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En una movida que ha sido calificada como de avance, el gobernador Alejandro García Padilla firmó ayer una orden ejecutiva para ampliar los beneficios del plan médico de los empleados de las agencias del Gobierno central a las parejas no casadas.

De inmediato, la acción fue recibida con buenos ojos de parte de activistas de derechos humanos, líderes religiosos y representantes de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual (LGBTT). Algunos calificaron la directriz del gobernador como un acto de justicia social, mientras que otros aseguraron que es un primer paso para el reconocimiento legal de las uniones de hecho en Puerto Rico.

“Esta es una decisión significativa en materia de derechos humanos y de salud pública. Esto no solo beneficia a la comunidad LGBTT, sino que es positivo para otras configuraciones de parejas y de familias que no son reconocidas en la legislación vigente”, aseguró el abogado Osvaldo Burgos, portavoz del Comité Amplio por la Búsqueda de Equidad.

La directriz ordena a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a enmendar la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos para que se incluyan a las “personas cohabitantes” en las cubiertas de los planes médicos seleccionados por los trabajadores de la rama Ejecutiva, que incluye a los empleados de todas las agencias, tales como Educación, Transportación y Obras Pública y Salud.

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de garantizar que la salud sea accesible para todos los residentes de Puerto Rico”, establece la orden ejecutiva 2013-010.

“Esta administración está comprometida con erradicar todo tipo de discrimen y tomará las medidas de justicia social que sean necesarias para garantizar la equidad de todos y todas las puertorriqueñas”, lee el decreto.

La orden ejecutiva define a las personas cohabitantes como “personas solteras, adultas, con plena capacidad legal, que cohabitan de manera voluntaria, estable y continua, y no están relacionadas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

De acuerdo con la orden, ASES puede establecer cualquier método que no sea oneroso para certificar que existe una relación de convivencia, como una declaración jurada.

Ayer el director de ASES, Ricardo Rivera, no estuvo disponible para explicar las acciones que tomará la dependencia gubernamental para poner en vigor la orden del gobernador. La portavoz del funcionario aseguró que hoy se daría información al respecto.

Por su parte, el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán, celebró la medida y aseguró que muchas parejas y sus hijos se verán beneficiados con la determinación del primer ejecutivo.

“Es una medida de avanzada para los trabajadores del Gobierno central y debería ser emulada por la empresa privada y por otras ramas del Gobierno... la Legislatura, los municipios deben hacer lo mismo”, indicó Pagán, quien representa a aproximadamente 13,000 empleados del sector público y privado.

La orden no beneficia a los trabajadores de las ramas Legislativa y Judicial.

Por las parejas de hecho

Burgos sostuvo que la acción del gobernador, la cual se dio a conocer mediante un comunicado de prensa, es un primer paso que debe servir para impulsar el reconocimiento en la Isla de las uniones civiles o parejas de hecho.

“El gobernador García Padilla ha hecho lo que le correspondía en términos de lograr la equidad para un segmento grande de la población. Estamos muy satisfechos porque hay un reconocimiento al respeto de la vida pública y privada de los ciudadanos, pero todavía queda mucho por hacer”, expresó el abogado.

La propia orden firmada por el primer ejecutivo y certificada ayer mismo por el secretario de Estado, David Bernier, reconoce que es necesario otorgar derecho a las parejas no casadas que viven bajo el mismo techo.

“Resulta contradictorio a los principios de equidad que guían esta administración negarle dicho beneficio a los cohabitantes de algunos empleados o empleadas en virtud de clasificaciones basadas en su estado civil”, reza el documento.

La concesión de un derecho hasta ahora reservado exclusivamente para las parejas unidas en matrimonio llegó tres días después que miles de personas participaran de una manifestación –organizada por varios grupos religiosos– para oponerse a la aprobación de un proyecto de ley que amplía la protección de la Ley 54 de Violencia Doméstica a todo tipo de pareja, sin importar el estado civil y de otra medida que prohibiría el discrimen por orientación sexual.

Asimismo, el miércoles se dio a conocer que el Tribunal Supremo rechazó que una mujer adoptara a la hija biológica de su compañera.

“Es una medida positiva, pero todavía falta la aprobación de leyes antidiscrimen, todo lo que tiene que ver con la protección contra la violencia en las relaciones de pareja y, obviamente, la política pública que fomenta el discrimen en el país”, añadió Burgos.

Entre esto, la abogada Ada Conde recordó que la discusión para incluir el reconocimiento de las uniones de hecho en el Libro de Familia paralizó la aprobación de un nuevo Código Civil en el 2008, por lo que sostuvo que es un momento adecuado para retomar el debate.

El Código Civil que aún está vigente data de 1930.

“La mayoría de las parejas en Puerto Rico conviven sin casarse y no han tenido acceso a un plan médico como ente familiar. Eso incluye tanto a parejas heterosexuales como parejas de mismo sexo. Esto envía un mensaje claro de que en nuestro país vamos a echar hacia adelante y no podemos tolerar el discrimen ni el tratar a ciudadanos como ciudadanos de segunda categoría”, manifestó Conde.

La abogada indicó que la medida no debe representar un impacto económico drástico en las arcas de las agencias gubernamentales, ya que las aportaciones se podrán definir al momento de negociar con las compañías privadas.

Logro para la salud

Aunque al momento no se informó la cantidad de parejas que se podrán acoger a la nueva cubierta, el profesor e investigador de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico Carlos Rodríguez elogió la orden, pues les abrirá las puertas a servicios de salud a personas que posiblemente no tenían acceso a ellos.

“Tenemos evidencia de los resultados positivos que tiene que las personas que están en pareja pueden acceder a la protección de salud como núcleo familiar porque hay posibilidades de recibir cuidados preventivos para evitar enfermedades y tratamientos para cuando estén enfermos”, señaló Rodríguez.

No obstante, Rodríguez destacó que tener acceso a servicios de salud no es lo mismo que recibir cuidados adecuados, por lo cual urgió que esto sea el punto de partida para una revisión del modelo salubrista existente.

Se estima que unas 300,000 personas en la Isla no tienen seguro médico, ya que no cualifican para recibir el plan de salud del Gobierno, Mi Salud, y tampoco pueden costear un plan privado.

El profesor universitario sostuvo, además, que la ampliación del beneficio de seguro médico debe estar acompañado de un proceso de capacitación a los proveedores de servicios de salud.

“Lo primero que te preguntan en un hospital u oficina médica es quién es el asegurado principal y la respuesta que esperan es el esposo o la esposa. Se debe dar una modificación sistemática”, comentó Rodríguez.

La ampliación de cubiertas de planes médicos para las parejas de empleados que no están casados ha sido una práctica poco común en el Gobierno local. Al momento, solo dos dependencias gubernamentales han llegado a tales acuerdos con aseguradoras privadas: la Universidad de Puerto Rico y el Municipio de San Juan.

Mientras, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá reglamentó después de las elecciones del 2008 la eliminación del requisito del certificado de matrimonio para los planes médicos para incluir a las parejas de hecho, pero no tuvo continuidad con el cambio de gobierno.


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