Miembros del Comité de Retirados en los casos de Título III argumentan que los ingresos de los pensionados ya han sufrido recortes desde 2013. (horizontal-x3)
Miembros del Comité de Retirados en los casos de Título III argumentan que los ingresos de los pensionados ya han sufrido recortes desde 2013. (David Villafañe)

Carmen Haydée Núñez es retirada, y de una porción de sus ingresos dependen sus dos padres, su hijo, su nuera y su nieto.

Los últimos tres perdieron sus propios ingresos al tener que cerrar el negocio que los sustentaba tras el azote del huracán María.

Una reducción en su pensión, como la que impulsa para los jubilados la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y en un momento dado también propuso el gobierno central, implicaría una nueva complicación que atenta contra la calidad de vida de su familia en medio de la crisis.

“La baja (en ingresos) que proponen es bastante y afecta la calidad de vida y ya veníamos de los recortes que se hicieron desde el 2013”, dijo Núñez, en una entrevista con El Nuevo Día.

Se refería a las reformas a los tres principales sistemas de retiro (maestros, judicatura y empleados del Estado Libre Asociado) que, entre otras cosas, redujeron los beneficios por leyes especiales –como el bono de Navidad y el de medicamentos– a los jubilados. Estos cambios en las leyes bajo la gobernación de Alejandro García Padilla también cambiaron las futuras pensiones para los empleados que estaban activos en el gobierno y los de nueva contratación.

El presidente del Comité Oficial de Retirados en los casos de Título III de la ley Promesa, Miguel Fabre Ramírez, estimó que, como poco, desde el 2013 el gobierno había reducido en $250 millones anuales la nómina de los jubilados. Con el nuevo recorte que propone la JSF, se acumularía una reducción que sobrepasaría los $450 millones anuales.

“Nosotros entendemos que no hace falta un recorte adicional como el que propone la Junta”, dijo Fabre Ramírez.

La JSF ha argumentado, por otro lado, que esta merma es necesaria de cara a un proceso de ajuste de deudas en los pleitos de bancarrota en que todas las partes se supone que contribuyan a la estabilización fiscal de Puerto Rico.

El principio de la propuesta es que todos los acreedores del gobierno, incluidos los jubilados, cuyas pensiones son vistas como deudas no aseguradas, deberían contribuir para aliviar la carga económica del Estado. En el proceso, sin embargo, se dirime quién aportará más y quién aportará menos. Y las consideraciones nosiempre están del todo claras.

Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico establece una prioridad de repago que favorece a los bonistas. Por otro lado, la ley Promesa, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el verano de 2016, provee consideraciones especiales para los jubilados del gobierno puertorriqueño. Del mismo modo, varios procesos de bancarrota de ciudades han tenido en el pasado un significativo nivel de deferencia con los sistemas de pensiones.

En el caso de Detroit, por ejemplo, las pensiones se redujeron en un 4%, dijo Fabre Ramírez. Si ese fuera el punto de referencia, explicó, con las reducciones en beneficios que se legislaron para el 2013 se satisfacía ese criterio.

Por eso, según el presidente del Comité Oficial de Retirados, en el proceso de ajuste de deudas se tienen que tomar en consideración las reducciones en beneficios que ya han sufrido los retirados. En cierto modo, esas mermas en beneficios fueron el ajuste que, por adelantado, se hizo sobre los pensionados en el proceso de enderezar las finanzas de Puerto Rico.

“Y ese ajuste es más. Desde el 2008 no ha habido ajuste en las pensiones por costo de vida. Las reducciones en lo que cobran los pensionados ya se han hecho y nuevos recortes no se justifican”, dijo Fabre Ramírez.

Sus argumentos son parte de la ofensiva que llevará a cabo el Comité en contra de las disposiciones del plan fiscal certificado recientemente por la Junta.

Este documento, que traza la ruta fiscal a seguir hasta el 2023, es el que establece un sistema progresivo de ajuste en las pensiones. Los recortes más altos rondarían el 25% de los ingresos del pensionado. En el cómputo se tomarían en cuenta los ingresos que tenga la persona del sistema de Seguro Social.

