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La directora de la Junta de Supervisión Fiscal dejó claro que está preparada para demandar al gobierno de Puerto Rico, pese a que no es su meta.

Mientras la incertidumbre presupuestaria del gobierno de Puerto Rico ganaba terreno, poco después de las 5:00 de la tarde de ayer, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares volvió a enfilar sus cañones hacia la Asamblea Legislativa en un nuevo intento para derogar la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976), y lograr un presupuesto que se ajuste a lo pactado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tras la aprobación casi simultánea de dos presupuestos para el presente año fiscal -uno por parte de la Legislatura y otro de la JSF- ayer era incierto bajo cuál esquema operaba el gobierno, a pesar de que la Ley Promesa es clara en la preeminencia del organismo federal.

“El presupuesto de la Asamblea Legislativa fue el que yo firmé, y es el que está vigente”, afirmó Rosselló Nevares durante una comparecencia pública cerca del mediodía.

Horas después, oficializó la convocatoria a una sesión extraordinaria como estrategia para cumplir con el acuerdo alcanzado con la JSF, que entre otras cosas, eliminaría la Ley 80.

En un mensaje televisado, Rosselló Nevares sostuvo que la resistencia de la Legislatura -particularmente el Senado- en avalar los términos del pacto provocaría pleitos judiciales entre el Ejecutivo y el ente fiscal, así como “controversias políticas que nos mantendrán en la misma crisis”.

“Ante esa grave situación, realizaré un intento adicional para evitar mayores daños a los sectores vulnerables de nuestro pueblo”, dijo al adelantar que el llamado es a considerar la última medida sobre la Ley 80 aprobada por la Cámara de Representantes, con las enmiendas sugeridas por el senador Miguel Romero.

Esperan por la Junta

Aunque el mandatario señaló que el presupuesto firmado por él sería el que se ejecutaría, hasta ayer, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no había asignado a las agencias las partidas correspondientes bajo la nueva distribución, confirmó el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado.

“Lo que estoy pagando ahora son todas las facturas que vienen antes de junio 30, y esas facturas son del presupuesto anterior... Donde sí necesito el presupuesto nuevo es para todas las compras que se vayan a hacer a partir del 1 de julio. Hasta que no tengamos un presupuesto entrado en OGP, yo no puedo hacer pagos”, detalló el funcionario.

El sábado, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de $8,709 millones, el cual sobrepasa por $48 millones la versión de la JSF.

Maldonado señaló que debería haber una “resolución” entre el jueves y viernes. “Hay que esperar cuál va a ser la posición de la Junta, ya que Promesa pone una imposición y obligación legal de que utilicemos el presupuesto de Promesa”, reconoció el funcionario.

Como parte de ese proceso, dijo, ya le ha solicitado a la Junta a través de “conversaciones informales” un reajuste al presupuesto certificado por el ente federal de $8,757 millones, que, aunque sobrepasa al de la Legislatura, impone severos recortes a las agencias en las partidas de nómina y gastos operacionales.

“Tengo que mandarle (a la JSF) la justificación, enviarle para qué es el dinero”, explicó Maldonado, al defender la petición, ya que el dinero se utilizaría para implantar unos proyectos para cumplir con el plan fiscal, como el Sistema Financiero del Gobierno.

¿Para cuándo habrá presupuesto?

—Esperamos que esta semana ya se resuelva. Además, tenemos que esperar ahora que el Gobernador ha hecho una petición a la Legislatura para volver a retomar el tema (de la Ley 80). Si la Legislatura valida el acuerdo, entonces, tendríamos un presupuesto como el que había sometido el Ejecutivo, validado por la Junta.

JSF valida su presupuesto

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, advirtió ayer “que hará cumplir el presupuesto” emitido por el organismo, aunque sostuvo que no quisiera acudir a los tribunales para validar la facultad que les reconoce la Ley Promesa, ya que resultaría en una inversión infortunada de tiempo y recursos.

“Haremos cumplir el presupuesto”, señaló Jaresko, quien se mostró sorprendida al ser cuestionada sobre el proceder del Ejecutivo de firmar la versión presupuestaria avalada por la Cámara y el Senado.

“Desafortunadamente, los tribunales es lo primero que me viene a la mente. No estoy diciendo que vaya a acudir mañana (hoy) a la corte porque no es lo que quiero... pero creo que la Ley Promesa es clara sobre el proceso para aprobar y certificar un presupuesto... así que nuestra intención es hacerla cumplir”, afirmó Jaresko.

Destacó, además, que el presupuesto es “enmendable”, y aunque confía en que los legisladores “quieran hacer la transformación” de lasnormas laborales, subrayó que el presupuesto no sólo falló en el hecho de que no tomó en consideración la eliminación de la Ley 80, sino que excluyó ciertas asignaciones obligatorias y controles presupuestarios contemplados en el plan fiscal.

“Si el gobernador dice que quiere ajustar de una forma diferente, él puede venir con una propuesta para ajustar de una manera levemente diferente, siempre y cuando logremos las metas del ajuste, y él puede reasignar. Los presupuestos se pueden enmendar”, enfatizó Jaresko.

Puntualizó que continúan creyendo en la necesidad de la reforma laboral, incluyendo la derogación de la Ley 80, para hacer de Puerto Rico una jurisdicción con más oportunidades laborales y hacer del entorno empresarial uno más competitivo.

Lo que establece PROMESA

El exjuez presidente de la Corte de Quiebras Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gerardo Carlo, afirmó que la Ley Promesa prevalece sobre la legislación estatal hasta tanto el estatuto no sea declarado inconstitucional.

“Uno de los poderes mas potentes que tiene la Junta es el de aprobar el plan fiscal y el presupuesto”, sostuvo el licenciado.

La Ley Promesa fija en su Sección 202 que “si el gobernador y la Legislatura no logran desarrollar y aprobar un presupuesto del territorio que esté en cumplimiento” con el plan fiscal, la JSF presentará su presupuesto, que “se considerará aprobado por el gobernador y tendrá plena vigencia y efecto a partir del primer día del año fiscal correspondiente”.

Hace un año, el Ejecutivo actuó de manera distinta en torno al presupuesto.

“En una colonia, sí se le puede dictar el presupuesto al gobernador. Promesa establece que, si se acoge de manera íntegra el presupuesto, el gobernador pues procede a firmarlo, pero como se enmendó por la JSF, se da por aprobado”, sostuvo el entonces representante del gobernador ante la JSF, Elías Sánchez, durante la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2017-2018.

El mismo gobernador reconoció ayer que la firma del presupuesto de la Legislatura podría quedar como un “acto simbólico” en caso de que sea impugnado por la JSF.

“Me temo que sea un acto simbólico, porque después, si esto sigue su curso, se va hacia los tribunales y se toma una decisión en contra del gobierno de Puerto Rico. Entonces, el presupuesto que se usa es de la JSF”, expuso.

“No estoy preadjudicando lo que va a decir un tribunal. Estoy diciendo que bajo la lectura de Promesa hay unas oraciones bien claras sobre el rol de la JSF con el presupuesto”, agregó Rosselló Nevares.

Promesa sí dispone que el presupuesto pueda ser desarrollado entre el gobernador, la Junta y la Legislatura, siempre y cuando se establezca en consenso.

“Lo que ha hecho el gobernador es una salida que yo creo que tiene mucho sentido porque le está dando a la Legislatura una segunda oportunidad de verificar el asunto, está buscando un consenso y respetando los poderesde la Asamblea”, señaló Carlo.


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