Un proyecto distinto de libertad religiosa fue aprobado por la Legislatura, pero el gobernador Ricardo Rosselló lo vetó. (semisquare-x3)
Un proyecto distinto de libertad religiosa fue aprobado por la Legislatura, pero el gobernador Ricardo Rosselló lo vetó. (Ramón “Tonito” Zayas)

Líderes de entidades no gubernamentales cuestionaron el alcance del proyecto de la llamada libertad religiosa, ya que podría permitir que empleados del gobierno discrimen contra ciudadanos que acudan a buscar servicios y no proveería remedios para las personas agraviadas.

El proyecto tendrá víctimas, y no se incluyen mecanismos para que estas víctimas puedan reclamar ante violaciones de sus derechos humanos”, denunció Eva Quiñones, presidenta de la organización Humanistas Seculares.

El abogado Carlos Cintrón García, también de Humanistas Seculares, sostuvo que la medida permitiría que una persona se niegue a cumplir cualquier ley “si determina que va en contra de su credo religioso”.

El Proyecto del Senado 1253 establece un mecanismo para que el empleado de una entidad gubernamental notifique por escrito a la Oficina de Recursos Humanos “las situaciones” en que solicitaría algún acomodo razonable por convicciones religiosas.

“Tienes que escribir una carta, pero no se dice qué tiene que especificar, qué conductas no va a apoyar, y eso es vago y le crea a la agencia una obligación bien extraña de recoger esas cartas y de establecer reglamentos internos para cumplir con lo que digan los empleados”, dijo Quiñones, al cuestionar si esas misivas serían públicas.

Quiñones destacó que un ciudadano, por ejemplo, transexual o musulmán, que podría sentirse discriminado, querría saber si en una oficina gubernamental habrá una gran cantidad de empleados que no lo atenderían.

Al argumentar que la pieza legislativa es innecesaria ya que, según ella, no se ha demostrado que en Puerto Rico se le viole la llamada libertad religiosa a nadie, Quiñones llamó la atención a que no se contemplan claramente excepciones en su aplicación, como personal de emergencia, bomberos, policías y médicos.

Al igual que Quiñones, Cintrón García sostuvo que no es correcto que la libertad religiosa haya sido desatendida o esté bajo ataque del Estado. Por el contrario, recordó que el gobierno firma contratos con organizaciones religiosas, desde talleres hasta recogido de desperdicios y la entrega de escuelas con rentas nominales.

“El proyecto minimiza, a su conveniencia, las garantías constitucionales contenidas en la Constitución del ELA y la Constitución de los Estados Unidos que efectivamente proscriben el discrimen por razón de credo por parte del gobierno a la hora de imponer cargas al ejercicio de la libertad de culto o por excluir a la religión de aquellos recursos que se proveen a todos”, dijo.

El abogado sostuvo que la pieza legislativa pretende brindar beneficios a las instituciones religiosas que ni siquiera están contemplados en legislación federal, como la Ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa.

“Una de las problemáticas más serias que suscita este proyecto es que no contiene límites a aquellos reclamos que una persona puede hacer so pretexto de su libertad religiosa”, dijo, al ofrecer como ejemplo un empleado del Registro Demográfico que se niegue a expedir un certificado de matrimonio a una pareja que tuvo hijos antes de casarse o un enfermero que se niegue a hacer transfusiones de sangre por sus creencias religiosas.

Para Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, el proyecto no es producto del consenso, y planteó que es evidente que las comunidades LGBTT y aquellas organizaciones que defienden los derechos humanos no lo apoyan.

“El proyecto refuerza la idea de que cualquier creencia religiosa, cuya razonabilidad no podría ser cuestionada, es suficiente para pedir acomodo razonable en el gobierno y sus agencias. Imagina esto en el contexto de policías u otro personal que está llamado a atender en situaciones de emergencia”, dijo. “También extiende la protección a organizaciones, asociaciones y corporaciones, o sea, no hay que ser persona natural para acogerse a la protección de esta ley que dice aplicar al gobierno nada más”, añadió.

Pagán Jiménez criticó que, con el proyecto, una entidad privada que reciba fondos del gobierno podría usar su libertad religiosa para discriminar o realizar actos proselitistas.


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