La Junta de Supervisión Fiscal podría  tomar acción contra las firmas o individuos que pudieron  incumplir con sus deberes a la hora de estructurar la deuda de la isla. (GFR Media) (horizontal-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal podría tomar acción contra las firmas o individuos que pudieron incumplir con sus deberes a la hora de estructurar la deuda de la isla. (GFR Media)

Por primera vez desde que el gobierno de Puerto Rico invocó el Título III hace un año, surgió la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pueda tomar acción contra las firmas o individuos que pudieron errar o incumplir con sus deberes a la hora de estructurar la deuda de la isla.

Ese escenario salió a relucir formalmente ayer cuando en un intento por frenar una investigación de parte del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), el abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Peter Friedman, pidió a la magistrada federal Judith Dein aguardar a que el investigador independiente que indaga en las causas del colapso financiero de Puerto Rico termine la pesquisa y esperar que el organismo federal decida si procederá con alguna causa de acción luego del informe. Ello, antes de que el gobierno tenga que continuar compartiendo documentos y datos sobre el proceso de emisión de deuda con los comités de acreedores que negocian en los casos de Título III.

Las expresiones de Friedman, socio en O’Melveny & Myers, se produjeron durante una audiencia sobre el renovado pedido del UCC, organismo que busca investigar, por separado, las razones para el colapso financiero de Puerto Rico. La vista se celebró en la sala que preside la magistrada Dein en la corte de distrito federal en Boston y se transmitió vía circuito cerrado en la corte de distrito federal en Hato Rey. Dein asiste a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en los casos de Título III.

Según Friedman, quien expuso sus argumentos en representación de la Aafaf y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), continuar compartiendo información con los comités de acreedores sería el equivalente a otorgar a estos “una licencia para gastar un montón de dinero” y para un propósito “altamente incierto” cuando tocaría a la JSF determinar si procede tomar alguna acción con respecto al proceso que se siguió para emitir la deuda de la isla.

Durante la audiencia, se reafirmó además que, siguiendo una orden previa de Dein, el BGF había compartido información con el UCC y el Comité Oficial de Retirados (COR).

“Dejemos que salga el informe”, dijo Friedman al agregar que, al presente, el gobierno ya comparte información a través de otros pedidos de información financiera autorizadospor la corte, por lo que en este caso, sería un acto de “derroche e ineficiencia”.

Diez meses de espera

Desde octubre del año pasado, la JSF –en virtud de la sección 104 de Promesa– nombró un comité independiente para indagar en las causas del colapso financiero de Puerto Rico. Dicho comité contrató, a su vez, a la firma Kobre & Kim para realizar la pesquisa.

Unos dos meses antes, sin embargo, el UCC había solicitado a la corte autoridad para investigar la deuda de la isla alegando que el grupo tenía la encomienda de discernir si se emitió deuda de manera contraria a la ley e identificar a laspersonas o entidades que incurrieron en tales prácticas.

Ante los esfuerzos que encausaba la JSF la jueza Taylor Swain denegó, en noviembre pasado, el pedido del UCC bajo la regla 2004 del Código de Quiebras. Kobre & Kim se comprometió entonces a completar su pesquisa en unos seis meses.

En abril pasado, el abogado a cargo de la pesquisa en Kobre & Kim, John D. Couriel, indicó que el informe no estaría listo hasta este verano y al ofrecer algunos hallazgos preliminares, sostuvo que “no estamos interesados en señalar con el dedo”.

“Buscamos encontrar formas en las que Puerto Rico pueda regresar a los mercados financieros y tomar medidas constructivas”, indicó Couriel entonces.

Ayer, el abogado de Kobre & Kim, D. Farrington Yates, reveló que el informe estaría listo hacia “el final del verano”.

De inmediato, el abogado principal del UCC, Luc A. Despins, pareció interpretar las expresiones de Yates como otro retraso en el proceso de investigar la deuda de Puerto Rico –la estación del verano termina para finales del mes de septiembre– y pidió a Dein que tomara nota de ello. La moción radicada por Despins contempla que la pesquisa del UCC debía comenzar para el próximo 15 de agosto.

