El COR es uno de los comités nombrados por el Síndico de Estados Unidos para participar del proceso de renegociación de las obligaciones de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa. (semisquare-x3)
El COR es uno de los comités nombrados por el Síndico de Estados Unidos para participar del proceso de renegociación de las obligaciones de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa. (David Villafañe)

Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificara un plan fiscal que insiste en recortar las pensiones de los servidores públicos, el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel Fabre, reiteró que la aprobación del nuevo programa de ajustes fiscales no tiene un efecto inmediato en las pensiones que reciben unos 167,000 exempleados públicos.

Según Fabre, aunque el plan fiscal para el gobierno central contempla la reforma de los planes de retiro del gobierno central, maestros y judicatura, cualquier modificación que se haga -si alguna- a los pagos que reciben los jubilados tendría que hacerse a la luz del plan de ajuste que apruebe la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III.

Es importante que los retirados entendamos que el plan fiscal no cambia las pensiones”, indicó Fabre en declaraciones escritas en un intento por atenuar las inquietudes de los jubilados en torno a su futuro económico.

El COR es uno de los comités nombrados por el Síndico de Estados Unidos para participar del proceso de renegociación de las obligaciones de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa.

Empero, Fabre lamentó que la JSF continúe impulsando planes fiscales “que no proveen los recursos necesarios” para pagar las pensiones de sus representados, lo que es un requisito establecido en Promesa.

Esta semana, durante la reunión en que se certificaron las nuevas proyecciones del plan fiscal del gobierno central y que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, el directivo de la JSF, Andrew Biggs, reiteró que la fórmula para modificar las pensiones no afectará a ningún pensionado que devengue menos de $1,000 mensuales. Aunque en promedio, el recorte a las pensiones promediaría 10%, Biggs explicó que en la gran mayoría de los casos, el ajuste rondaría un 5%.

La perspectiva de la Junta con las pensiones

Explicó también que el organismo federal prefirió sugerir los recortes, habida cuenta que las pensiones podrían estar sujetas a mayores recortes en un plan de ajuste aprobado en el tribunal. Esto, por tratarse de una obligación no asegurada.

En iguales términos, se expresó el presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York y también miembro de la JSF, José R. González.

Estamos haciendo lo máximo por tratar de mantener la integridad de esas pensiones, dentro de las realidades presupuestarias del gobierno”, dijo González cuando la senadora Rossana López instó a la JSF a estudiar el impacto que tendría la reforma a las pensiones e instó al organismo federal a desistir de los recortes a ese sector.

De acuerdo con González, a pesar de las críticas contra la JSF, el organismo del que es parte decidió “proteger esas pensiones en lo más posible” y agregó que sin un estatuto como Promesa, que otorgó poder para imponer moratorias en el pago de la deuda pública, las circunstancias serían “más onerosas” para los pensionados del sector público.

“Las alternativas no son fáciles y serían mucho más difíciles en ausencia de una ley como Promesa”, dijo González, al agregar que la realidad es que Puerto Rico se encuentra en un agujero muy profundo del que “no vamos a salir sin sacrificio”.


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