El Departamento de Hacienda no concedió una entrevista para explicar las razones para la reducción en los recaudos por la venta de sellos y comprobantes que se ha reportado en la isla durante los pasados años. (GFR Media) (horizontal-x3)
El Departamento de Hacienda no concedió una entrevista para explicar las razones para la reducción en los recaudos por la venta de sellos y comprobantes que se ha reportado en la isla durante los pasados años. (GFR Media)

Mientras los ingresos netos al Fondo General por concepto de sellos y comprobantes se han desplomado casi en 73% los pasados 12 años, OPG Technology Corp., el agente autorizado por el gobierno para gestionar ese tipo de impuestos, alega haber logrado beneficios tanto para el fisco como para sus propietarios.

Según un informe de OPG Technology ante el magistrado federal Bruce McGiverin, el sistema de sellos y comprobantes implementado por la firma del empresario Orlin P. Goble, que cuenta con una red de 700 puntos de venta en todo Puerto Rico, contribuyó a que, entre el 2008 y el 2016, se levantaran unos $555 millones en beneficio del Departamento de Hacienda.

Sin embargo, los avances que ha logrado la empresa tecnológica en su alianza con Hacienda no necesariamente han supuesto más ingresos al fisco, pues, según los documentos, a pesar de que ha habido un aumento en el número de transacciones, el valor monetario de estas no ha seguido la misma tendencia.

Mientras que en el año fiscal 2009, OPG procesó $11.4 millones en recibos de sellos y comprobantes con 80,472 transacciones, en el año fiscal 2016, la compañía logró ventas por $104.6 millones efectuando casi 4.2 millones de transacciones en su sistema.

En contraste, entre los años 2013, 2014 y 2015, los ingresos brutos de OPG, según el documento, rondaron en promedio unos $4 millones anuales. En esos mismos tres años, el ingreso promedio que OPG recibió por cada transacción efectuada fue de 70 centavos, 72 centavos y 75 centavos, respectivamente. Según los documentos de la empresa en el Departamento de Estado, la compañía se dedica principalmente a la venta de sellos y comprobantes.

En el año fiscal 2018, la venta de sellos y comprobantes dejó en el neto poco más de $54 millones al Fondo General, según datos de Hacienda. La cifra ronda una cuarta parte de los ingresos que la agencia registraba para el año fiscal 2007.

Fuentes del sector financiero adjudican la baja en los ingresos de sellos y comprobantes en el Fondo General a la crisis económica y la merma en la compraventa de propiedades.

Silencio de Hacienda y OPG

El pasado domingo y ayer, El Nuevo Día solicitó a Hacienda que algún funcionario explicara las razones para el descenso de los recaudos por sellos y comprobantes, una partida que llegó a aportar más de $200 millones al fisco cada año, pero al cierre de esta edición, no había recibido respuesta.

De igual forma, ayer, este diario solicitó una entrevista a OPG para discutir la diferencia en tendencias entre los ingresos que recibe Hacienda y los beneficios que ha registrado la empresa, así como otros señalamientos e información provista por la compañía en documentos judiciales, pero no recibió respuesta.

En un intento por obtener la entrevista, El Nuevo Día acudió a la dirección física que OPG inscribió en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, pero allí no había oficina alguna; lo que opera es un correo. También este medio acudió al Atrium Plaza, dirección previa que aparece en los documentos corporativos, pero allí, la recepcionista informó que la empresa ya no utiliza sus servicios de arrendamiento aunque su nombre todavía aparece en el directorio.

La información provista por OPG en el tribunal es el primer atisbo que se tiene sobre el alcance de la privatización de este servicio que entró en vigor en 2006 para atender los retos del gobierno con la venta de sellos y comprobantes.

El acuerdo con OPG se ha mantenido bajo siete jefaturas en Hacienda. Desde marzo de 2017, luego que así lo aprobara el entonces secretario de Hacienda y vuelto a renominar al cargo, Raúl Maldonado Gautier, se ha convertido en un contrato de exclusividad a 10 años a favor de la firma.

Ello, a pesar de que en enero de 2014, una opinión del secretario interino del Departamento de Justicia, Rafael Ortiz Carrión, concluyó que el pacto entre OPG y Hacienda era contrario a las leyes vigentes y, por ende, “nulo e ineficaz” y mientras sale a la luz que persiste un patrón de fraude en torno a la venta de sellos y comprobantes en Puerto Rico.

Dicho esquema de fraude, según indicó OPG a este diario por escrito la semana pasada, fue alertado por la propia empresa a Hacienda a finales del año pasado y le cuesta al fisco unos $20 millones al año, según la compañía tecnológica.

Los datos de la gestión de OPG como agente autorizado exclusivo para vender sellos y comprobantes de rentas internas fueron divulgados en corte, pues un sindicato de seguros de Lloyd’s of London -e integrado por Aegis London, Sompo Canopius y Axis Management Agency- ha demandado a OPG negándose a pagar una reclamación de seguros asociada con el huracán María. OPG reclama una indemnización de unos $1.6 millones.

De acuerdo con los documentos en corte, para septiembre de 2017, OPG experimentó una falla en su plataforma de venta de sellos, una vez el huracán María afectó Puerto Rico y destrozó las instalaciones de Hacienda, en Puerta de Tierra. La solución informática de la empresa operaba, en ese momento, desde los servidores de Hacienda.

Según la demanda del sindicato (ahora llamado Cosmos), OPG solicitó una cubierta de seguros para “un evento de infraestructura no planificado” el 10 de julio de 2017, seguro que le fue otorgado.

Sin embargo, alegan las aseguradoras, OPG pagó su cubierta de seguros unos dos meses después del paso del huracán.

OPG ha negado ese argumento y asegura que ha pagado más de $300,000 en primas de seguro y nunca ha presentado una reclamación.

Laura M. Quintero colaboró con esta nota.


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