Cambio de postura y tecnicismos

Yates se reafirmó en que el informe de Kobre & Kim estaría listo para finales del mes de julio y que, en o antes del próximo 3 de julio, se presentaría a la corte una moción para que ese foro autorice que toda la evidencia recopilada se custodie en un lugar específico y se provea un mecanismo para que las partes interesadas puedan acceder a esta.

Sin embargo, en lo que representa un cambio de postura, en el informe que Farrington presentó a Dein con motivo de la audiencia de ayer, la firma establece que presentará “un plan de salida” de la investigación y que el documento proveerá “una discusión abarcadora de acciones y avenidas para la recuperación” de fondos, si es el caso.

Según Farrington, la firma se propone consultar dicho plan de salida, así como el procedimiento que sugerirá a la corte para custodiar y acceder a la evidencia recopilada con los comités de acreedores antes de presentar.

Farrington explicó que para divulgar el informe a la corte, la JSF ponderaba dos caminos, pues la investigación de la deuda se lleva a cabo en función del Título I de Promesa y no en el contexto del Título III del estatuto federal.

Si se radica bajo el Título I de Promesa, la JSF informaría al tribunal radicando el documento ante la corte de distrito de Puerto Rico y ahí tendría que comenzar un proceso judicial, para que el asunto se traslade a la jurisdicción de Swain y Dein, que son las juezas a cargo de los casos de Título III. La otra opción que pondera la JSF es radicar el informe bajo el Título III.

En síntesis, Kobre & Kim investiga la deuda de la isla partiendo de la encomienda establecida por el Congreso en el Título I de Promesa. La investigación que llevaría a cabo el UCC se da en el contexto del Título III, que es el mecanismo parecido a la bancarrota que invocó Puerto Rico.

Ordena cooperar al BGF

Sin embargo, para Despins, la colaboración a la que Farrington y Friedman hicieron referencia ha sido una dinámica a medias.

El abogado del UCC explicó que en realidad el BGF proveyó al UCC y al COR acceso a los documentos que fueron del interés de Kobre & Kim, pues estos partían de términos de búsqueda previamente definidos para los fines de la pesquisa de la firma, y no un acceso pleno a toda la documentación vinculada con la emisión de deuda de la isla.

Despins catalogó como “un atolladero procesal” el curso de acción que pondera la JSF para divulgar el informe a través del Título I de Promesa y criticó al gobierno por intentar establecer un mecanismo para reservarse la protección de documentos.

En esencia, el UCC parece caminar en contra del reloj, pues ya ha transcurrido un año desde la radicación de los casos de Título III y a lo sumo habría otro año adicional para efectuar la pesquisa y luego determinar si procede radicar causas de acción contra terceros.

Para el UCC, hay urgencia de encausar una pesquisa cónsona con las encomiendas que se le dieron como representante de todos los acreedores del gobierno central.

Sin embargo, ayer Despins destacó que el gobierno continúa invocando argumentos para no compartir información y salió a relucir que todavía, prácticamente casi ocho meses después del inicio de la pesquisa de la JSF, el gobierno no ha firmado un acuerdo de confidencialidad para colaborar con los comités de acreedores.

Ante las circunstancias, Dein instruyó a Friedman a que el BGF no retrase más el acuerdo de confidencialidad para cooperar con los comités de acreedores y que se estableciera alguna provisión para aquellos documentos que interesaba proteger.

La magistrada también ordenó a los abogados a reunirse para asegurarse de que el plan de salida que presentará Kobre & Kim refleje las inquietudes de las partes e instó a cumplir con las fechas programadas. La decisión ulterior sobre la moción del UCC para investigar la deuda se tomaría en el contexto de la audiencia general de los casos de Título III para el mes de julio, indicó Dein.


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