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"Ya hemos informado que deben estar listos para el 31 de marzo”, precisó el presidente de la UPR. (GFR Media)

La Middle States Commission on Higher Education determinó mantener en probatoria hasta el verano a ocho de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lo que implicaría que buena parte del sistema universitario pasará más de un año intentando demostrar que cumple con todos los requisitos para ser acreditados por la entidad.

 En una reunión el pasado 15 de febrero, pero que se conoció ayer, la Middle States acogió un informe que los ocho recintos entregaron en septiembre sobre los pasos que habían tomado para recuperar la estabilidad del sistema universitario. No obstante, la agencia acreditadora pidió un nuevo informe para el 15 de marzo, que se discutirá en la reunión de junio y cada uno de los 11 recintos -no solo los que están en probatoria- deben presentarlo, informó la agencia.   

La decisión de Middle States se dio ante el reiterado incumplimiento de los recintos de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Río Piedras y Utuado con varios estándares de acreditación. La decisión de colocar a los ocho recintos en probatoria se tomó en una reunión de Middle States en mayo de 2017. En esa ocasión, se determinó que existían cuestionamientos sobre su cumplimiento con estándares de estabilidad financiera, la continuidad de las labores académicas y la disponibilidad de recursos institucionales para apoyar sus funciones educativas.

Estos señalamientos aún se mantienen y los miembros de la Middle States, aunque no hicieron señalamientos nuevos, al posponer la toma de decisiones en torno a la UPR, destacaron que se les debe “recordar”  a los administradores de la universidad del Estado que fue colocada en probatoria por no demostrar que cumple con estos criterios.

La vicepresidenta de la UPR, Ilka Ríos, recalcó en un comunicado de prensa que los ocho recintos de la institución universitaria se mantienen acreditados, a pesar de estar en probatoria.

De acuerdo con la funcionaria, la UPR ha dado pasos para cumplir con las peticiones de la Middle States y, al momento, solo falta presentar suficiente evidencia para documentar la estabilidad financiera del sistema universitario.

“El único requerimiento del comité de la MSCHE pendiente es la solicitud de presentarles los estados financieros. Actualmente, estamos en un proceso agresivo para entregar los estados financieros auditados para el 31 de marzo. Confiamos en que todo el trabajo realizado rendirá los frutos deseados en favor de la institución”, sostuvoRíos.

Además de Middle States, el Departamento de Educación federal le ordenó a la UPR que entregue los estados financieros auditados para finales de próximo mes, un requisito para que la institución continúe recibiendo fondos federales. La UPR no tiene estados financieros auditados desde 2015.

“La entrega de los estados financieros ha sido un reto para el sistema universitario durante los últimos años. Por esto, desde que Darrel Hillman asumió el cargo de presidente (interino) de la universidad implementó un plan de trabajo para agilizar el proceso, de manera que la institución pueda cumplir de ahora en adelante”, añadió la vicepresidenta.

En otro comunicado de prensa emitido esta mañana, el presidente de la UPR sentenció que la calidad educativa no ha estado en juego en este proceso de evaluación. 

Añadió que "la realidad es que la Universidad ha ido entregando la información, según la agencia acreditadora la ha solicitado”, excepto los estados financieros. 

"Ya hemos informado que deben estar listos para el 31 de marzo”, precisó.

La probatoria de los ocho recintos se dio a conocer en momentos en que varios de los campus se encontraban cerrados debido a una huelga estudiantil que se extendió por unos dos meses y a la que se llegaron a unir 10 de los 11 recintos. La huelga se dio en rechazo a los millonarios recortes presupuestarios que el gobierno de Ricardo Rosselló anunció para la universidad de Estado, así como la confección de un plan fiscal que conllevaría, entre otras propuestas, un aumento en los costos de matrícula que pagan los estudiantes.

Ese primer plan fiscal no fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR y, tras el paso del huracán María, la institución se encuentra en el proceso de confeccionar un nuevo plan fiscal que contemple una reducción de $221.3  millones para el 2023 en las aportaciones que recibe del Fondo General. El presidente interino ya anunció que ese documento incluiría un alza en los costos de matrícula, un aumento en la carga académica de los profesores y recortes en el área administrativa.


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