A la izquierda, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados. (semisquare-x3)
A la izquierda, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados. (Luis Alcalá del Olmo)

Más de 30 organizaciones representativas del sector religioso, la academia, los derechos humanos y la comunidad homosexual advirtieron hoy que la aprobación del proyecto de ley que busca fijar la política pública sobre la libertad religiosa incrementará el discrimen contra la comunidad LGBTT.

Cuestionaron, además, la determinación del gobernador Ricardo Rosselló de radicar el proyecto de libertad religiosa, así como el que eliminaría las terapias de conversión. Estas dos medidas sustituyen las piezas legislativas previas que, sin consensos, buscaban los mismos objetivos. La iniciativa sobre la libertad religiosa había sido vetada por el gobernador, mientras que la pieza que prohibiría las terapias de conversión fue engavetada en la Cámara de Representantes.

“Si se aprueban estos proyectos aquí va a haber, primero, un aumento en el discrimen. Hay personas que van a ir a oficinas del gobierno y ese funcionario a partir de ese proyecto de ley va a poder decir: ‘Yo a ustedes no le voy a conceder lo que están pidiendo’ y eso va a aumentar el sufrimiento de innumerables personas”, dijo el teólogo Luis Rivera Pagán, quien también anticipó la radicación de “innumerables controversias legales”. 

“Esto es un intento de utilizar instituciones religiosas para justificar prácticas de discrimen que ya hemos decidido que son injustas, nosotros, no creemos en la desigualdad, en el discrimen ni en la inequidad”, abundó Rivera Pagán.

La licenciada Amárilis Pagán Jiménez del proyecto Matria, por su parte, indicó que, aunque el proyecto de libertad religiosa – en el Senado el 1253- se ha dicho que solo aplicará al ámbito gubernamental, contiene cláusulas que extenderían la protección al sector privado. “Las entidades que reciben fondos del gobierno mediante donativos o contratos podrían mantener actividades religiosas con fondos públicos y discriminar en la contratación de empleados”, planteó.

Sobre el Proyecto de Senado 1254 que atiende las terapias reparativas, Pagán explicó que la prohibición solo aplicaría a los profesionales de salud mental, según definidos en la Ley 408, lo que deja abierta la puerta a que el sector religioso siga proveyendo las mismas. “Se está autorizando a que padres y madres autoricen las terapias de conversión en sus niños y niñas menores de edad…podríamos ver a jóvenes de 20 años sometidos a terapias de conversión porque sus madres y padres lo autorizan y lo triste es que serían terapias de conversión ofrecidas por cualquier quincalla de esquina”, sentenció Pagán Jiménez.

El pastor Adolfo Santana de la Iglesia Presbiteriana “Nos parece que es un tipo de acercamiento como sociedad a un abierto discrimen ante lo cual nos oponemos cabalmente”,señaló el profesor adjunto de Seminario Evangélico de Puerto Rico.

El grupo también resaltó que los proyectos no fueron creados desde el consenso, como anunció el Primer Ejecutivo. Igualmente, a través de los portavoces, indicaron que ambas medidas no pueden mirarse independiente del proyecto que crea el nuevo Código Civil, el cual se mantiene bajo discusión legislativa.

“El proyecto de terapias reparativas está autorizando y legalizando el maltrato infantil de las niñas, niños y jóvenes de la comunidad LGBTT”, dijo Pagán Jiménez. 

Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, sostuvo que las propuestas ante la consideración de la Asamblea Legislativa tienen el elemento en común de que atenta contra los derechos civiles y humanos. “Ciertamente, nos preocupa que el proceso de aprobación de legislación pudiera darse mediante mecanismos ejecutivos, que niegan la posibilidad de que esta amplia oposición sea expresada de manera pública”, señaló el abogado.

Sostuvieron que la movida anunciada por Rosselló es una que tiene como génesis los resultados de las elecciones del 2020. Pagán Jiménez dijo que la movida del gobernador de revivir los temas es una “demagogia que es repudiable por todos nosotros”.

“Lo único que podemos entender es que haya un terror a nivel de Fortaleza y tal vez de algunos integrantes de la Legislatura a sufrir un backlash por haber adelantado algunos derechos a favor de la libertad religiosa real y de la separación de iglesia y estado, pero que es también un terror infundado”, agregó Pagán Jiménez.

Sobre las próximas movidas, Pagán Jiménez indicó que continuarán educando a la comunidad, así como acercamientos a la Legislatura. “El consenso nuevamente es un consenso contundentemente en contra de estos dos proyectos de ley…la consigna es que esos proyectos de ley no pasarán”, dijo la activista.


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