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NPFG expresó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) su interés de trabajar en conjunto para lograr la designación de un síndico en la corporación pública o algún otro remedio apropiado. (GFR Media)

El caos administrativo que se ha producido al interior de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tras la súbita renuncia de Walter Higgins y la renuncia en masa de parte de los directivos de esa utilidad pública ha propiciado que la aseguradora National Public Finance Guarantee (NPG) y otros acreedores hayan renovado su interés por nombrar un síndico para regir la corporación pública.

En un intento por obtener el control de la AEE y sacarla del intervencionismo político que se alega contribuyó a su bancarrota, NPFG expresó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) su interés de trabajar en conjunto para lograr la designación de un síndico en la corporación pública o algún otro remedio apropiado.

“La salida de los miembros independientes de la Junta (de Gobierno) de la AEE forzada por el gobernador (Ricardo) Rosselló ha abatido e invertido la estructura de liderato de la utilidad y ha hundido a la AEE en una crisis”, reza una carta suscrita por la abogada Marcia L. Goldstein y dirigida a la JSF y Jaresko.

Según la carta, a la que tuvo acceso El Nuevo Día, la posibilidad de un síndico para la AEE o algún otro remedio que permita restaurar un liderato independiente en la corporación pública ya ha sido discutida con asesores de la JSF.

“En ausencia de acción inmediata para remediar esta crisis, el historial admitido de la AEE de disfuncionalidad administrativa y operacional atada a la excesiva burocracia gubernamental y politización continuará en esta coyuntura crítica para la AEE, sus partes interesadas y el pueblo de Puerto Rico”, indicó Goldstein a la JSF.

La carta de Goldstein, socia del bufete Weil, Gotshal & Manges, tiene fecha del pasado 17 de julio y es la primera respuesta concreta al marasmo que ha prevalecido en la AEE desde la semana pasada. Esto, luego de que una lucha de fuerzas políticas, asuntos personales y cambios a los términos contractuales que se pactaron con Higgins culminaron en la renuncia de ese ejecutivo, la efímera designación de su sucesor, Rafael Díaz Granados, y la eventual renuncia de la mayoría de los miembros de la junta de gobierno de la AEE, una vez Rosselló pidió ajustar a la baja el salario de Díaz Granados. Entre los directivos que dimitieron la semana pasada, figura el pasado presidente del cuerpo rector de la AEE, Ernesto Sgroi, quien antes de ocupar dicho cargo, manejó el dinero de la campaña política del actual gobernador.

Ribetes por la Ley 80

De acuerdo con cuatro fuentes separadas de El Nuevo Día, si bien Higgins renunció por motivos personales y por la negativa de la AEE a honrar el bono de productividad que se negoció como parte de su contratación hace apenas cuatro meses, la gota que derramó la copa fue un pedido para que removiera de sus puestos a cualquier funcionario en el servicio de confianza que pudiera tener vínculos con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La instrucción que habría salido de La Fortaleza no solo fue dada a Higgins, sino también al director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Elí Díaz Atienza, quien fue nombrado por Rosselló Nevares como directivo de la junta de gobierno de la AEE la semana pasada.

Ante los señalamientos, el secretario de la Gobernación interino, Luis G. Rivera Marín indicó que quien haya hecho tales alegaciones “lo hace para crear un ambiente de discordia donde no lo hay”.

“Esta administración trabaja diariamente para que toda agencia o entidad gubernamental promueva y logre los ahorros que requieren tanto la Ley 26 como las diferentes órdenes ejecutivas del gobernador Rosselló Nevares”, dijo Rivera Marín.

“Toda acción de personal, especialmente en el servicio de confianza, incluyendo destaques y nombramientos, se hacen conforme a nuestra realidad presupuestaria y los retos que reconocemos hemos de enfrentar en el futuro”, sostuvo.

Segundo intento

Así las cosas, y justo cuando Rosselló designa a José Ortiz como el nuevo jefe de la AEE, la corporación pública se encuentra ante la posibilidad de que los acreedores de esa utilidad y la JSF busquen nombrar un nuevo síndico, según provee la ley orgánica de la corporación pública y los contratos de bonos vigentes.

El año pasado, la JSF no tuvo éxito cuando solicitó a la jueza Laura Taylor Swain validar a Noel Zamot como oficial de Transformación de la AEE.

De igual forma, en septiembre pasado, Swain rechazó un pedido de NPFG, Syncora Guarantee y Assured Guaranty para que se levantara la suspensión de litigios provista en Promesa y se nombrara un síndico para la AEE.

Sin embargo, ahora y a raíz de los eventos recientes en la AEE, la movida de la NPFG podría ganar tracción, pues al rechazar su pedido el año pasado, Swain estableció que “el único síndico” que tiene el gobierno, según Promesa es la JSF.


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