La Oficina del Contralor informó que los hechos ocurrieron entre octubre de 2011 a diciembre de 2012. (GFR Media) (horizontal-x3)
La Oficina del Contralor informó que los hechos ocurrieron entre octubre de 2011 a diciembre de 2012. (GFR Media)

El Municipio de Hormigueros pudo haber cometido una ilegalidad, al aprobar unas enmiendas contractuales que aumentaron retroactivamente los honorarios de los arquitectos contratados, según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

El informe señala que después de finalizado el diseño de los planos para la construcción de un centro comunal en el barrio Guanajibo (Hormigueros), el municipio ajustó retroactivamente los honorarios de diseño de la firma de arquitectura para pagar en exceso $28,885.

El ayuntamiento pagó esta cantidad pese a que ya la corporación había cobrado $23,000 por sus servicios hace un año y cuatro meses, y sin que hayan mediado trabajos adicionales. 

El pago irregular se justificó por una cláusula contractual que establecía que los honorarios estarían sujetos a los cambios nominales en el costo final del proyecto de construcción.

“Las situaciones comentadas se atribuyen a que la secretaria municipal preparó y el alcalde firmó un contrato y dos enmiendas de servicios profesionales que se apartaban de la reglamentación citada”, lee el documento.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2011 a diciembre de 2012, bajo la administración del alcalde popular, Pedro García Figueroa. Astrid Ramírez Quiles fungió como secretaria municipal durante ese período.

La Contraloría informó en su comunicado de prensa que refirió estas situaciones a la Secretaria de Justicia, a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y a la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

Se supone que todos los contratos sean prospectivos y se apliquen solo a trabajos futuros, conforme a la Ley para establecer parámetros uniformes en los procesos de contratación (Ley 237 de 2004).

En respuesta a estos señalamientos, el alcalde García Figueroa sostuvo que la corporación tenía derecho al cobro de ese dinero por contrato y que los primeros $20,286 estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño. Los restantes $8,599 fueron producto de una reprogramación aprobada por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), indicó.

Reacciona el alcalde

Pedro García Figueroa, alcalde de Hormigueros, indicó que la "conclusión es errada y se aparta de una evaluación objetiva de los procesos llevados a cabo por nuestra administración".

En un comunicado de prensa divulgado esta tarde, el ejecutivo municipal argumentó que la selección de la Corporación de Servicios Profesionales de Arquitectura a la que hace referencia el hallazgo se hizo dentro del proceso de competencia adecuado mediante la solicitud de propuestas y el análisis de las mismas por la Junta de Subastas Municipal.

"La Junta tuvo ante su consideración cinco propuestas para los servicios de diseño (primera fase) de un Centro de Usos Múltiples en el Sector Hoya Grande del Barrio Guanajibo.  La adjudicación de los trabajos se hizo conforme a la Ley, por votación unánime de los miembros de la Junta presentes en la consideración de propuestas, y ante la recomendación del Director de Obras Públicas Municipal, en calidad de miembro asesor de la Junta", lee el parte de prensa.

Se añadió que los $28,885 pagados al contratista en cumplimiento con la cláusula cuarta del contrato se realizaron sin apartarse de la ley y con la aprobación de la entidad custodia y fiscalizadora de los fondos federales CDBG, la antes Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Los primeros $20,286 pagados por la revisión de honorarios estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño, y los $8,599 fueron producto de una reprogramación de fondos solicitada el 2 de abril de 2012 y aprobada el 18 de abril de 2012 por la OCAM. Cabe señalar, que el proyecto de referencia en el hallazgo y los desembolsos realizados para el mismo fueron objeto de monitoría de la OCAM en la que las pruebas efectuadas reflejaron que nuestro Municipio cumplió con las leyes y los reglamentos aplicables al Programa.

“Es inaceptable que la Oficina del Contralor de Puerto Rico haga un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental cuando le contestamos sus hallazgos, le demostramos que su interpretación es errónea, que la contratación cumplió con la ley y nos mantenemos firmes en que ni la Junta de Subasta ni ningún empleado del municipio ha cometido ninguna ilegalidad en la otorgación de este contrato. Si se le pago al Arquitecto esa cantidad es porque en su propuesta estaba estipulado y en el contrato que se firmó también. Además, ese pago al arquitecto se hizo como lo establecen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como se hacen todas las cosas en mi municipio. Jamás se ha pagado por un trabajo no realizado, Jamás”, sentenció el alcalde.


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