La decisión de Swain pone fin al pedido de certificación que en febrero pasado radicó la agente de Cofina. (GFR Media) (horizontal-x3)
La decisión de Swain pone fin al pedido de certificación que en febrero pasado radicó la agente de Cofina. (GFR Media)

La jueza Laura Taylor Swain ha determinado este jueves que no necesita la intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico para determinar a quién pertenece el Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

Según Swain, aunque los asuntos planteados por las partes que intervienen en la disputa por la pertenencia del IVU son noveles y “de gran importancia para el pueblo de Puerto Rico”, la agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante(Cofina), Bettina M. Whyte, no cedió su derecho para buscar el remedio de certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esto, una vez solicitó que la controversia se desestimara mediante el remedio de sentencia declaratoria y ante la existencia de una estipulación entre las partes y en la que se plantea como prioridad la solución del caso en el foro federal de primera instancia.

“En última instancia, la corte debe decidir qué son derechos propietarios relevantes en el contexto de estos procedimientos de Título III, bajo Promesa y las provisiones de las leyes de bancarrota que el Congreso ha incorporado en Promesa”, reza la decisión de Swain.

Según el análisis de Swain, si fuera a dividirse la cuestión sobre a quién pertenencen los recaudos del IVU entre consideraciones bajo las leyes de Puerto Rico y las leyes federales, podría crearse la posibilidad de que el fallo que emita el alto foro puertorriqueño sea a manera de asesoría, por lo que sería inapropiado atender la controversia sobre la pertenencia del IVU por la vía de una certificación.

La decisión de Swain pone fin al pedido de certificación que en febrero pasado radicó la agente de Cofina, una movida que supuso un giro al proceso de negociación que encabeza Whyte y el comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y que por iniciativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) busca poner al principal tema en la renegociación de la deuda de la isla.

El año pasado, una vez la JSF radicó las peticiones de Título III para el gobierno central y Cofina, la JSF propuso a la corte que la controversia por los recaudos del IVU se atendiera mediante dos agentes que negociarían para determinar si los ingresos del impuesto al consumo pertenecen a Cofina o si por el contrario, pertenecen al Fondo General. 

Con el aval de la corte, la JSF nombró a Whyte como agente de Cofina y se determinó que el UCC fuera el agente para el gobierno central. De esa forma, podrían atender los señalamientos de posibles ilegalidades que se hacían mutuamente los bonistas de Obligaciones Generales y aquellos Cofina.

Sin embargo, el proceso evolucionó hasta convertirse en un caso adversativo bajo el Título III y en el pedido de certificación al foro judicial puertorriqueño, un remedio al que se opuso la JSF y el propio gobierno que creó Cofina.

Así las cosas, el fallo implica que será Swain quién decida a quién pertenecen los recaudos del IVU, lo que a su vez, podría definir el rumbo de la renegociación de la deuda pública de la isla.

El fallo de Swain se produce al tiempo en que ciertos bonistas de Cofina y de Obligaciones Generales llegaron a un acuerdo inicial para reestructurar los dos principales acreencias de Puerto Rico y donde los primeros compartirían el derecho propietario que poseen sobre el IVU con los bonistas constitucionales. Ello, aunque según expertos, implicaría afectar a los bonistas subordinados de Cofina, en su mayoría inversionistas locales.


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