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Jenniffer González y Ricardo Rosselló. (AP)

Washington - De ser ley el nuevo proyecto pro estadidad de la comisionada Jenniffer González, Puerto Rico se convertiría de inmediato en un territorio incorporado y el Congreso establecería un Grupo de Trabajo bajo la promesa de estudiar cómo la isla puede convertirse en un estado en enero de 2021.

La legislación es menos ambiciosa a corto plazo que las anteriores, pues no pretende garantizar la admisión directa de la isla como estado. Tampoco propone un nuevo referéndum.

Pero, en comparación con el proyecto pro estadidad sometido por la comisionada en enero de 2017, busca adelantar cuatro años la plena anexión de Puerto Rico.

Se enfrenta, sin embargo, a las dudas que genera la baja participación del plebiscito de 2017, el corto período de sesiones que le queda al Congreso en 2018, la exclusión del debate de status de la agenda del Senado, y la reticencia que ha mostrado el presidente Donald Trump en torno a la propuesta de estadidad.

El proceso hacia la admisión de Puerto Rico como estado lo deja en manos de un Grupo de Trabajo de nueve miembros, ocho designados por el liderato legislativo (cuatro de la Cámara baja y cuatro del Senado), que deberá rendir en un plazo de 13 meses un informe al Congreso sobre cómo las leyes que no aplican al territorio de Puerto Rico o se hacen vigentes en la isla de forma diferente a los estados, deben ser “enmendadas o eliminadas” para permitir la transición hacia el trato igual de Puerto Rico, con los estados, efectivo el 1 de enero de 2021.

También deberá informar al Congreso sobre potenciales medidas económicas para asistir a Puerto Rico en la transición, ofrecer “flexibilidad en la entrada de los programas federales” y el desarrollo de la economía territorial por medio de “incentivos, arreglos contributivos y otras medidas”.

La legislación requiere, además, proponer reglas y fechas para elecciones a puestos federales en la isla, y estudiar el efecto de agregar quizá cinco congresistas a la Cámara baja federal. A menos que se aumente por ley de 435 a 440 el total de escaños en la Cámara baja, cinco estados pudieran perder representación con la admisión de Puerto Rico como estado.

Teniendo en cuenta que un Congreso no puede amarrar a otro, el proyecto de ley –que tiene el respaldo de 36 representantes federales, según la comisionada González–, establece que la ratificación de la legislación supondría “la intención del Congreso de aprobar legislación a base del informe final del Grupo de Trabajo”.

“Este es el momento. La catástrofe dejada por los huracanes Irma y María desnudaron la realidad del trato desigual hacia los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, teniendo que el Ejecutivo aprobar dispensas y el Congreso hacer excepciones en las leyes para que pudiéramos recibir ayuda”, indicó la comisionada González, en una conferencia de prensa junto al gobernador Ricardo Rosselló, el liderato legislativo de Puerto Rico y siete miembros del Congreso.

Para el gobernador Rosselló, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete, la legislación permitirá conocer “quiénes (en el Congreso) están con nosotros”. “Esto es un asunto de igualdad, de justicia y de derechos civiles”, dijo Rosselló.

Como gobierno o liderato, puede ser la primera vez desde el proyecto Young de 1998 que institucionalmente el Partido Nuevo Progresista (PNP) acoge la idea de que Puerto Rico tendrá que ser primero un territorio incorporado antes de alcanzar los plenos derechos de la estadidad.

Por medio de los Casos Insulares de principios del siglo pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, lo que supone no estar encaminado hacia la estadidad.

Bajo el territorio incorporado Puerto Rico tendría que pagar contribuciones federales sobre ingresos sin los derechos políticos de la estadidad, y la Constitución estadounidense tendría plena vigencia.

Uno de los obstáculos, que para el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), no es insalvable es qué hacer con la ley Promesa, que creó una Junta de Supervisión Fiscal para controlar las finanzas públicas de la isla y reestructurar la deuda por medio de un sistema de bancarrota judicial que solo puede existir bajo el status territorial.

Ocho de los nueve miembros del comité que se establece serían nombrados por los cuatro principales líderes del Congreso. El noveno miembro sería la persona que ocupa la comisaría residente, en este caso González.

