El tribunal determinó que la Junta Revisora de la Junta de Subastas de Educación debe retomar la discusión de la subasta.  (GFR Media) (semisquare-x3)
El tribunal determinó que la Junta Revisora de la Junta de Subastas de Educación debe retomar la discusión de la subasta. (GFR Media)

El Tribunal de Apelaciones determinó que el Departamento de Educación actuó de forma “arbitraria” e “irrazonable” al cancelar el año pasado una subasta para la compra de computadoras y equipo tecnológico, y luego iniciar un nuevo proceso para adquirir una mayor cantidad de computadoras portátiles para maestros y estudiantes con fondos federales.

Ante esto, el foro judicial ordenó revocar la cancelación de la subasta del 2018, lo que deja en un limbo la adquisición de unos 133,000 aparatos electrónico que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció en marzo con una inversión de $305 millones.

En una sentencia emitida el 29 de abril pero publicada el viernes, el Apelativo concluyó que Educación no siguió su propio reglamento cuando canceló la subasta 2018-001 -que había sido impugnada por uno de los licitadores participantes- bajo el argumento de que ya no tenía necesidad del equipo debido a las “limitaciones” provocadas por los huracanes Irma y María, así como por los atrasos en los procesos causados por “impugnaciones y razonabilidad de costos para atender pocas escuelas”.

Posteriormente, la agencia anunció que la compra de computadoras y tabletas se haría mediante una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), un proceso distinto a las subastas.

“Llama la atención que luego de determinar que se cancelara la subasta 2018-001 basado en el argumento del cese de necesidad, en cuestión de semanas se solicita el mismo producto, esta vez mediante un requerimiento de propuesta. Más sospechoso aún resulta la cantidad anticipada a adquirirse de 159,330 unidades versus 4,000 unidades de la subasta adjudicada. Como vemos, las actuaciones descritas no justifican la cancelación de la subasta 2018-001 basado en el fundamento del cese de la necesidad”, lee la sentencia del Apelativo.

“Dicho proceder va en detrimento de una correcta utilización de fondos públicos ante la posibilidad de que los licitadores con más poder, luego de conocer las cotizaciones de sus competidores, pueden ajustar sus propuestas en una segunda subasta u otro mecanismo de venta gubernamental eliminando a sus contendientes”, añade el documento judicial.

El RFP fue modificado en varias instancias para aclarar detalles de las características que debían tener las computadoras y el resto del equipo solicitado, de acuerdo con los pliegos entregados a las empresas interesadas, documentos en poder de El Nuevo Día.

El tribunal determinó que la Junta Revisora de la Junta de Subastas de Educación debe retomar la discusión de la subasta. Sin embargo, se limitó al pronunciarse en torno al RFP que ya fue adjudicado pues el Apelativo no tiene autoridad sobre este proceso.

El recurso ante el Apelativo fue radicado por la empresa WF Computer Services, el mismo licitador que impugnó la subasta inicial el año pasado. El propietario de la empresa, William Figueroa, sostuvo que él presentó el precio más bajo en dicha subasta, pero esta fue adjudicada a otra empresa.

“El Apelativo confirmó lo que hemos estado diciendo, que los procesos que hizo la agencia fueron ilegales, que la cancelación fue caprichosa. Nos está dando la razón en todo lo que venimos diciendo”, expresó Figueroa.

De hecho, el presidente de la empresa que fue seleccionada en la cancelada subasta y que fue una de las seleccionadas en el RFP, Computerlink, anunció hoy que radicó una demanda por difamación contra Figueroa y WF Computer Services. Willie Morales, de Computerlink, sostuvo que Figueroa ha realizado “denuncias falsas” el denunciar presuntos actos de corrupción y favoritismo en las subastas de Educación para la compra de equipo tecnológico.

“Computerlink tiene una reputación comercial bien ganada durante estos 31 años en el mercado y no podemos continuar permitiendo que se atente contra ella o contra mi reputación porque tanto la empresa como su presidente estamos en regla y cumplimos con la ley”, expresó Morales mediante declaraciones escritas.

Al reaccionar a la demanda, Figueroa indicó que sus denuncias han estado dirigidas al proceder del Departamento de Educación y no directamente a otros licitadores.

Educación no descarta ir al Supremo 

Por su parte, Educación indicó que la sentencia se recibió en la agencia durante el día de hoy.

En declaraciones escritas, la División Legal de la agencia defendió el proceder del año pasado en torno a la subasta del equipo tecnológico.

“Antes de que la impugnación (de WF Computer Service) fuera resuelta por la Junta de Subastas, el Departamento determinó cancelar la subasta pues el plan de trabajo que justificaba la compra de los equipos había quedado sin efecto”, señaló.

Educación adelantó que aunque acatarán la orden del Tribunal de Apelaciones, no descartan recurrir al Tribunal Supremo para que revisen la sentencia.

“A la agencia, entre otras alternativas, le asiste el derecho de recurrir al Tribunal Supremo. Los abogados del Educación se estarán reuniendo con los abogados del Departamento de Justicia, agencia que representa al Departamento, para ponderar las distintas alternativas y una vez determine la acción por la que optará lo estará comunicando”, expresó por escrito.


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