El gobernador Ricardo Rosselló estuvo acompañado de los secretarios de Educación, Julia Keleher, y de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, al hacer los anuncios. (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló estuvo acompañado de los secretarios de Educación, Julia Keleher, y de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, al hacer los anuncios. (Xavier J. Araújo Berríos)

El gobernador Ricardo Rosselló anunció esta mañana que le solicitó al Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano estadounidense (HUD, por sus siglas en inglés) el establecimiento de un incentivo que otorgaría, en forma de vales, entre $25,000 y $50,000 a una familia que interese adquirir una vivienda.

Si esta iniciativa es aprobada, se reservarían $150 millones de la reconstrucción para repartir estos vales que podrían usarse para la compra de una primera o una segunda propiedad. Para cualificar, una persona o una familia debe cumplir con unos criterios de ingresos. Por ejemplo, una persona que viva sola y que tenga ingresos de $42,200 anuales podría pedir el beneficio. Lo mismo ocurriría con una familia de cuatro personas con ingresos máximos de $60,250 anuales. Es decir, la cantidad de ingresos máximos para cualificar aumenta según la cantidad de miembros de la familia.

Según datos de la Encuesta de la Comunidad, cerca del 72% de los hogares en Puerto Rico tenían ingresos menores de 42,200 anuales en el 2016. Para ese año, en la isla habían alrededor de 1.2 millones de viviendas ocupadas.

El secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil, explicó que la idea es que el beneficio no solo atienda a la población de menos ingresos sino aquellas familias de clase media.

“De la forma en que estamos trabajando el proyecto con vivienda federal no vislumbramos que haya impedimento mayor para la aprobación de este programa”, dijo Gil en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

El gobernador indicó que en la adjudicación de estos vales tendrán preferencias los policías, los maestros y los funcionarios que atienden situaciones de emergencia como los bomberos, paramédicos, etcétera.

En total, se repartirían entre 3,000 y 6,000 vales. El monto del beneficio dependerá del lugar donde se encuentre la vivienda a comprar. Si la unidad está localizada dentro de un casco urbano, el vale será de $50,000. Si no es dentro de un centro urbano, el monto se reduciría a $25,000.

No se precisó si existiría algún tipo de restricción en el valor de la vivienda a comprarse. Los funcionarios no precisaron si se impondrían condiciones restrictivas adicionales a los ingresos para acceder a esta potencial iniciativa de vivienda, aunque si hablaron de que faltan afinar algunas “consideraciones específicas”. En teoría, las restricciones de accesibilidad al programa anunciadas hasta ahora por el Ejecutivo solo descalificarían a una de cada cuatro hogares.

Gil explicó que esa amplitud en los criterios se debe a que buscaron no excluir a ninguna región en Puerto Rico por lo que al diseñar el programa se utilizaron como referencia los ingresos promedios del lugar donde las familias tienen más poder adquisitivo: Guaynabo.

“Va enfocado a la clase media y en los policías por todo lo que hacen por nosotros”, dijo Gil.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, fue la única que justificó el beneficio a los maestros, según la necesidad de la población. Explicó que en la agencia se conoce de “cientos” de casos de educadores que perdieron sus viviendas durante el huracán María y que en la actualidad viven en condiciones de necesidad.

Gil mencionó que la ayuda incluirá una serie de restricciones. Por ejemplo, la persona deberá al menos mantenerse como dueño de la propiedad por los próximos 10 años. Tampoco podría relocalizarse fuera de Puerto Rico, dijo.

Durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, el gobernador también anunció que por reglamento estarán autorizando a los policías trabajar para empresas privadas a tiempo parcial.

El programa, bautizado con la frase en inglés “Off Duty” establece un comité que revisará que las contrataciones de policías por entes privados no representen un conflicto de interés para la Uniformada. También se imponen una serie de restricciones. Por ejemplo, en estas funciones privadas los policías no podrán ejercer turnos de más de 4 horas al día o de 24 horas a la semana. Del mismo modo, el ente privado que los contrate deberá obtener pólizas de responsabilidad pública y de seguridad ocupacional.

“Nuestro interés principal es facilitarles todas las opciones disponibles a los policías”, dijo Rosselló Nevares, al precisar que los oficiales podrán hacer el trabajo privado con el equipo y el uniforme de la Policía.

En el tema de la incidencia criminal el gobernador no descartó acoger una propuesta que impondría límites al periodo en que pueden permanecer abiertos los negocios que sirven bebidas alcohólicas.

También indicó que estaría ofreciendo un equipo de rescatistas al estado de la Florida para que asistan en la estabilización del área afectada por el huracán Michael.


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