Ricardo Rosselló Nevares nombró al contador público autorizado Harry Santiago como miembro de la junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y la Asociación de Economistas se opone. (semisquare-x3)
Ricardo Rosselló Nevares nombró al contador público autorizado Harry Santiago como miembro de la junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y la Asociación de Economistas se opone. (Gerald López Cepero)

La Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) pidió hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que retire el nombramiento del contador público autorizado Harry Santiago como miembro de la junta de directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) y que remueva de su cargo a cualquier otro directivo que no posea las competencias requeridas por la ley orgánica de esa dependencia.

Señalando que se le hace “un flaco servicio” a la credibilidad de las instituciones del país, Brugueras Fabre indicó que designar a la junta de directores del IEPR a personas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 209 de 2003, “debilita al IEPR en momentos en que el país necesita información estadística confiable”.

El no contar con una junta de directores constituida en derecho le hace un flaco servicio a la credibilidad que tienen que tener nuestras instituciones públicas”, sostuvo en declaraciones escritas, la presidenta de AEPR, Alba Brugueras Fabre.

Brugueras Fabre recordó que la Ley 209 de 2003, que creó el IEPR, establece que los miembros de la junta de directores de la dependencia deben poseer grados en las disciplinas de Economía, Planificación y Estadística, lo que no parece ser el caso con al menos dos de los nombramientos efectuados por Rosselló Nevares el año pasado y un tercer nombramiento efectuado el mes pasado.

El año pasado, invocando la Ley 3 de 2017, el gobernador puertorriqueño destituyó a cuatro miembros del organismo y designó a la contadora pública, Jeanelle Alemar Escabí; renominó a un segundo término, al cofundador de la organización de transparencia Abre Puerto Rico y responsable de Investigación para Foundation for Puerto Rico, Arnaldo Cruz Sanabria, al igual que al abogado Alex López Echegaray.

Mientras, en noviembre pasado, a medida que vencieron los términos de varios directivos del IEPR o estos dejaron sus cargos, Rosselló Nevares nombró al cuerpo directivo al contador público autorizado Santiago y al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

En el caso de Laboy, este no posee preparación académica en las disciplinas requeridas por la Ley 203, pero podría ocupar el cargo en calidad de funcionario de gobierno.

Sin embargo, el nombramiento de este estaría en conflicto con aquel de López Echegaray, quien partiendo de una opinión legal del estudio Gutiérrez Sanabria examinada por El Nuevo Día, habría sido nombrado al cuerpo rector como funcionario de gobierno. El abogado también es parte de la junta de directores de la Corporación para la Difusión Pública.

En tanto, Cruz Sanabria ocupa su cargo en el cuerpo rector desde mediados del 2016. Sin embargo, que se sepa ninguna persona y tampoco la AEPR criticó la designación.

El reclamo de la AEPR surge luego de que el pasado viernes, la junta de directores del IEPR, ahora compuesta en su totalidad por personas nombradas por Rosselló Nevares, ordenara entablar un proceso para remover del cargo al director ejecutivo del IEPR, Mario Marazzi-Santiago. El mes pasado, el tribunal de primera instancia extendió hasta mayo del año entrante, una orden de protección contra Marazzi-Santiago por un supuesto incidente de violencia doméstica con su expareja. Que se sepa, contra Marazzi-Santiago no se han radicado cargos bajo la Ley 54 por el incidente.

En votación unánime, los nuevos directivos del IEPR entienden que Marazzi-Santiago no cumple con el criterio de “integridad personal” que también establece la ley orgánica del IEPR.

Es nuestro deber velar por la profesión del economista y su aportación profesional al país. También hemos sido activos defensores del IEPR y de su vital labor en el mantenimiento y mejoramiento de metodologías de recopilación de datos estadísticos”, dijo Brugueras Fabre.

Los nombramientos están en ley

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, ripostó a la AEPR señalando que las designaciones efectuadas por Rosselló Nevares son legítimas.

Todos los nombramientos en la junta del (IEPR) cumplen con los requisitos establecidos en ley. Estas personas se encuentran capacitadas y aptas para corregir los problemas de datos que por más de diez años el instituto no ha corregido”, aseveró Rosario Cortés.

Rosario Cortés sostuvo que los cuestionamientos en torno a los méritos de los integrantes del cuerpo rector del IEPR “realmente” provienen de Marazzi-Santiago, de quien dijo “está en desacuerdo con la petición de renuncia que le hicieran los miembros de la junta por un incidente de violencia doméstica con su expareja y frente a su hijo de dos años”.

“Hacemos un llamado a las asociaciones a no dejarse usar por una persona que no debería ser funcionario público y que da mal ejemplo a nuestra juventud”, agregó el abogado.


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