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El secretario de Hacienda, Manuel Maldonado, y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares discuten los pormenores de la nueva reforma contributiva

Aunque no precisó cuándo estaría lista, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo ayer que la aprobación de una reforma contributiva este año es clave para aliviar la situación económica de las personas y negocios en Puerto Rico tras los embates causados por los ciclones del pasado año.

El mandatario dijo, además, que la legislación todavía en ciernes busca contrarrestar los efectos de la reforma contributiva federal, y se mostró determinado a llevarla a término, aunque eso implique nuevas disputas con los bonistas de Puerto Rico o con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La reforma contributiva federal hace a Puerto Rico menos competitivo. Si nos quedamos igual, nos ponemos en una posición para perder, en lo corporativo y en los individuos”, expresó Rosselló Nevares en entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

El plan fiscal que Rosselló Nevares presentó el pasado miércoles a la JSF -a través de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera (Aafaf)- apuesta a reducir las tasas contributivas de individuos y corporaciones, reactivar el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, en inglés) y reducir y modificar ciertos aspectos del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

Estos ajustes, entre otros, agregó el primer ejecutivo, servirán para frenar el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo que se prevé que unos 500,000 contribuyentes no tengan que radicar sus declaraciones de impuestos y a que inversiones en tecnología y mejores técnicas de fiscalización ayudarán al fisco.

Rosselló Nevares apuesta a poner dinero en el bolsillo de la gente y los negocios, a pesar de que obligaciones, como el pago de las pensiones, no cejan. Ahora, es posible que el Fondo General tenga que pagar prácticamente la totalidad de Mi Salud, si el Congreso elimina en definitiva la asignación de $1,000 millones que antes dio al programa de Medicaid en la isla.

El Nuevo Día supo que la JSF ha mostrado reservas con medidas que sangren el fisco.

El saldo de la propuesta

Según el plan fiscal revisado a cinco años, con la reforma tributaria los recaudos bajarían en $956 millones y no se dedicarían recursos al pago de la deuda pública. El plan a cinco años tampoco cierra el déficit presupuestario, aunque ese es uno de los mandatos en la ley federal Promesa.

“Hay un gasto ahora, pero hay un beneficio a mediano y largo plazo... Si lo que estamos buscando es un mecanismo para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante y pueda estar en unamejor posición fiscal y económica, entendemos que esta reforma es enteramente necesaria”, dijo Rosselló Nevares.

Tales alivios tendrían que verse en el contexto de la consolidación de unas 50 leyes de incentivos contributivos. Según el plan fiscal, estas costarían unos $450 millones.

Mientras, la fiscalización tributaria, el cobro del IVU por internet y un aumento en elarbitrio a la marihuana medicinal, harían sonar la caja por $415 millones.

Llevamos tiempo escuchando que habrá una reforma contributiva que mejorará la economía, pero no ha sucedido. ¿Por qué será diferente ahora?

“Le puedo decir, sin lugar a dudas, que esta reforma es totalmente distinta a lo que se ha hecho antes porque se da el mismo peso a la economía y a la necesidad de traer recaudos”, aseguró Maldonado, quien dará detalles de la propuesta tributaria en un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados esta semana.

“No es aumentar recaudos por aumentarlos, es ver cuál es el recaudo razonable sin quitar recursos a la economía”, añadió.

Propone cambios para el IVU. ¿Cuán factible es adoptar legislación sin que los bonistas intenten frenarlo en corte?

“El proceso de los bonistas se estará viendo en (los casos judiciales de) Título III (de Promesa)”, dijo el gobernador.

Los individuos

Las personas que ahora pagan una tasa contributiva de 7% -o sea, con ingresos netos sujetos a tributación entre $9,001 y $25,000 al año- pagaría 1%.

Aquellos que tributan a la tasa más alta, de 33% -es decir, quienes devengan un ingreso sujeto a contribuciones de $61,500 o más al año- verían una reducción de 4% y pagarían 29%.

Maldonado explicó que, de aprobarse la propuesta en la que trabajan, se ajustarían las escalas de ingreso y habría cambios en las deducciones y créditos que toman los individuos.

“Los trabajadores van a ver reducciones sustanciales”, aseguró Rosselló Nevares, al agregar que unas 300,000 personas se beneficiarían del EITC, el incentivo que busca aumentar la tasa de participación laboral.

Las corporaciones

Los negocios que tributan partiendo de una tasa estatutaria de 20%, lo harían a razón de 17% y las empresas sujetas a una tasa de 39%, tributarían al 29%.

“Dentro de la reforma contributiva, vamos a incentivar la reinversión en maquinaria y equipo y vamos a incentivar la creación de nuevos empleos”, dijo Maldonado.

A esos ajustes, se agregaría la eventual eliminación del IVU a las transacciones entre negocios y la reducción a 7% del impuesto al consumo sobre alimentos preparados.


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