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Rosselló dijo que aún quedan preparativos para enfrentar la temporada de huracanes. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió ayer en que su administración ha provisto toda la información que pueden distribuir sobre los decesos que ocurrieron en Puerto Rico tras el azote del huracán María.

Reiteró, sin embargo, que existe cierta información personal de los fallecidos que, por ley, no pueden compartir.

“Todo lo demás ha sido compartido, y será compartido”, dijo Rosselló a la prensa tras participar en un mercado agrícola celebrado en la escuela superior Federico Degetau, en Barranquitas.

El gobernador respondió a las críticas por el limitado acceso a las estadísticas vitales de Puerto Rico, luego que a finales del año pasado, se calculara que, entre la fecha del ciclón y finales de octubre, murieron unas mil personas más que el promedio para el mismo periodo el año anterior.

La situación llegó al punto que el Instituto de Estadísticas demandó al gobierno para que publique los números asociados con los decesos. La situación surgió también luego que un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Harvard estimara que 4,645 personas murieron por situaciones asociadas directa o indirectamente al ciclón. Para ese análisis, se llevó a cabo una encuesta, y no se pudo tomar en cuenta la información sobre los decesos debido a que la Oficina del Registro Demográfico no proveyó la información que solicitaron. Oficialmente, el gobierno ha vinculado al huracán unas 64 muertes.

El jueves, en una entrevista con la cadena CNN, Rosselló Nevares fue cuestionado sobre el asunto, y se mostró sorprendido de que no se estuviera proveyendo la información a quienes la solicitaran.

Ayer, el gobernador indicó que verificó las denuncias de acceso a la información y, en efecto, para el 22 de enero los investigadores de Harvard hicieron la solicitud, pero al momento de la petición, el Registro Demográfico presuntamente no tenía la información disponible.

“Ellos respondieron, y había declaraciones escritas. Ellos (el Registro Demográfico) dijeron que estaban dispuestos a compartir los datos que por ley podían dar tan pronto pudieran encontrarle algún sentido. Después de eso, la comunicación se detuvo”, dijo.

Rosselló reconoció que el manejo de este tema se puede mejorar. Sostuvo que, precisamente, en un intento por arrojar transparencia, firmó una Orden Ejecutiva para plasmar una política de apertura a compartir los datos que tenían disponibles.

Indicó que la información de los decesos no es solo importante para las familias de los perjudicados, sino para poder responder mejor a emergencias futuras.

“Queremos, de cara el futuro, ver esas cosas que no se hicieron bien y estar listos, por si viene otro evento, podamos responder de la mejor manera posible”, indicó.

Admitió que, aunque la temporada de huracanes comenzó, todavía quedan asuntos por atenderse para enfrentar un nuevo ciclón.

Sostuvo que el trato que ha recibido Puerto Rico del gobierno federal, como una jurisdicción de alto riesgo en el manejo de fondos -a pesar de no tener oficialmente tal distinción- ha retrasado los procesos de recuperación y de preparación ante la posibilidad de un nuevo evento atmosférico.

“Queremos que FEMA, Casa Blanca y el Congreso traten a Puerto Rico de manera justa y rápida, y que en otra respuesta no tengamos que vivir la lentitud con que se trabajó en esta ocasión”, puntualizó.


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