La Oficina de Fiscal Independiente presentó cinco denuncias de aprovechamiento ilicito de trabajos y servicios públicos y dos cargos de hostigamiento sexual contra Miguel Encarnación.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) elevó a tres, la racha de casos que, en los últimos dos meses, no ha logrado sostener en los tribunales, con la determinación ayer de no causa para arrestar al exjefe de la Administración de Servicios Generales (ASG) Miguel Encarnación.

La decisión de la juez Ilyana Blanco se fundamentó en que, en la vista de Regla 6, no se identificó al sospechoso con los delitos que se imputaban en las 10 denuncias que los fiscales Emilio Arill y Manuel Núñez iban a presentar.

Los fiscales no llevaron testigos y sometieron el caso con ocho declaraciones juradas de testigos de los presuntos actos criminales.

Al salir de sala, el exfuncionario expresó: “Hay un Dios vivo y hay que servirle a Dios”.

El fiscal Arill informó que acudirán en alzada, y opinó que sí cumplieron con el proceso de identificación.

Según Arill, las declaraciones juradas “indican quién fue la persona que cometió los actos… que es el administrador y hay una certificación que dice quién es el administrador”.

La Opfei iba a presentar cinco denuncias de aprovechamiento ilícito de trabajos públicos, dos de hostigamiento sexual y tres infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La investigación de la Opfei presuntamente apunta a que Encarnación, quien entre el 2017 al 2018 dirigió la ASG, repartió entre amigos 16 generadores eléctricos ordenados por la agencia tras el paso del huracán María.

Los generadores todavía no han sido pagados por la ASG, pero los delitos que se le imputan al exadministrador están relacionados con el uso -no público- que se le dio a esas plantas eléctricas.

Además, se presume que el exfuncionario prestó vehículos oficiales para movilizar los generadores eléctricos. Solo tres plantas fueron usadas en estaciones de la ASG que estaban sin servicio eléctrico tras el paso del ciclón.

Por otra parte, las imputaciones contra Encarnación incluyen el presunto hostigamiento sexual contra dos exsubordinados suyos a quien supuestamente les hizo acercamientos en persona y vía telefónica.

No obstante, ninguno de los cargos prevaleció. La jueza no entró a evaluar la prueba tras los planteamientos de derecho sobre identificación planteados por el abogado Lester Arroyo, quien junto a Mario Moczó estuvieron a cargo de la defensa.

“Cuando usted le va a imputar un delito a alguien, tiene que imputar la conducta y tiene que imputar a quién es, quién fue (el que exhibió esa conducta)”, explicó Arroyo, al sostener que los fiscales no lograron hacer esa conexión.

Moczó comentó que la identificación, tal vez, pudo resolverse con testimonios en sala, en lugar de la presentación de declaraciones juradas.

Dijo que, en una vista en alzada, los fiscales tendrán “que venir con los testimonios y no en este procedimiento que es tan atropellante... de someter casos por el expediente”.

El representante independentista Denis Márquez, quien al igualque el senador Juan Dalmau, presentó un proyecto de ley para evitar la presentación de cargos mediante declaraciones juradas, dijo que la medida no solo quiere garantizar que una persona sospechosa de delito tenga la oportunidad de contrainterrogar al testigo que le imputa la actividad criminal, sino también proteger los casos que el Estado se dispone a procesar.

“Este es un caso de uso de fondos públicos, en el que hay una pérdida de fondos públicos y de hostigamiento sexual. El FEI (fiscal especial independiente) tenía que ser muy meticulosos a la hora de presentarlo”, dijo el legislador.

Entre diciembre y enero, la Opfei falló en su intento de presentar denuncias contra la secretaria de Justicia Wanda Vázquez y esta misma semana, el tribunal desestimó varios cargos que llevaba esa oficina contra el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló.

Ante ese récord, el gobernador Ricardo Rosselló recordó que está en un proceso de evaluación de las entidades a cargo de la investigación y procesamiento criminal “para asegurarnos que podemos tener unas instituciones que el pueblo sienta que están velando por sus derechos civiles. Sigo en ese proceso y cuando tenga una contestación sobre esos asuntos lo haré saber”.

Ricardo Cortés colaboró en esta historia.


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