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El gobernador Ricardo Rosselló. (Gerald López Cepero)

Luego de que el huracán María desarticulara el calendario de trabajo para la renegociación de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó este martes a los síndicos que tendrán a su cargo el manejo de los activos del otrora agente fiscal.

Rosselló Nevares nombró a dicha junta de síndicos a Jorge L. Padilla, Matthew Karp y David Pauker.

“Agradezco la disponibilidad de David, Matthew y Jorge para ocupar estas posiciones como síndicos de una autoridad de nueva creación en momentos históricos para Puerto Rico. Mi reconocimiento por asumir las responsabilidades que conlleva servir en posiciones de esta naturaleza,” indicó el mandatario puertorriqueño en declaraciones escritas.

Como parte del proceso de reestructuración voluntaria de la deuda del BGF, el acuerdo entre el gobierno y los acreedores incluyó transferir a una nueva entidad los activos del BGF para que estos sean liquidados o sean custodiados a fin de servir como fuente de repago para los bonistas de la fallida institución. En términos generales, el acuerdo del BGF contempla que los acreedores recibirán entre 25 y 45 centavos de su acreencia y recibirán su pago del rendimiento que genera la cartera de préstamos municipales del otrora agente fiscal.

La nueva entidad de gobierno, denominada como Autoridad de Recuperación de Deuda del BGF, se creó bajo la Ley 109 del año pasado, una vez sobre el 60% de los acreedores, entre ellos cooperativas y cientos de individuos en Puerto Rico, dieron su aval a la transacción. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio su visto bueno al acuerdo voluntario y como parte de este, se negoció que personas recomendadas o avaladas por los acreedores tomaran el rol de supervisión de los activos del BGF.

Padilla laboró por espacio de 29 años en Universal Group antes de su retiro y es directivo de Atlas US Income Tactical Fund, LLC, un fondo de inversión con sede en Puerto Rico. Atlas figuró como asesor de las cooperativas en el proceso de reestructuración del BGF.

Karp es ejecutivo de Amstar, una empresa dedicada al manejo de unos $1,400 millones en activos de bienes raíces. El ejecutivo estuvo vinculado a Cerberus Capital y CPG Real Estate, un gigante de inversiones inmobiliarias que posee millones de pies cuadrados de propiedades en Puerto Rico.

Según el parte de La Fortaleza, el ejecutivo ha trabajado en la adquisición y revitalización de propiedad inmueble en Puerto Rico desde principios de la década del 2000.

En tanto, se informó que Pauker es experto en temas de restructuración y recuperación de negocios con más de 25 años de experiencia y miembro del American College of Bankruptcy. Al presente, Pauker también es miembro de la junta de directores de Lehman Brothers Holdings, ResCap Litigation Trust, y Terraform Power.

Por su parte, el presidente del BGF, Christian Sobrino expresó que “la Ley para la Reestructuración de la Deuda del BGF representó un paso importante para proveer una resolución ordenada del BGF a la vez que se maximizan las oportunidades de recobro de los municipios, las cooperativas, los bonistas del patio y los demás acreedores del Banco”, indicó por su parte el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y presidente del BGF, Christian Sobrino.

La liquidación del BGF ha supuesto la pérdida de los funcionarios con mayor pericia en asuntos financieros, de deuda y económicos que tuvo el gobierno.

Una estructura más cara que antes

El BGF quedó descapitalizado hace unos dos años, cuando no pudo disponer de sobre una veintena de líneas de crédito que otorgaron diversas administraciones de gobierno -pero en especial, durante la incumbencia de Luis Fortuño- a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Las líneas de crédito superaban $2,000 millones y ante su impago, los auditores obligaron a la institución a tomar reservas para amortiguar la pérdida que supondría ese financiamiento.

La situación resultó en la creación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y en la transferencia de unos dos centenares de empleados del BGF a la nueva dependencia.

Empero, una vez el gobernador Rosselló Nevares, se legisló y los empleados, en su mayoría con altos grados académicos en finanzas, deuda, contabilidad, auditoría y economía, fueron devueltos al BGF para ser reemplazados en la Aafaf por personal de confianza y decenas de asesores externos.

Según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en el año fiscal 2015-16, el último año antes de la creación de la Aafaf, el BGF tenía 257 empleados y su presupuesto rondaba $65.7 millones. De esa cifra, unos $5 millones iban a nómina y $24.6 millones a contratos de servicios profesionales.

En cambio, con apenas una quinta parte de los empleados que en un momento dado tuvo el BGF, la Aafaf tiene un presupuesto aproximadamente 30% más alto que aquél del BGF.

En el año fiscal en curso, la Aafaf -que asumió buena parte de las funciones del BGF- tiene un presupuesto de $90 millones. La agencia apenas emplea 59 personas y tiene presupuestados unos $10.2 millones en nómina. La Aafaf ha abierto convocatorias para unos 48 puestos adicionales. El presupuesto de la Aafaf también contempla $71.6 millones en contratos de servicios profesionales.

Aparte de la Aafaf, habida cuenta que no ha cesado operaciones por completo, el presupuesto del BGF en este año fiscal ronda $34.7 millones y su fuerza laboral en proceso de eliminarse en su totalidad, rondaba 165 personas. 


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