Y el speaker de la Cámara de Representantes designaría el presidente del comité.

El proceso de enmendar leyes y ordenar una posible transición hacia la estadidad “es demasiado complicado para hacerlo directamente en una sola ley”, dijo Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico y asesora a grupos que defienden la estadidad.

La medida tiene el respaldo de Bishop y del presidente subcomité de Asuntos Insulares, Doug LaMalfa (California), quien el martes había indicado que no estaba en ese momento ni a favor ni en contra de la legislación.

El congresista LaMalfa, no obstante, dijo ayer en la conferencia de prensa convocada por la comisionada González que la medida permite que, una vez el Grupo de Trabajo presente su informe al Congreso, “tomaremos una decisión” sobre la admisión de la isla.

En el Senado, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), ha indicado que no tiene en agenda el debate sobre el status político de Puerto Rico.

Y el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que el plebiscito de 2017 –en el que un 97% de electores respaldó la estadidad, en medio de un boicot de la oposición–, tuvo una muy baja participación, 23%, para poder echar hacia delante el debate.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó en la conferencia de prensa –en la que luego de varias escaramuzas públicas con el gobernador, lo saludó en el evento–, que “este es el frente común que Puerto Rico quería ver hace mucho tiempo”.

“Quiero que mis conciudadanos puertorriqueños en la isla tengan los mismos derechos y privilegios que tengo”, dijo, por su parte, el demócrata boricua José Serrano (Nueva York), al comprometerse con la propuesta de estadidad.

Para Serrano, el proyecto pro estadidad es una forma de enfrentar al Congreso. “Si no quieren la admisión, entonces qué otra cosa, pues no queremos ser más colonia”, cuestionó, al señalar, además, que “es fácil estar en contra de la estadidad para Puerto Rico cuando se vive en los estados”.

Otros congresistas que expresaron su apoyo a la estadidad en el evento fueron los republicanos Don Young (Alaska), Don Bacon (Nebraska), Peter King (Nueva York), la delegada Amata Coleman Radewagen (Samoa) y la demócrata Stephanie Murphy (Florida).

"Me preocupo profundamente por Puerto Rico porque a mis electores les importa profundamente Puerto Rico. Pero cada miembro del Congreso debe preocuparse por Puerto Rico porque los residentes de la isla son nuestros conciudadanos. Somos parte de la misma familia estadounidense y debemos apoyarnos mutuamente", indicó Murphy.

Al salir de una audiencia del Comité de Recursos Naturales, la demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) sostuvo que la atención debe estar en “la reconstrucción de Puerto Rico”, pero dijo que estaría abierta a considerar un proceso de “libre determinación”, con otras alternativas de status.

“No sé cómo la estadidad para Puerto Rico va a resolver los problemas de Puerto Rico. Lo que va a hacer es causar problemas adicionales. El mal manejo fiscal en Puerto Rico no les hace aptos para su admisión a Estados Unidos”, dijo, por su parte, el congresista republicano Tom McClintock (California), otro miembro del Comité de Recursos Naturales que preside Bishop y examinaría la legislación. Otros dos republicanos de ese comité, Jody Hice (Georgia) y Liz Cheney (Wyoming), prefirieron no opinar.

Bishop no ha precisado cómo tramitará la legislación. “Un paso a la vez”, dijo el martes.

En San Juan, los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP) –que boicotearon la consulta de 2017–, vieron la nueva legislación pro estadidad como un proceso fútil y contradictorio.

“El PNP claudica a su ideología… llevan a Puerto Rico a lo peor de la relación (el territorio incorporado), al asumir todas las responsabilidades del estado, sin recibir los supuestos beneficios de ser un estado”, indicó el presidente del PPD, Héctor Ferrer, quien piensa que el liderato del PNP engaña a su militancia al darle esperanzas de aprobar un proyecto en una sesión a la que le quedan solo 32 días antes de las elecciones legislativas de noviembre y no ha encontrado espacio en la agenda del Senado.

Fernando Martín, presidente ejecutivo del PIP, consideró que el proyecto de la comisionada González “es un simulacro político” para “cumplir con el expediente interno del PNP”, pues el gobierno de Rosselló se enfrenta a un ambiente hostil, “cuando no indiferente, después del plebiscito del año pasado”.


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