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El gobernador Ricardo Rosselló activó la Guardia Nacional para llevar carga a las islas municipio. (GFR Media)

A pesar de que Puerto Rico Fast Ferries aparenta no haber cumplido a cabalidad el contrato suscrito con el gobierno para reforzar la transportación marítima entre la isla grande con Vieques y Culebra, la compañía figura entre las cinco empresas evaluadas para que se le confiera a una de ellas la operación mediante una alianza pública privada del servicio por espacio de 23 años.

En una vista pública esta mañana de la Comisión Conjunta de las Alianzas Público Privadas, el senador popular Aníbal José Torres trajo a colación que esta compañía, contratada en julio pasado mediante un mecanismo de declaración de emergencia a razón de $15 millones para suplir cuatro embarcaciones, incluyendo dos de carga, no ha podido transportar carga hacia las islas municipio por falta de una rampa especial.

Las cuatro naves se utilizan solo para transportación de pasajeros.

La directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Y. Pérez, dijo que la semana que viene se solucionará el problema y que dos de las naves llevarán carga a Vieques y Culebra.

“Si no han podido cumplir con ese contrato, ¿cómo van a cumplir con un contrato que requiere mayor capacidad?”, cuestionó Torres frente a Pérez y el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero.

El contrato con Puerto Rico Fast Ferries se firmó durante la administración en la ATM de Luis Abreu. Sin embargo, a preguntas de la prensa, ni Pérez ni Marrero fueron responsivos sobre si entendían que el aparente incumplimiento de Puerto Rico Fast Ferries ameritaba la imposición de multas.

Torres también alertó en su turno de preguntas cómo un contrato otorgado por Abreu a la empresa SQR Arquitects and Engineers Consulting, inicialmente valorado por $831,000 para reparaciones en los muelles de Vieques y Culebra, fue enmendado en dos ocasiones por sumas adicionales de $784,000 y $933,872 “y el problema de inundabilidad de los muelles continúa”.

Torres indicó que las enmiendas al proyecto, por un valor superior al 25% del valor original, requerían la realización de una subasta.

“Al día de hoy, la declaración de emergencia que dio paso al contrato no ha resuelto el problema”, dijo Torres.

Pérez sostuvo que el contrato se firmó antes de que ella llegara a la dirección de la ATM, por lo que el presidente de la comisión, Larry Seilhamer, le solicitó que entregara en un plazo de 15 días el itinerario para culminar la obra por la que fue contratada la compañía.

En un aparte con la prensa, ni Pérez ni Marrero pudieron contestar si alguna de las dos empresas había sido objeto de alguna multa.

“Hay que investigar sino han cumplido”, dijo Pérez a preguntas de El Nuevo Día. “Hay unos permisos que se tenían que dar y tan pronto se cumplan con esos requisitos estaremos en posición para permitir el atraque en esos muelles”, intervino Marrero.

Según el itinerario de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, tan pronto como en abril se estaría seleccionando la empresa que opere la concesión de transportación marítima y el contrato se estaría firmando ya para julio. Sin embargo, el contrato con Puerto Rico Fast Ferries vence en mayo, lo que dejaría el servicio de lancha desprovisto de las cuatro embarcaciones del privatizador mientras entra la empresa seleccionada.

“Estamos evaluando diferentes alternativas para atender la situación”, dijo Pérez al explicar que una alternativa sería extender el contrato de Puerto Rico Fast Ferries. No dijo por cuánto tiempo ni a qué costo.

Al finalizar la vista, Marrero aseguró que la empresa seleccionada para la operación del sistema de transportación se expondría a pago de multas si no cumple con los requisitos específicos del contrato, como mantener una cantidad mínima de embarcaciones operando en todo momento.

“En el contrato de Alianza Público Privada se incluye que la compensación estará sujeta al desempeño. Así que en la medida en que no se cumpla el trabajo bajo los requerimientos del contrato, que no está finiquitado y va a depender de las propuestas que nos sometan y de nuestros propios requisitos, habrá mecanismo para penalizarlos penalizaros y, en el peor de los casos, asumir el servicio nuevamente”, sostuvo Marrero.

En la vista pública se indicó que un estudio de necesidad arrojó que los no residentes de las islas municipios pagarían una tarifa $11.25 y que esta cifra se alcanzó tomando en cuenta que supuestamente “la mayoría” del 70% de los usuarios -que son no residentes- de las lanchas tienen ingresos mayores a los $50,000 anuales.

Preguntado Marrero sobre qué mecanismos tendría una empresa privatizadora para aumentar la tarifa, contestó que no se le estará reconociendo esa potestad al concesionario.

“Se tiene que ir por la Ley de las Alianzas Público Privadas y esa facultad (de aumentar tarifas) permanece en el lado gubernamental”, afirmó Marrero, quien argumentó que sería prematuro estimado cuándo la compañía que se quede con la concesión del servicio tendría la primera oportunidad para solicitar un ajuste en la tarifa.

“Estamos en la tapa de esperar por las propuestas de los privados. Entonces se analizará la estructura financiera, el subsidio y un incremento de tarifa”, dijo Marrero.

De hecho, aunque el gobierno sostiene que el erario gozará de un ahorro de $223 millones con una concesión a 23 año del servicio de transportación marítima, ni Marrero ni Pérez pudieron calcular a cuánto bajaría el pago anual del Estado a la privatizadora para operar el sistema. Ese pago anual actualmente es de $30 millones.

“En estos momentos eso es prematuro”, dijo Marrero.

Cuando se le recordó que sí podían hacer un cálculo del ahorro, contestó que esa cifra de $223 millones se basa en una “expectativa de reducción del subsidio” que sale de un estudio de viabilidad.

“Se basa en unas presunciones que se van a validar ahora en el proceso de solicitud y propuesta. Pero para nosotros la prioridad es tener un servicio de calidad. Una vez tengamos el servicio de calidad, queremos ver cómo podemos ser eficientes a nivel del Fondo General para reducir el subsidio, pero la prioridad no es el subsidio”, dijo Marrero.

Pérez indicó que ofrecer una cifra sobre a cuánto aspira el gobierno que debe ser el ahorro anual implicaría ofrecerles a las compañías que compiten por el contrato información que no deben recibir en estos momentos.

“Es mejor que recibamos las propuestas y podamos ver y evaluar con los cinco proponentes cuál va a ser la subvención”.


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