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Miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media)

Después de meses de desacuerdos públicos, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) rindió cuentas hoy ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre cómo esa agencia sombrilla ha implementado el Plan Fiscal.

El secretario del DSP, Héctor Pesquera, y los comisionados de los siete negociados que integran la agencia realizaron sus respectivas presentaciones ante la JSF en el Centro de Convenciones.

Semanas después de una fuerte carta de la JSF con cuestionamientos hacia su administración, Pesquera dijo ayer no solo estarán listos para presentar la situación de cada negociado, sino para contestar cualquier pregunta de la JSF.

En cambio, indicó que no llegará con la intención de hacer algún tipo de reclamo, pues en el pasado le ha atribuido a la JSF limitaciones presupuestarias para atender necesidades en la dependencias que dirige.

“Voy a hacer una presentación global de los negociados. Cada negociado presentará las partes que les corresponden. Espero que venga el diálogo, entonces… interactivo, para que los miembros de la JSF pregunten y nosotros contestar”, sostuvo Pesquera.

Agregó que “el año pasado levantamos bandera basado en que los presupuestos que íbamos a tener eran insuficiencias en los negociados… Han habido altas y bajas durante el año… Se han ido más de los que esperábamos, lo cual ayuda por un lado porque da un superávit a la nómina, lo que me permitió pasar dinero a los bomberos”.

“No quiero hablar por la junta pero me parecería que la Junta estaría viendo que hay un plan fiscal, un plan para buscar ahorros en las agencias”, abundó. “Supongo que me van a preguntar dónde estamos y a dónde vamos”.

Implementación atrasada

El funcionario dijo que el DSP “no está en el punto que quisiéramos”, lo que atribuyó a la interrupción causada por el huracán María, pues un mes después del fenómeno atmosférico era que entraba en efecto que creó la sombrilla.

Destacó, además, que la agencia fue creada sin un presupuesto ni una estructura para absorber las demás agencias, lo que se aprobó “hace tres semanas”.

“Mucho peor cuando entra la Junta a reducir los presupuestos de los negociados.Si no se hubieran ido los policías no hubiera existido el buffer”, manifestó.

Añadió que el DSP empezó “con cero presupuesto” y que pese a “la mejor intención” cuando fue creada su ley orgánica, no pudo apoyarse en los presupuestos de los siete negociados porque “cuando la Junta entró los cortó”.

Al citar la vista, la JSF explicó que los planes de implementación destacan “una serie de objetivos e indicadores de rendimiento para mejorar la confiabilidad y calidad de los servicios públicos”.

El DSP está obligado a proveer un plan de implantación anual para cada uno de sus siete negociados. No obstante, hasta ahora, solo ha provisto el de la Policía.

El DSP está compuesto por: Policía, Bomberos, Investigaciones Especiales, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias y 9-1-1.

Cuestionamientos públicos

En una carta publicada el mes pasado, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, cuestionó a Pesquera las determinaciones y movidas presupuestarias que se han realizado en el presente año fiscal, así como la falta de información y transparencia que persiste en la dependencia a sabiendas de la necesidad de personal que enfrenta.

Además, le recordó que las peticiones de reasignaciones presupuestarias se hacen por escrito y le dijo estar “desconcertada” con sus reclamos de que está en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado.

Jaresko le señala a Pesquera, además, que en una carta suya enviada al ente federal obvia algunas de las reuniones y solicitudes de información que se han atendido.

“Es sumamente fácil, y casi resulta popular, culpar a la Junta de Supervisión por todos los retos fiscales de Puerto Rico, y acusarnos de trabajar en el interés de los bonistas. Los problemas que Puerto Rico enfrenta hoy se deben a décadas de irresponsabilidad fiscal”, expuso Jaresko.

“Seguramente usted entenderá que declaraciones generalizadas, anuncios públicos, cartas individuales de agencias, entrevistas de prensa u otros pronunciamientos no son, ni serán considerados como una solicitud del Gobierno para una reasignación presupuestaria”, señaló Jaresko.

La oficial de la JSF fue más allá y en la misiva de seis páginas establece que el DSP no ha entregado los planes de implementación de seis de las agencias que están bajo la sombrilla y en el caso del Negociado de la Policía -que sí cuenta con un plan de implementación- no han logrado los ahorros proyectados.

“Sin estos planes, no se puede mirar a los requerimientos del Plan Fiscal Certificado o del Presupuesto Certificado de una agencia y determinar cuán cerca o lejos se encuentra, o siquiera estar al tanto de sus responsabilidades fiscales y de transformación”, expresó Jaresko.

Mientras, en una reunión con los comisionados el pasado 5 de febrero, no pudieron precisar el número de oficiales de la Policía al 1 de julio de 2018.

“Sin este nivel de detalle y transparencia, no es posible que usted pueda manejar su presupuesto de manera efectiva, nila Junta de Supervisión podrá analizar efectivamente las peticiones de reasignación de fondos”, dijo Jaresko.

La directora ejecutiva del ente creado por la ley federal Promesa cuestionó, igualmente, la determinación de “gastar” $10 millones de fondos no presupuestados en el pago del Bono de Navidad “a sabiendas” de que pondría en riesgo la habilidad de cumplir con la necesidad de personal que enfrenta la dependencia.

“El DSP pagó un bono de Navidad –en una cantidad de $10 millones aproximadamente– aduciendo, en ese momento, que se habían identificado ahorros para cubrir ese gasto incremental. Aparentemente, ese no parece ser el caso, ya que ahora reclama que esos valiosos fondos son necesarios para cumplir con otras necesidades de personal”, señaló Jaresko.

Las expresiones de la directora ejecutiva de la JSF tuvieron lugar en respuesta a una misiva enviada el 8 de agosto de 2018 por Pesquera, en la que enfatizó en la necesidad de fondos para personal en la Policía.

Otra decisión señalada por Jaresko fue la transferencia de $499,221 del Negociado de la Policía a los Bomberos a pesar de que públicamente habían señalado la falta de fondos para personal en el cuerpo policiaco.

“Sin embargo, la directora de Finanzas interina del Negociado de la Policía proveyó una certificación indicando que, a pesar de esta reasignación, esta instrumentalidad tendría suficientes fondos para terminar el año fiscal con un presupuesto balanceado”, señaló Jaresko.

“No queda claro ni que los fondos presupuestados para personal son insuficientes, ni que el DSP sabe cuál es el estatus de su presupuesto para personal, relativo a sus necesidades de gastos”, puntualizó.

Sostuvo que el DSP carece de un presupuesto balanceado, planificación financiera y transparencia, herramientas necesarias para fijar responsabilidad fiscal.

En la carta Jaresko señala, además, las “numerosas acciones” de la JSF que para darle prioridad la seguridad pública.

Entre esas acciones está el aumento de $1,500 anuales a los policías para el presente año fiscal, la aprobación de solicitudes de reasignación de fondos dentro del DSP, la inclusión de $14 millones en el presupuesto del año fiscal 2019 para la contribución patronal al Seguro Social de los agentes y el pago de ajuste de nómina adeudado a la Uniformada de $122 millones anuales por tres años, el cual “ni tan siquiera estaba incluido en el presupuesto propuesto por el gobierno para el año fiscal 2019”.


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