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El exsecretario de Deportes, Ramón Orta. (GFR Media)

El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) Ramón Orta Rodríguez se ha quedado solo de cara al juicio por un presunto esquema de fraude que se originó en la agencia bajo la pasada administración.

Son siete coacusados. El primero en poner a correr la rueda fue Edgardo Vázquez Morales, precisamente el ayudante especial de Orta Rodríguez, quien se declaró culpable el 13 de febrero de los cargos de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense y soborno relacionado con programas recipientes de fondos federales.

Hoy, Irving Riquel Torres Rodríguez sometió formalmente una petición para cambiar su alegato de culpabilidad, convirtiéndose en el sexto coacusado en llegar a un acuerdo con Fiscalía federal, representada por Seth Erbe. Hasta el momento, magistrados como Silvia Carreño, Camille Vélez y Marcos López han atendido los cambios de alegato, pero esta vez, el juez federal Pedro Delgado Hernández, quien preside el caso, verá cara a cara al coacusado.

Según la investigación, el esquema de enriquecimiento ilícito valorado en unos $9.9 millones consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través del DRD. Todos los empresarios que encabezaban las compañías que supuestamente se lucraron del esquema o que incurrieron en actos ilícitos, se han declarado culpables.

Torres Rodríguez, a través de su compañía Administrative Environmental and Sports Consultants (AESC), tuvo un contrato con Orta Rodríguez de servicios profesionales para consultoría de propuestas, valorado en $11,700. Sin embargo, según se deriva de la investigación, la corporación con fines de lucro recibió $554,246.89 producto del esquema.

El excontratista enfrenta cargos por conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para lavado de dinero y transacciones monetarias ilícitas.

Este martes, Juan Carlos Ortiz Nieves, fundador de Sports Consultants, se declaró culpable de haber sobornado a los dos funcionarios públicos, ofreciéndoles pagos en efectivos a cambio del arrendamiento de una propiedad en Guayama a precio inflado. La semana pasada, la esposa de Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, cambió su alegato de culpabilidad en una vista sellada.

Anteriormente, tanto Miguel Sosa Suárez -fundador de Global Sports Initiative-, como Oscar Rodríguez Torres -fundador de Rosso Group-, se declararon culpables de conspiración, robo de dinero propiedad del gobierno estadounidense, fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.

De acuerdo con el pliego acusatorio, entre noviembre y diciembre de 2012, los coconspiradores se reunieron en la casa de Isla Verde de Torres Rodríguez para discutir proyectos del Departamento de Educación y acordaron que Amador López se encargaría de crear propuestas a nombre del DRD para someterle a la agencia educativa. En caso de que las propuestas se aprobaran, Torres Rodríguez y Amador López administrarían el proyecto, Rodríguez Torres lo financiaría, Sosa Suárez administraría el presupuesto y la contabilidad, y se dividirían las ganancias entre los tres. En efecto, se llegaron a firmar varios acuerdos interagenciales.

Surge de la investigación que Orta utilizó su puesto para beneficiar a las corporaciones creadas por los coacusados, otorgándoles contratos sin que mediaran los debidos procesos de licitación, y, a cambio, recibió pagos en efectivo, además de arreglos en su residencia y pagos asociados con viajes a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y los Juegos Panamericanos del 2015.


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