Según un memorando explicativo de la JSF, la baja en las pensiones comenzaría a calcularse estipulando a cuánto asciende la pensión mensual del beneficiario y reduciendo ese monto en un 25%.

El cálculo termina añadiéndole $150 mensuales (o $250 si no tiene ingresos por Seguro Social) para reducir el impacto económico a los que reciben menos dinero en beneficios.

Riesgo de pobreza

Según la Junta, los jubilados con $1,000 o menos de pensión no resultarían afectados por el cambio, aunque si se les aplicara la fórmula propuesta a un retirado que recibe $1,000 mensuales, tendría un recorte de $100 al mes.

Marco A. López Reyes, uno de los miembros del Comité Oficial de Retirados, explicó que estas reducciones de 10% básicamente garantizarían la pobreza para la gran mayoría de los pensionados del servicio público.

Actualmente, un individuo está bajo el nivel de pobreza si tiene ingresos mensuales de $1,012 o menos, según las tablas que anualmente actualiza el gobierno de los Estados Unidos. Para una familia de tres personas, el nivel de pobreza se alcanzaría si los ingresos mensuales están por debajo de los $1,732.

“En la medida en que le bajes la pensión a algunos, puede que le retienes al gobierno algunos recursos, pero tiras a la indigencia a muchas personas y eso que te ahorras lo tienes que gastar en otro lado porque la persona te aparece necesitando la ayuda del gobierno para sobrevivir. Al final estarían gastando más de lo que están ahorrando”, dijo López Reyes.

Fabre Ramírez, por su parte, indicó que la situación puede desatar también más emigración, especialmente de jubilados que busquen lugares donde el costo de vida sea menor. Recordó, además, que si se aprieta mucho el bolsillo de los pensionados, algunos podrían moverse a los Estados Unidos, cerca de familiares que puedan aliviar la estrechez económica que padecerían.

“El propósito de la ley Promesa es revitalizar las finanzas del país y no empobrecer a la población del país que es pensionada”, dijo Fabre Ramírez. Actualmente, unas 167,000 personas reciben ingresos de jubilación.

“El pensionado sigue siendo un componente esencial de los núcleos familiares. Muchos tienen sus padres vivos que dependen de ellos o tienen hijos que se han quedado sin empleo o nietos que tienen que sustentar. Esto es distinto al escenario norteamericano”, sostuvo, por su parte, López Reyes, al enfatizar el impacto extendido que tendría este tipo de medida.

Piden justificación

Según Fabre Ramírez, actualmente están en el proceso de exigirle a la JSF que muestre los documentos y el análisis que los lleva a decidir que se debe recortar la nómina de los pensionados del gobierno en un 10%.

Explicó que en varias instancias han solicitado la información a los ejecutivos de la JSF, pero hasta ahora no han tenido respuesta.

“Ellos (la JSF) dicen que tienen asesores y estudiosos que levantaron la data con los porqués de esas decisiones. Nosotros queremos ver esos datos o que sus actuarios se reúnan con los nuestros y que expliquen cómo se justifica todo esto”, sostuvo Fabre Ramírez, exjuez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo.

Inversión sin riesgo

Fabre Ramírez argumentó a favor del tipo de inversión que implica cada deuda. El exjuez recalcó que los bonistas, al prestar su dinero al gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, asumieron un riesgo que, dependiendo del momento en que se emitió la deuda, se puede argumentar que era alto o bajo.

En cambio, los pensionados suscribieron contratos que se suponía que no implicaran riesgo alguno. Quincena tras quincena, los servidores públicos aportaron con unaporción de sus ingresos a los sistemas de retiro conla expectativa de que ellos recibirían una pensión cuando les tocara el momento de jubilarse.

“Los bonos están en un mercado especulativo. Las pensiones no son especulativas. Ese riesgo es la diferencia. El pensionado no debe tener riesgo ni debe pagar por ese riesgo. El pensionado tiene un contrato social y hace ajustes en su vida para que sus ingresos estén a la par con sus gastos en la edad de retiro. El inversionista compra un bono especulando a los márgenes del mercado, de que haya un rendimiento y, dependiendo de cómo se comporte el mercado, recibe ese rendimiento o no”, dijo el exjuez.


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