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El gobernador indicó que para el verano se completará el sistema de clasificaciones uniformes de los servidores públicos. (Teresa Canino )

Entre el 2016 y el 2018, la cantidad de empleados en el gobierno central fue reducida en un 10.7%, generando ahorros que para el 2020 habrán sumado los $253 millones, según anunció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Estos ahorros, sin embargo, tendrían que combinarse con otras iniciativas que reduzcan los gastos de personal en $426 millones para el 2020, según dispone la versión más reciente del plan fiscal.

Sin embargo, Rosselló Nevares aseguró, en una entrevista con El Nuevo Día, que las metas fiscales serán alcanzadas si continúan con la tendencia de reducir la cantidad de empleados gubernamentales.

“Si seguimos en esta trayectoria, se cumplen con los objetivos (en el plan fiscal)”, dijo Rosselló Nevares. “Esto se hizo sin despidos”.

Los despidos en el gobierno han sido un tema sensitivo para los funcionarios electos desde que más de 10,000 funcionarios públicos fueron sacados de sus puestos en el 2010.

Rosselló Nevares indicó que cuando entró a La Fortaleza en enero de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contemplaba el despido de entre 30,000 y 40,000 empleados en el gobierno central. Esto no se concretó para los empleados regulares, pero sí se eliminaron puestos transitorios. Versiones previas de los planes fiscales proyectaban eliminar más de 8,000 de estos empleos.

El gobernador, sin embargo, afirmó que esta reducción en la cantidad de servidores públicos se hizo mediante la congelación de las plazas que se vacían y a través del Programa de Transición Voluntaria.

Esta iniciativa, que en esencia incentiva las renuncias en el gobierno, les provee a los empleados en “transición” seis meses de salario, un estipendio de $750 para un plan de salud, la liquidación de la licencia por vacaciones y las horas extras acumuladas, entre otros asuntos.

Rosselló Nevares explicó que el programa ya ha tenido tres fases y, entre todas, unos 6,700 servidores públicos iniciaron su transición hacia el sector privado o hacia el retiro.

Esta cifra, según explicó el ejecutivo, podría aumentar cuando culmine la evaluación de unos 400 casos que todavía están bajo revisión en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“En la medida que mantengamos la política pública de congelar las plazas, estos son ahorros recurrentes”, enfatizó Rosselló Nevares. La merma anual en gastos de nómina es de unos $243 millones, según datos provistos por el gobernante. Por tratarse de una iniciativa que todavía estaba en pleno proceso de implantación en el año fiscal 2019, los ahorros proyectados para ese año son de apenas de $10 millones.

Empleador único

Estas reducciones en nómina podrían intensificarse a partir del próximo verano, cuando la iniciativa del Empleador Único entre a una nueva fase.

Este proyecto del gobierno busca, principalmente, facilitar la movilidad de los empleados entre las distintas agencias e instrumentalidades del gobierno. El primer paso fue establecer, mediante legislación, que el gobierno central es el empleador único de servidores públicos, contrario a las agencias e instrumentalidades, como era en el pasado.

El segundo paso son los planes de clasificación. A más tardar para el verano, estarán listos estos documentos que marcarán las equivalencias en las funciones en las distintas agencias o dependencias en la Rama Ejecutiva.

“Esto es una herramienta valiosa. Una vez tengamos los planes de clasificación listos, y eso se espera antes del verano, tendremos el esquema completo del Empleador Único”, dijo Rosselló Nevares.

Los proyectos se complementan porque el Empleador Único permitiría llenar internamente aquellas plazas necesarias o indispensables que queden vacías por alguna jubilación o renuncia incentivada, como las que se promueven bajo el Programa de Transición Voluntaria.

“En esto debo añadir que nosotros seguimos con el compromiso de reducir en 20% los nombramientos de confianza. Hay una orden ejecutiva a esos fines”, sostuvo el mandatario.

Todos estos recortes también van de la mano con la intención del gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de reducir el tamaño del gobierno estatal.

Rosselló Nevares indicó que existen unos lineamientos generales sobre cómo será y funcionará el gobierno una vez se reestructuren las agencias del Ejecutivo. Los detalles, sin embargo, no están del todo claros. Esto se debe, en parte, a que estas transformaciones requieren un aval de la Asamblea Legislativa y los senadores y representantes no siempre coinciden con La Fortaleza.

“Como esto requiere un trámite legislativo, es difícil pronosticar”, sostuvo.

Servicios esenciales

Estos cambios, incluyendo los impulsados a través del plan fiscal certificado, se llevan a cabo sin que el gobierno o la JSF declaren cuáles son los servicios esenciales que se protegerán en el proceso de reestructuración fiscal y ajuste de deudas.

El gobernador indicó que esto responde a que se entiende que el gobierno debe tener flexibilidad para determinar cuáles son sus prioridades.

“Aquí hubo un huracán y si habías planificado de una manera y pasa un huracán, pues puede que tengas que hacer las cosas distintas y las prioridades cambien... Creo que los gobiernos deben tener la flexibilidad de determinar cuáles son las prioridades”, sostuvo.

Esa flexibilidad, sin embargo, no existe del todo en el ámbito fiscal debido a que la JSF, a través del presupuesto, hadeterminado los recortes y ha impuesto restricciones amparados en una decisión de la jueza Laura Taylor Swain.

El fallo respondió a un pleito presentado por el gobierno cuestionando las determinaciones de la JSF sobre el presupuesto del año fiscal en curso.

El mandatario insistió en que la JSF debe limitarse a imponer controles en los gastos, pero no debe asignar prioridades ni entrar en decisiones de política pública.

“Tiene que haber flexibilidad también porque los gobiernos son dinámicos”, sostuvo.


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