La reducción de incentivos que propone el gobierno de Rosselló Nevares preocupa a sectores industriales y comerciales del país. (GFR Media) (semisquare-x3)
La reducción de incentivos que propone el gobierno de Rosselló Nevares preocupa a sectores industriales y comerciales del país. (GFR Media)

La Legislatura y La Fortaleza retomaron la idea de recortar los incentivos industriales y los créditos contributivos para ahorrar dinero y cubrir una buena parte de la insuficiencia de $209 millones que actualmente tiene la propuesta de reforma contributiva.

Esa propuesta no implica que la Legislatura finalmente le dará paso a la creación del llamado Código de Incentivos, que ha permanecido en una especie de limbo legislativo desde junio y que, por el momento, no cuenta con los votos suficientes para aprobarse.

El proyecto del Código, elaborado principalmente por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), además de ordenar en un mismo estatuto los incentivos, imponía una serie de métricas de desempeño y proveía para que se limitara la inversión gubernamental en distintos sectores industriales.

Lo que se propone ahora, sin embargo, es que la reforma contributiva que se apruebe imponga unos topes en la cantidad de dinero que el gobierno puede invertir en un año para incentivar algún sector industrial, precisó la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes.

“No sé si va a dar tiempo de aprobar el Código de Incentivos. Muy posiblemente lo que terminemos haciendo es revisando los topes de cada incentivo. Los estamos viendo todos”, dijo Fuentes.

Los recortes en los incentivos contributivos, sin embargo, son vistos con recelo por líderes del sector privado.

Originalmente, el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tomando como partida la propuesta del Código de Incentivos, imponía recortes en las inversiones en agricultura, cine, turismo, manufactura, ron y hospitales, entre otros sectores económicos.

La imposición de estos recortes llevó a que la iniciativa enfrentara la oposición de una buena parte de los empresarios locales.

Fuentes no precisó cuánto dinero se va a recortar con los topes que se impondrían en los incentivos contributivos. El asunto sería decidido cuando se estudie el efecto económico que tendría cada posible cambio en las leyes que promueven las diversas actividades industriales, apuntó.

Además, esta no sería la única iniciativa para alcanzar el nivel de recaudos de los últimos años, tal y como exige la JSF. Según la funcionaria, ajustarán las tasas de distintos tributos para asegurar el cumplimiento con la neutralidad de la reforma en los ingresosdel gobierno. En el pasado, Antonio “Tony” Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, afirmó, por ejemplo, que los alivios en las contribuciones sobre ingresos corporativos serían menos drásticos que los propuestos inicialmente por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Estamos revisando todas las leyes y estamos en conversación con (el Departamento de) Desarrollo Económico y la Legislatura. Hay leyes con topes altos que no necesariamente tienen el mayor ‘return of investment’ (retorno de inversión)”, indicó Fuentes.

Recelo privado

Por un lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera Robles, destacó que solo el rumor de que se trastocarán los incentivos contributivos puede detener o desalentar las inversiones en Puerto Rico.

“Puede detener la actividad económica. La inestabilidad puede tener el efecto de que se pierda la inversión”, indicó Rivera Robles.

El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, por su parte, recalcó que reducir los programas de beneficencia corporativa para poder bajar las contribuciones sobre ingresos tiene un problema fundamental y es que se desincentiva la producción y se incentiva el consumo.

Es decir, con la reforma, empresas en áreas como la manufactura, donde se crean productos que generan capital o riquezas, tendrían menos recursos para operar y estarían en una posición peor en términos de competitividad.

En cambio, el comercio, que es donde se gastan las riquezas, se incentivaría puesto que se reducirían las contribuciones sobre ingreso y consumo.

“Y la producción es lo que permite desarrollar las riquezas para que el país pueda consumir... Me daría mucha tristeza que se apruebe algo así a costa de los sectores productivos de Puerto Rico”, recalcó Masses.

El líder industrial recalcó que actualmente la producción de las manufactureras en la isla genera mucho más del 30% de los ingresos netos del Fondo General.

Sigue fuera la videolotería

En el análisis contributivo de estas últimas semanas, se está excluyendo la eliminación de la porción del impuesto sobre la propiedad que aplica a los inventarios y las iniciativas asociadas con la videolotería, tal y como se acordó recientemente en una reunión entre el Ejecutivo y los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado.

“(La videolotería) no se está considerando en los números”, sostuvo Fuentes.

Esta última era una de las propuestas principales que se hacían desde la Cámara de Representantes para allegar más fondos al erario. Personas cercanas al proceso, que prefirieron que no se les identificara, indicaron a este diario que la videolotería crea desencuentros entre La Fortaleza, la Cámara y el Senado porque las partes no se ponen de acuerdo en cuanto al uso que se le daría al dinero.

Por un lado, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, quería usar los fondos para cubrir lo que los municipios dejarían de recibir al eliminar el impuesto sobre el inventario, mientras que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quería usar los fondos para financiar la aportación de los ayuntamientos al Plan de Salud del Gobierno. Y el gobernador, por su parte, quería usar el dinero para pagar el bono de Navidad de los empleados públicos.

La intención en la Cámara es insistir en que la legalización de los premios de la videolotería sea incluida en la reforma, dijo Soto. La eliminación del impuesto sobre los inventarios, entretanto, se trabajaría en un proyecto de ley aparte.

“Estamos trabajando varias alternativas para atender el tema en un proyecto separado”, dijo Soto.

Mantienen la esencia

En términos generales, los lineamientos básicos de la reforma se mantendrían. La propuesta original de Rosselló Nevares reducía las tasas de contribución sobre ingresos para individuos y corporaciones, bajaba las tasas del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) sobre los alimentos preparados y las transacciones entre negocios, y establecía un crédito por trabajo.

De aprobarse la reforma contributiva, el IVU sobre alimentos preparados sería de 8.5%. La meta es bajarlo eventualmente en 1.5%. Entretanto, la aspiración es eliminar el IVU entre negocios (o B2B) en tres años.

La reforma, en teoría, pone a tributar más a las personas que trabajan por cuenta propia y los pequeños negocios que no tienen que presentar estados financieros con sus planillas.

Esto se lograría exigiendo evidencia o certificaciones asociadas con las deducciones que -de ordinario- reclamaban estos contribuyentes en las planillas.

Si el contribuyente no quiere o no puede justificar sus deducciones, podría acogerse a un cómputo alterno de su carga contributiva basado en las ventas brutas que tiene su empresa.

En ese escenario, el tributo sobre ingresos se convertiría en una especie de patente.


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