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El grupo de estudio acentuó que el futuro económico de Puerto Rico está estrechamente vinculado a que ocurra con la AEE. (GFR Media)

Washington -  La ley que impulse la privatización de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se aprobó sin buscar reformas de la oficina a cargo de comprar  combustible, a través de la cual se ha adquirido  principalmente petróleo de baja calidad a muy altos precios, según el grupo de estudio Instituto de Economía Energética yAnálisis Financiero (IEEAF).

El asunto cobra mayor importancia cuando se tiene en cuenta, según un informe de la IEAAF, que entre 2002 y 2017 “las compras de combustible de AEE (mayormente petróleo) totalizaron $27,700 millones”.

Según IEAAF, los costos de combustible han representado entre 39% y 61% de los gastos operacionales anuales de la AEE.

“Las compañías petroleras y comerciantes que recibían las ganancias en efecto controlaban las operaciones de AEE durante décadas— y de hecho todavía lo hacen— beneficiándose de la corrupción y la negligencia administrativa a un nivel que todavía no se entiende bien fuera de Puerto Rico”, sostuvo.

La IEEAF, con oficina en Cleveland (Ohio), cuestionó que los problemas de la AEE en torno a la adquisición y contratación, pese a los problemas identificados en un reciente informe del Senado de Puerto Rico, no fueran abordados en la ley de privatización que busca transformar la AEE.

“En su lugar, la nueva ley y otras reformas de contratación estimuladas por una orden ejecutiva de 2017 proveen una apertura nueva para que intereses de combustibles fósiles externos continúen efectivamente controlando AEE”, agrega el informe.

El grupo de estudio acentuó que el futuro económico de Puerto Rico está estrechamente vinculado a que ocurra con la AEE, pero que ni siquiera la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas del gobierno de la Isla ha intervenido en el asunto en su plan fiscal o el presupuesto para el año fiscal vigente.

“La ley adoptada en junio de 2018 para privatizar AEE mediante una serie de ventas de activos y concesiones se debe entender en el contexto de la lucha de la industria petrolera por mantener su control político y económico sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico”, indica el informe.


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