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Cuatro miembros de la Junta de Gobierno se reunieron ayer con jóvenes que realizaron una manifestación en el Jardín Botánico. (Especial para El Nuevo Día / Ángel Rivera y ESPECIAL GFR MEDIA / ANGEL M. RIVERA)

Recortes en la oferta académica, la consolidación de unidades administrativas y la implementación de una matrícula ajustada a los ingresos forman parte de la propuesta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para enfrentar el recorte millonario contemplado en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El detalle de las iniciativas fueron presentadas por la presidenta interina de la institución, Nivia Fernández, durante la reunión de la Junta de Gobierno de la UPR celebrada anoche.

Estas iniciativas tienen como meta enfrentar los ajustes de $450 millones incluidos en el Plan Fiscal presentado por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y certificado por la JSF. No obstante, esta cifra podría quedar reducida a $241 millones, de la JSF acoger una serie de medidas enumeradas por el primer ejecutivo en una carta cursada ayer. 

Entre las partidas identificadas por el mandatario en su carta dirigida a la JSF, se encuentran $100 millones en fondos nuevos, para el año fiscal 2021, por el adiestramiento de empleados públicos; la transferencia al centro docente de $50 millones en ahorros que generaría el nuevo modelo de plan de salud; $25 millones, al año, por el adiestramiento de maestros y las tutorías a estudiantes del Departamento de Educación; $30 millones, al año fiscal 2018, por el adiestramiento de empleados municipales; y $4 millones, al año fiscal 2021, por el desarrollo de patentes, a través de un acuerdo con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología.

En la reunión de la Junta de Gobierno, que estuvo matizada por una protesta estudiantil en contra de los recortes, se discutió –en primera instancia- la reducción de programas educativos. Según se informó, las unidades de la UPR tienen del 24 al 31 de marzo de 2017 para informar e identificar el 50% de los programas “bajo el nivel de efectividad” que no serán incluidos en la oferta académica del 2018-2019. “Muchos de estos programas pueden tener décadas de haberse creado. Y el programa necesita mantener una mirada crítica a sí mismo y eso se llama avalúo de la efectividad institucional”, manifestó la presidenta interina.

Asimismo, Fernández dijo que, como parte del plan de acción y con el propósito de reducir la “burocratización” del sistema, se contempla la consolidación de 10 a 3 estructuras administrativas: Río Piedras, Mayagüez y Cayey. Asimismo, se fusionarían las oficinas y procesos de Recursos Humanos, Presupuesto y Servicios Administrativos de la institución universitaria.

En cuanto a los recortes en los puestos de confianza y temporeros, la presidenta interina detalló que los mismos producirían ahorros de $12 millones y $5 millones, respectivamente.

Finalmente, y de manera superficial, se planteó la posibilidad de la implementación de un matrícula ajustada por ingresos para el año académico 2018-2019.

Una de las preocupaciones principales planteadas por los integrantes de la Junta de Gobierno giró en torno a las garantía de pago del Gobierno a cambio de prestación de servicios mediante las alianzas interagenciales.

Temprano en la mañana ayer, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, detalló la propuesta del primer ejecutivo para allegar fondos a la UPR. “Estábamos preocupados porque los recortes (presupuestarios) afectaran grandemente la operación de la UPR”, dijo a la vez que describió como titánicos los esfuerzos para identificar fondos para la institución.


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