El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, compareció ante el subcomité de Investigaciones de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. (GFR Media) (semisquare-x3)
El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, compareció ante el subcomité de Investigaciones de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Washington.- En una comparecencia ante el Congreso, el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, detalló esta mañana algunos tropiezos que ha tenido el acceso de la isla a los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

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Debido a que no es un programa permanente, reglamentado por ley, el lenguaje legislativo “puede estar a merced de las preferencias políticas del liderazgo político del momento”, indica Gil Enseñat en la ponencia que presentó ante el subcomité de Investigaciones de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

En el caso de Puerto Rico, Gil Enseñat sostuvo que los requisitos han incluido “múltiples notificaciones de registro federal” y planes de acción.

Aunque mantiene un tono cordial hacia HUD, que controla los casi $20,000 millones asignados a Puerto Rico por medio de CDBG-DR tras la devastación causada por el huracán María, Gil Enseñat relató que debido a un nuevo liderazgo “programas aprobados en julio de 2018 se revirtieron en marzo de 2019”.

“Eso ha sido frustrante, pero trabamos muy bien con nuestros socios en HUD y estamos en acuerdo sobre el camino hacia delante”, agrega, aunque resalta que “perdimos algún tiempo debido al cierre parcial” del gobierno federal.

Hasta el momento, HUD solo ha autorizado el desembolso de $1,507 millones en fondos CDBG-DR. El plan de acción sobre una segunda partida de $8,221 millones fue aprobado a finales de febrero, pero aún se espera por el desembolso.

La sesión del subcomité de Investigaciones persigue discutir un borrador de legislación que propone hacer permanente la estructura del programa CDBG-DR.

HUD suele manejar el programa CDBG, que en Puerto Rico normalmente administran los municipios.

Pero, el programa dirigido a atender desastres es creado temporalmente por el Congreso luego de desastres naturales como los ocurridos en 2017.

Un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO), divulgado ayer, reconoce la necesidad de que el programa CDBG-DR cuente con normas permanentes.

Pero, también destaca que HUD ha tenido problemas de personal para llevar a cabo estas tareas, después de los desastres de 2017, como el huracán María.

“Solo puedo imaginar que fondos adicionales ayudarían a HUD a construir la capacidad interna y proveer mejor supervisión”, indica el secretario Gil Enseñat en su ponencia.

Con respecto a la legislación que estudia el subcomité de Investigaciones, Gil Enseñat aboga por mantener la flexibilidad del programa.

En ese sentido, cuestiona que se pueda exigir a HUD determinar cuál es la distribución equitativa entre las actividades a financiar y su impacto geográfico, a base de los datos de FEMA y la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA).

Los gobiernos que reciben las subvenciones “deben estar autorizados a determinar el modelo de recuperación apropiado para sus jurisdicciones, a base de los datos de la información local y el acercamiento de las partes interesadas”, sostiene Gil Enseñat.



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