos de entrevista de este diario. Tampoco rindieron frutos las gestiones para entrevistar a Maldonado o al secretario interino de Hacienda, Francisco Parés. Se desconoce si, en efecto, OPG Technology pagó los $500,000.

Historial del contrato

OPG Technology se encargó de la venta, cobro y suministro de las máquinas de impresión de sellos y comprobantes de Hacienda desde 2007, pero en el 2015 la administración de Alejandro García Padilla no le renovó el contrato. En cambio, Hacienda creó un software que le permitió hacer esas tareas.

Tras someter la propuesta presentada en 2017, la empresa regresóa Hacienda, pero en esta ocasión mediante un contrato con “exclusividad” que creó dudas a la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes Marimón y su equipo de trabajo. Fuentes Marimón renunció a su cargo sin que terminara una auditoría del contrato y tras haber llevado el asunto a la atención de la Oficina de la Contralora y el Departamento de Justicia.

La semana pasada, Goble confirmó por escrito a este medio que existe un “fraude millonario” con los sellos. Dijo que había alertado sobre ese esquema a Hacienda y al Registro de la Propiedad, adscrito a Justicia. El asunto es objeto de investigación por las autoridades federales.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo ayer que no tiene en curso una pesquisa por el supuesto fraude con los sellos y comprobantes pese a los planteamientos de Goble y de Fuentes Marimón.

Vázquez dijo que Fuentes Marimón le comunicó su “preocupación con relación a los sellos del Registro de la Propiedad”. Destacó también las expresiones de la contralora Yesmín Valdivieso, quien dijo compartir las inquietudes de la extitular de Hacienda y aludió recientemente a la “falta de control” en torno al contrato con OPG.

“Sí, es importante saber lo que dijo la señora contralora. Esto es una investigación o un proceso que tiene que tener una auditoría. Una vez el auditor o la Oficina del Inspector General haga su evaluación, si hay un hallazgo, tienen que referir al Departamento de Justicia”, sostuvo la funcionaria.

Vázquez sostuvo que los señalamientos de una opinión de Justicia emitida en 2014 y que declaró nulo el contrato de ese momento con OPG Technology fueron corregidos en el contrato vigente.

Primeros diálogos

Como parte de la propuesta, Goble echó mano de ideas que la administración Rosselló Nevares había promovido, como la consolidación de colecturías. El Nuevo Día supo que las discusiones con esta administración comenzaron antes de que el mandatario juramentara. Al menos, tres fuentes dijeron que el cabildero de Goble es el abogado Marcos Rodríguez Ema, quien fuera secretario de la Gobernación bajo la administración de Luis Fortuño.

La propuesta incluía 15 “términos básicos” para establecer claramente que se trata de “una oferta para transar y ponerle fin a la litigación pendiente ante el Tribunal Federal”.


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