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Julia Keleher vendió la acciones de su compañía a la empresaria Vanessa Monroy Gonzague cuando fue nombrada secretaria de Educación, según López de Azúa. (GFR Media)

En la intervención de las autoridades federales en la residencia de Vanessa Monroy Gonzague, la ingeniera experta en asuntos educativos que se hizo cargo de la empresa Keleher & Associates a inicios de 2017, los oficiales de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos y del Negociado de Investigaciones Federales ocuparon temporalmente la computadora y el teléfono móvil de la ejecutiva.

El esposo de Monroy Gonzague, Ramón López de Azúa, confirmó ayer la intervención de las autoridades federales ocurrida en agosto de 2018, pero negó que su cónyuge haya tenido algún tipo de participación en proyectos del Departamento de Educación o iniciativas cercanas a la agencia.

“Sí, me allanaron la casa. Eso fue en agosto. No fue contra ninguna persona. Ellos buscaron un teléfono y la computadora. Nosotros cooperamos total y abiertamente con los oficiales y, por medios extraoficiales, nos enteramos de que allanaron otra residencia porque la información que ellos buscaban aquí no la encontraron”, dijo López de Azúa, quien dirigió hasta el pasado cuatrienio la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación y es vinculado con el Partido Popular Democrático y el Partido Demócrata en la isla.

“La orden estaba sellada completamente. No decía de qué era o para qué era. Ellos se llevaron la computadora y el teléfono y la devolvieron el mismo día o el día después. Nosotros nos hicimos disponibles para que, en cualquier momento que necesitaran nuestra cooperación, estábamos en completa disposición… No han vuelto a citar ni nada. Ya han pasado ocho meses de eso”, sostuvo.

La exsecretaria de Educación Julia Keleher está siendo investigada por las autoridades federales, entre otras cosas, por presuntas irregularidades asociadas con el otorgamiento de contratos en la agencia que dirigió hasta el martes pasado.

“Keleher debe haber pisado unos callos y le habrán hecho una guerra brutal”, dijo, al justificar la ofensiva contra la ahora exsecretaria.

Arreglaron el lío que dejó Víctor Fajardo

López de Azúa relató que conoció a Keleher cuando ella trabajaba en el Departamento de Educación federal. Entre ambos, desarrollaron el acuerdo firmado en 2007, que permitió que Puerto Rico entrara nuevamente en cumplimiento con las normas federales de administración pública tras el escándalo de corrupción protagonizado por Víctor Fajardo, quien fungió como secretario de Educación bajo la gobernación de Pedro Rosselló González, progenitor del actual mandatario, Ricardo Rosselló Nevares.

“Desde ese momento, cuando Julia (Keleher) entró al Departamento a nivel federal, desarrollamos unas dinámicas de trabajo bien positivas”, dijo López de Azúa. Monroy Gonzague también fue parte de ese proceso como consultora del Departamento de Educación.

López de Azúa relató que, cuando el gobernador Rosselló Nevares le ofrece a Keleher el puesto de titular de Educación, esta le brinda a Monroy Gonzague sus acciones en la compañía. De esa manera, los clientes de Keleher & Associates se mantendrían recibiendo los servicios de consultoría, y Keleher podía asumir la jefatura de la agencia sin mayores contratiempos.

Indicó que, durante la incumbencia de Keleher en el Departamento de Educación, la empresa no tuvo contrato alguno con alguna entidad gubernamental en Puerto Rico. Reiteró en múltiples ocasiones que la empresa, bajo el mando de su esposa, solo se mantuvo dando servicios a entidades en Estados Unidos.

“Se le dio continuidad a los contratos que no eran muchos, y ahora son menos. Todos (los clientes) son fuera de Puerto Rico. Nada tiene que ver con Puerto Rico, en lo público o lo privado. La compañía ha decrecido bastante y mi esposa no se ha beneficiado de ninguna manera de que Julia sea secretaria. Eso es un punto importante”, insistió López de Azúa.

“Otro asunto es que nosotros no tenemos nada qué ver con el Puerto Rico Education Foundation. Ni ella (Monroy Gonzague) ni yo. Yo personalmente no he visto ni hablado con Julia desde 2016 y yo no he pisado el Departamento desde hace cinco años y no trabajo con nada de educación en Puerto Rico. A mí me identifican como popular y si me veían hablando con ella se calentaba más de lo que estaba”, añadió.

Puerto Rico Education Foundation es una entidad que busca donativos principalmente en Estados Unidos para aportar a la educación en Puerto Rico.

El cambio de mando en Keleher & Associates

López de Azúa indicó que la empresa Keleher & Associates, cuando todavía estaba al mando de la exsecretaria de Educación, desarrollóiniciativas junto al bufete Hogan, Marren Babbo & Rose, pero descartó que actualmente exista dicho vínculo.

Los vínculos con este bufete han sido objeto de controversias, luego que se conociera que el Departamento de Educación contrató, en 2017, a esa firma de abogados en la que trabaja el hermano del gobernador, Jay Rosselló. De hecho, en el portal del bufete, Jay Rosselló aparece como la persona a consultar en temas asociados con el programa de escuelas chárter en Puerto Rico, iniciativa que ha promovido el gobernador desde su despacho en La Fortaleza.

El viernes, el gobernador dijo que “son falsas, difamatorias y maliciosas las especulaciones de irregularidades o conflictos de interés”.

López de Azúa indicó que desconoce qué información pudieron obtener las autoridades que los llevara a intervenir en su residencia. Indicó que el único vínculo que se les puede atribuir es que, en ocasiones, cuando Keleher se iba de viaje, ellos cuidaban su perrito, el cual buscaban a la agencia y cargaban en un bulto.

Desde que se supo la controversia, Keleher ha rehusado emitir declaraciones al respecto. El viernes, la exfuncionaria tuvo una comparecencia pública durante un foro sobre liderazgo educativo de la Universidad de Yale y personas del público preguntaron por la controversia. Ella no hizo declaraciones sobre la pesquisa en su contra.


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