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El informe sobre la auditoría menciona que el municipio no envío a la OCPR copia de un contrato otorgado el 3 de julio de 2015 por $76,800 para el mantenimiento de vehículos pesados. (GFR Media)

La contralora Yesmín Valdivieso refirió al Departamento de Justicia dos hallazgos detectados en una auditoría en el Municipio de Arecibo en las que pudo haber fraude, falsificación de documentos y colusión de proveedores en contratos relacionados con el mantenimiento de vehículos y en el alquiler de equipo de sonido.

La auditoría de la Oficina del Contralor (OCPR) reveló que presuntamente el dueño de la compañía seleccionada para darle mantenimiento a ocho camiones de basura y a los vehículos del ayuntamiento que usan combustible diésel requirió y luego preparó cotizaciones falsas a nombre de las otras dos compañías que también licitó durante el proceso de adjudicación.

“La evidencia testifical reveló que el propietario de la compañía B aceptó no haber preparado la propuesta a nombre de su compañía y declaró que el dueño de la compañía A lo llamó y le indicó que remitiera una propuesta a nombre de la compañía “B”. Además, nos indicó que, posteriormente, el dueño de la compañía “A”, preparó una propuesta falsa a nombre de la compañía “B”’, señala el informe de la OCPR.

El informe también indica que “el dueño de la compañía C, aunque confirmó que la propuesta estaba a nombre de su compañía, indicó que la misma no fue preparada ni firmada por él, pero sí por el dueño dela compañía “A”. El dueño de la compañía "C” es socio del dueño de la compañía “A” en otra compañía”.

Asimismo, el documento menciona que estas propuestas sometidas para el primer contrato no contenían el nombre, el título ni la firma del funcionario o empleado municipal que solicitó, recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Esta situación impidió que se pudiera identificar los empleados que participaron en este proceso y así adjudicar responsabilidades.

No obstante, este hallazgo fue referido en marzo a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced para la investigación correspondiente.

En el año fiscal 2013-2014, la compañía A obtuvo dos contratos con el Municipio de Arecibo. El primero fue en julio de 2013, siete meses después de la juramentación de Carlos Molina como alcalde de esta ciudad. Para ese entonces, el secretario municipal de la ciudad, responsable de lo que tiene que ver con las contrataciones, era el hoy representante José “Memo” González.

De octubre de 2013 a julio de 2015, el municipio efectuó pagos por $406,788 a esta empresa.

Los auditores del Contralor también hallaron que facturas que se le pagaron a la compañía no sedetallaba los trabajos realizados ni los vehículos que supuestamente recibieron esos servicios de mantenimiento. Además, se pagaron por reparaciones no contempladas en los contratos, el gerente de transportación y equipo del ayuntamiento no pudo identificar los ocho camiones que recibían los servicios de mantenimiento y a pesar de la otorgación de este contrato, los empleados municipales continuaban dando servicio de mantenimiento a los vehículos.

Como contestación a estos señalamientos sobre irregularidades en esta contratación y en lo servicios ofrecidos el alcalde dijo que “al presente la compañía objeto del señalamiento no posee ningún contrato vigente por estos servicios” y aseguró que comenzó los trámites para la contratación de un auditor externo para evaluar la situación con el fin “de establecer responsabilidades administrativas, entre otras, y el posible recobro de los fondos”.

De otra parte, la auditoría reveló que el municipio evaluó cotizaciones falsas para la adquisición de servicios de sonido para la celebración en el 2015 del Campamento Mundial de la Juventud en Arecibo. Esto porque presuntamente las compañías que presentaron las cotizaciones se pusieron de acuerdo. Una vez el Municipio contactó a la compañía “E” para ofrecer el servicio, el dueño de esa empresa subcontrato los servicios de las otras dos compañías que presentaron cotizaciones. Esta situación fue referida en febrero a la secretaria de Justicia.

Asimismo, el informe detalla que para la celebración de ese campamento no se requirieron cotizaciones para algunos servicios y compras. Tampoco se encontraron algunos comprobantes de desembolsos ni sus justificantes, se autorizaron desembolsos sin que los comprobantes tuvieran las firmas requeridas y se efectuaron pagos antes de que se hiciera el proceso de preintervención y antes de que algunos comprobantes fueran firmados por la pagadora.

De febrero a octubre de 2015, el Municipio incurrió en gastos por $101,975 para la celebración de ese campamento.

Estas situaciones, según la OCPR, “propician la comisión de irregularidades en los desembolsos y evitan que, de estas cometerse, se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”.

El alcalde dijo a la Oficina del Contralor que el nuevo director de finanzas está en proceso de establecer controles para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

El informe sobre la auditoría menciona que el municipio no envío a la OCPR copia de un contrato otorgado el 3 de julio de 2015 por $76,800 para el mantenimiento de vehículos pesados. A enero de 2016, la administración municipal había pagado $38,400 al proveedor de ese servicio sin que, a esa fecha, hubiese remitido la copia del contrato a esta entidad como dispone la Ley. Molina reconoció el señalamiento, pero lo adjudicó al servicio del proveedor de Internet.


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