Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud. (GFR Media) (semisquare-x3)
Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud. (GFR Media)

El gobierno de Puerto Rico solicitó al Tribunal Federal que deje para el jueves, 31 de enero, el acceso público a la auditoría interna sobre el uso de fondos del Seguro Social en un programa del Departamento de Salud para personas con discapacidad.

Según trascendió una vista pasada, la auditoría reveló irregularidades en el uso de fondos del Seguro Social para participantes del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSDI) del Departamento de Salud. No obstante, la agencia ha negado cualquier malversación de estos fondos.

El juez federal Gustavo Gelpí había ordenado a los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico a mostrar causa por qué no debía ser público el informe de la auditoría.

El primero en responder fue el abogado de Estados Unidos, Richard Farano, quien indicó que no se opone a la publicación, pero solicitó que sea después de que reciba y pueda revisar una versión traducida del informe que recibió unos días antes de la vista.

Aunque Estados Unidos entiende que la auditoría puede ser y debe estar disponible al público, sería prudente atrasar la determinación final hasta que recibamos la traducción del informe”, sostuvo Farano.

Agregó que “Estados Unidos cree que el público tiene el derecho a saber cómo el Estado Libre Asociado (ELA) maneja y desembolsa estos fondos públicos”.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Puerto Rico sugirió la fecha de publicación para finales de enero, tras coincidir con el planteamiento del representante del gobierno federal.

Agregó que la dilación ayudará a que el gobierno de Puerto Rico pueda “trabajar con las acciones correctivas para los asuntos levantados por el informe de la auditoría, en vez de desviar la atención en los asuntos que se levantarán tan pronto el informe de la auditoría se haga público”.

Por esa razón, respetuosamente solicitamos a este honorable tribunal que la auditoría interna referida se haga pública el 31 de enero de 2019, en la fecha de la próxima conferencia de estatus para este asunto”, acotó.

El caso está relacionado a una demanda de 1999 del gobierno de Estados Unidos contra Salud por alegadas violaciones a los derechos civiles de las personas con discapacidad mental bajo el programa de PSDI.

Ante ambas posiciones, el juez ordenó que la auditoría se publique antes de la vista, mientras que el informe traducido se le tiene que entregar a Justicia federal no más tarde del 4 de enero.


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