El gobernador firmó la ley en La Fortaleza (semisquare-x3)
El gobernador firmó la ley en La Fortaleza. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy, viernes, el proyecto que exime a los municipios del pago de su aportación al sistema “Pay-Go", pese a las advertencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que la medida es contraria al plan fiscal. 

La firma se produce luego de que ayer Rosselló Nevares hizo un llamado a todos los sectores de Puerto Rico para oponerse al recorte de hasta 25% que la JSF ha propuesto para frenar la espiral de pagos a los jubilados desde el Fondo General.

Precisamente, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, escribió hoy a Rosselló Nevares y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, para indicar el proyecto del Senado 1258 supondría un golpe al fisco de $311 millones a partir de julio próximo o alrededor de $1,700 millones al cabo de cinco años.

“La responsabilidad de prudencia y disciplina fiscal son elementos críticos del plan fiscal. Esto es especialmente cierto cuando se trata de asegurar que el gobierno tenga suficientes fondos para pagar las pensiones y el cuidado de la salud”, escribió Jaresko al solicitar al primer ejecutivo que le presente el estimado del costo fiscal del proyecto senatorial en un plazo de siete días, plazo que establece la ley federal Promesa.

Promesa confiere a la JSF facultad para derogar leyes que no sean compatibles con el plan fiscal.

Hace unos dos años, Rosselló Nevares y la JSF estaban de acuerdo en la necesidad de asegurar el pago de las pensiones y en privatizar la administración de los planes de retiro de los servidores públicos, jueces y maestros. A esos efectos se aprobó la Ley 106 de 2017, estatuto que transfirió el pago de las pensiones al Fondo General, una vez la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) quedaron insolventes. Empero, se legisló además que municipios, agencias y corporaciones públicas aportarían al Fondo General una partida de su presupuesto para pagar financiar el pago de las pensiones bajo el sistema “Pay-Go”.

Antes de ese estatuto, cuando se creó el Plan de Seguro del Gobierno (PSG), también se legisló para que los municipios aportaran una parte de su presupuesto a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para el pago de la llamada tarjetita en función del número de habitantes.

En el caso de la Ley 106, El Nuevo Día reveló el año pasado, que el gobierno no cumplía con el estatuto que se creó bajo la premisa de que atendería la incertidumbre en los pagos a los jubilados.

Este mes, Jaresko escribió otra misiva a Rosselló Nevares para pedirle acciones concretas a fin de recuperar unos $340 millones correspondientes a aportaciones de municipios y corporaciones públicas que debieron hacerse al sistema “Pay-Go”.

Según el plan fiscal, el pago de pensiones consume unos 20 centavos de cada dólar que entra el Fondo General. Para atajar el alza en esa partida, la JSF propuso recortar las pensiones de unos 167,000 jubilados hasta en 25%. Para aplicar dicho ajuste, la JSF considera como pensión tanto el pago directo que recibe el jubilado como la aportación plan médico o el bono de navidad o medicamentos.

Rosselló Nevares dijo ayer no implementará dicho recorte y que acudiría a los tribunales u otros foros pertinentes para evitar la imposición de la JSF.


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