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La cotización fue durante el proceso de adjudicar un proyecto de reparación y mantenimiento de 11 escuelas.(GFR Media)

Una auditoría de la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales del municipio de Utuado encontró una serie de irregularidades, particularmente relacionadas a la construcción de obras y mejoras permanentes.

El informe reveló que el ayuntamiento aceptó una cotización falsa durante el proceso de adjudicar un proyecto de reparación y mantenimiento de 11 escuelas. El contrato le fue adjudicado a una compañía por la cantidad de $150,000. Sin embargo, el informe encontró que una de las cotizaciones consideradas resultó ser falsa.

Según explica la auditoría, para todo contrato de construcción, reparación o reconstrucción de obra o mejora pública que no exceda de $200,000 es necesario que se obtengan y se consideren un mínimo de tres cotizaciones y se seleccione la más beneficiosa para los intereses del municipio.

La Oficina de Compras del municipio debe encargarse de los trámites relacionados con las cotizaciones.

De acuerdo con la auditoría, el contratista a nombre de quien se presentó la cotización falsa le declaró a los auditores de la Oficina del Contralor que no preparó ni remitió la cotización en cuestión al municipio y que la firma incluida en dicho documento no era la suya. Este resaltó, además, que la cotización no tenía el sello de su corporación ni se preparó en el formato que utiliza su empresa. Agregó que en junio de 2013 había preparado una cotización para el proyecto, por un costo menor a la cotización considerada por el municipio. La cotización le fue solicitada por el contratista que luego resultó agraciado y se la entregó a este. Posteriormente, el contratista al que se le adjudicaron los trabajos lo contrató como administrador del proyecto.

Varios funcionarios del ayuntamiento de Utuado, además, negaron haber solicitado, recibido, evaluado ni adjudicado cotizaciones relacionadas a este proyecto.

También se encontró que, aunque el municipio le pagó al contratista $150,000 por la obra entre junio y julio de 2013, posteriormente, en octubre de dicho año, la directora de Finanzas del municipio le facturó $160,000 a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), lo que muestra un exceso de $10,000 de gastos no contemplados en el proyecto.

En abril de 2015, la directora de Finanzas manifestó que dichos gastos correspondían a servicios por la preparación del contrato con el contratista y la inspección de los trabajos. El municipio, no obstante, no le notificó a la OMEP que había subcontratado los trabajos que formaron parte de este acuerdo ni le remitió a esta el contrato, las facturas y los pagos emitidos al contratista.

“El proceso deselección del contratista fue irregular al considerar una cotización falsa”, resalta el informe.

Además, advierte que pueden haberse configurado los delitos de falsificación de documentos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, tipificados en el Artículo 254 del Código Penal de Puerto Rico, del 30 de julio de 2012, según enmendado. También se dificultó la identificación de los funcionarios o empleados que participaron en el proceso de solicitar, recibir, aceptar y adjudicar las cotizaciones.

La auditoría revela que el administrador municipal y el exsecretario municipal, mediante un proceso irregular de solicitud de cotizaciones, permitieron que las reparaciones de las escuelas se le adjudicaran al contratista mencionado. Además, la entonces directora de Finanzas y el oficial comprador no corroboraron las mencionadas cotizaciones recibidas. Mientras tanto, el alcalde y la directora de Finanzas no cumplieron con el acuerdo firmado con la OMEP al facturar gastos que no estaban contemplados en el mismo y al no remitir el contrato, las facturas y los pagos emitidos al contratista.

Además de recomendarle a la secretaria de Justicia que investigue la situación, la auditoría le recomienda al gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas que evalúe si procede un recobro de los $10,000 facturados en exceso por el municipio, por concepto de gastos en la preparación del contrato con el contratista y la inspección de los trabajos, y por este no haber remitido el contrato, las facturas y los pagos emitidos al contratista.

Además de exigir el cumplimiento de un Plan de Acción Correctiva, se le recomienda al alcalde que establezca controles internos necesarios en las operaciones relacionadas con la solicitud, el recibo y la aceptación de cotizaciones y en la adjudicación de estas.


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