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La Comisión de Gobierno de la Cámara atenderá los 27 proyectos de ley presentados por Aponte Hernández sobre la descolegiación. (GFR Media)

Los colegios de Peritos Electricistas y de Médicos Cirujanos se sumaron ayer a las organizaciones que se oponen al paquete de medidas legislativas que buscan eliminar las colegiaciones compulsorias.

“Nos oponemos tenazmente al proyecto porque va destinado a destruir todos los colegios en la isla, y eso va a dejar al pueblo de Puerto Rico sin una serie de servicios que estamos dando”, dijo Antonio Ortiz Betancourt, presidente del Colegio de Peritos Electricistas.

Ortiz Betancourt recordó que su colegio sirve como foro administrativo para atender querellas contra sus miembros. Cuestionó, además, si las juntas examinadoras tienen el tiempo o el personal para realizar esa labor.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, no solo se opuso a nombre de los médicos, sino como presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales.

Según Ramos, el gobierno tendría que asignarles $50 millones a las juntas examinadoras para que hagan el trabajo de estos colegios. También, recordó cómo diferentes colegios, como los de Plomeros y Peritos Electricistas, cada año pagan al Estado entre $2 millones y $3 millones en sellos que son revendidos a su matrícula.

Ramos recalcó que los colegios funcionan como brazos operacionales de múltiples agencias de gobierno como los departamentos de Salud, Estado y Asuntos del Consumidor. Indicó, además, que los colegios han asumido tareas que corresponden al gobierno, como la educación a la ciudadanía en diversos ámbitos.

“José Aponte (Hernández) no entiende la función de los colegios”, dijo Ramos en referencia al autor de 27 proyectos de ley para eliminar las colegiaciones compulsorias.

Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo a El Nuevo Día que la Comisión de Gobierno de ese cuerpo atenderá en vistas públicas los 27 proyectos de Aponte Hernández.

En un breve intercambio con este diario, Méndez contestó con un “ninguno” cuando se le preguntó si le preocupaba el contenido de alguno de estos proyectos, a los que se han unido como coautores otros 13 representantes de mayoría.

En los proyectos, Aponte citó jurisprudencia en que se faculta al Estado a regular y controlar ciertas profesiones. Además, hizo referencia a cómo, en una decisión del 2011, el Tribunal Supremo determinó que la colegiación compulsoria de una clase profesional crea “una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados”.

“Siempre y cuando se salvaguarde el profesionalismo de cada profesión, lo veo bien dijo”, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro.

Señaló que lo han llamado dentistas, barberos y optómetras que buscan descolegiarse.


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