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Ricardo y Beatriz Rosselló. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy una orden ejecutiva que estable la creación y el establecimiento de una división especializada para la intervención de casos de violencia de género, adscrito al Negociado de la Policía, como parte de un plan de acción integrado entre las agencias.

El plan de acción conlleva esfuerzos entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el Departamento de la Familia, el Departamento de Corrección y el Concilio de las Mujeres, entre otras agencias, se indicó en un comunicado de prensa.

“Reiteramos la política pública de esta administración de repudiar las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Tal y como se establece en nuestro programa de Gobierno, el seguimiento y cumplimiento de las políticas públicas a favor de ellas contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa, a fin de que tengan mejores y reales oportunidades de progreso”, expresó Rosselló.

La nueva división de intervención con la violencia de género atendería la investigación y el procesamiento de delitos de agresión sexual, violencia doméstica y secuestros perpetrados contra mujeres. Asimismo, recopilará, publicará y analizará las estadísticas relacionadas con estos delitos para cada año natural y proveerá educación continua y apoyo, según sea requerido, a los demás programas dentro del Negociado.

Entre las iniciativas dentro del DSP, también se ordena al secretario Héctor Pesquera, la creación y el establecimiento de un protocolo dentro del Negociado de la Policía para remitir las órdenes de protección a las áreas policíacas concernientes y que se establezca un sistema de rutas de patrullaje preventivo a las residencias y lugares de trabajo de las víctimas protegidas por dichas órdenes.

Mientras, se ordena a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, diseñar y establecer un sistema de recopilación de estadísticas de todas las agencias y ramas de gobierno pertinentes para crear un registro oficial de estadísticas relacionadas a agresión sexual y violencia de género. Los datos deberán formar parte del Registro Criminal Integral.

Por otra parte, según el comunicado, la orden encomienda a la procuradora de la OPM y al Departamento de Salud a que establezcan una alianza con la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico y organizaciones no gubernamentales que provean atención a mujeres en casos de violencia de género-a preparar una campaña conjunta de concienciación masiva.

La OPM también deberá diseñar y distribuir un instrumento gráfico para explicar el manejo de solicitudes de órdenes de protección o de incidentes de violencia de género que debe estar disponible para todos los componentes que atienden a las víctimas sobrevivientes de violencia.

El Departamento de la Familia, de otra parte, tiene a su haber establecer mediante acuerdo colaborativo un programa de colaboración y apoyo para agentes del orden público que brinde orientación en temas relacionados al manejo de estresores, sana convivencia, comunicación efectiva, equidad y respeto, y prevención de maltrato en las relaciones de pareja.

Mientras, Corrección y Rehabilitación deberá extender sus servicios de aviso a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual durante los siete días de la semana, a fin de ampliar la protección necesaria a víctimas y testigos. Y la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción deberá establecer un programa piloto que atienda a personas agresoras con problemas de adicción a drogas o alcohol que hayan confrontado situaciones por violencia doméstica.

Según la orden, se exhorta al Concilio de Mujeres, coordinar una serie de conversatorios con mujeres de diferentes sectores de la sociedad para recopilar recomendaciones para la prevención de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

Las agencias y agencias instrumentales con responsabilidades bajo esta orden ejecutiva deberán presentar un informe cada 60 días al secretario de la Gobernación sobre su estatus de cumplimiento.


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