(semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló. (GFR Media)

Transcurridos 34 días de cierre federal, las iniciativas de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María comienzan a enfrentar tropiezos ya que el gobierno federal no tiene personas que tomen las decisiones para encaminar las iniciativas, advirtió hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El ejecutivo resaltó, por ejemplo, que dos de los directivos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Mike Byrne y Justo “Tito” Hernández, no están trabajando debido al cierre parcial del gobierno federal. FEMA es la agencia encargada de más del 56% de los trabajos de reconstrucción.

“Hay fondos de FEMA que continúan desembolsándose porque los que tienen eso a su cargo están trabajando, pero hay otros que no. Mike Byrne está en el cierre. Y Tito Hernández (también). Cuando se necesitan decisiones a mayor nivel las cosas se detienen”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en Caguas.

Por otro lado, el Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) no está en funciones desde el 22 de diciembre, fecha en que inició el cierre del 25% del gobierno estadounidense.

Las iniciativas asociadas al primer bloque de fondos de reconstrucción del programa de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) que no habían sido aprobadas para esa fecha andan con retrasos. Las que sí se habían aprobado, continúan su curso normal.

Las expresiones del mandatario ocurrieron en la ceremonia de la primera piedra de un complejo de vivienda que los terrenos del antiguo residencial José Gautier Benítez. Esta construcción cuenta con una subvención federal de unos $40 millones provenientes de los primeros $1,500 millones de fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico.

El segundo paquete de ayuda económica asociada a la reconstrucción, cuyo plan de uso estaba siendo evaluado por HUD para el 22 de diciembre, se encuentra atrasado por el cierre federal.

Rosselló Nevares admitió que esto complica toda la programación de los proyectos de reconstrucción para el 2019 y el 2020. Aunque no lo estima necesario, el gobernador acepta que, si el atraso se sigue acumulando, la situación podría desembocar en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) apruebe nuevas enmiendas para el plan fiscal, con las complicaciones subsiguientes que eso conlleva. Ya en una ocasión el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico por disposición federal enmendó el documento para ajustar las proyecciones económicas debido a cambios en la programación de fondos de reconstrucción.

El gobernador indicó que además de los atrasos en la reconstrucción la situación federal crea un problema a los miles de servidores públicos federales que no están recibiendo su paga.

“Quiero reiterar mi petición al presidente y al Congreso que comiencen a trabajar para abrir el gobierno… No es solo el gobierno, son vidas las que se están afectando”, dijo Rosselló Nevares.

Esta mañana, el ejecutivo anunció que durante el cierre federal los empleados federales pueden retrasar sus pagos a las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA). Solo tendrán que presentar su identificación como empleados federales en las oficinas de servicio de estas corporaciones públicas.

Del mismo modo, el Banco de Desarrollo Económico estaría otorgando micropréstamos a los afectados por el cierre del gobierno de modo que tengan acceso a efectivo. El transporte público que provee la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) será gratuito para estos trabajadores. Del mismo modo, se trabaja con cambios en la reglamentación del Departamento de la Familia para que tengan acceso a beneficios económicos temporeros.

El cierre federal se produjo cuando el 25% del gobierno se quedó sin presupuesto. Varias medidas presupuestarias han sido aprobadas tanto en la Cámara de Representantes y el Senado federal, pero ninguna ha sido del agrado de Casa Blanca. El presidente Donald Trump exige que la medida presupuestaria contenga una asignación de $5,700 millones para la construcción de un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Los demócratas en ambos cuerpos congresionales se han opuesto a la iniciativa.

Por otro lado, el gobernador descartó que haya un problema con los proveedores de servicios bajo el Plan de Salud del Gobierno que actualmente corre bajo el nombre de Vital. El gobernador afirmó que, contrario a lo expresado por ciertos sectores de la comunidad médica, la cantidad de proveedores bajo el modelo de Vital ha aumentado en un 10%.

El cambio principal del nuevo modelo de salud es que los participantes pueden seleccionar a la aseguradora que le proveerá servicios. Esto, según el gobernador, crea competencia entre las aseguradoras, lo que mejora la prestación de servicios.

“Una de las preocupaciones eran los proveedores (de servicios). En promedio hemos visto un incremento de 10% en los proveedores relativo al sistema previo que teníamos. Hay más proveedores entrando al sistema Vital y esperamos que esta siga siendo la tendencia”, dijo Rosselló Nevares.


💬Ver 0 comentarios