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Jenniffer González. (GFR Media)

Washington - La comisionada Jenniffer González destacó ayer la importancia del lenguaje incluido en el proyecto de asistencia por desastres que obligará a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a reconstruir con resiliencia más instalaciones públicas críticas, el cual puede representarle a la isla alrededor de $500 millones adicionales en asistencia federal.

La medida busca clarificar a FEMA que la intención del Congreso es que, al implementarse la ley bipartidista de presupuesto y asignaciones por desastres de febrero de 2018, los trabajos de reconstrucción de infraestructura pública en Puerto Rico tras el huracán María incluyeran reparar condiciones previas a un desastre natural si eso permite tener una estructura más resistente.

“Eso puede representar más de $500 millones”, dijo la comisionada González.

Los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que fueron a Puerto Rico a mediados de marzo, plantearon la importancia de que FEMA entendiera que la intención del Congreso es incluir condiciones previas de infraestructura esencial en la isla, si eso permite una reconstrucción más fuerte y resistente.

En cambio, FEMA argumentaba ante los legisladores federales que el lenguaje de la ley bipartidista indicaba que podían incluir las condiciones previas en esos procesos de reconstrucción, pero que no estaban obligados.

Con el nuevo lenguaje incluido en el proyecto de asistencia por desastres que ha encaminado el Congreso, González indicó que FEMA tendrá ahora claro que no es “un asunto discrecional”.

La presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nita Lowey, había adelantado el jueves que el impacto de ese lenguaje puede representar aproximadamente $500 millones.

Ese mandato a FEMA se suma a las asignaciones concretas para Puerto Rico que contiene el proyecto que busca mitigar desastres naturales recientes que el Senado aprobó el jueves y ahora está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes: $600 millones en asistencia alimentaria de emergencia, y $304 millones adicionales en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

González indicó que el análisis que permiten calcular en por lo menos $500 millones el impacto del lenguaje que ordena reconstruir instalaciones públicasde forma resiliente, surge de un listado de proyectos que tiene bajo su consideración FEMA, incluidas obras en infraestructura del Departamento de Educación.


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