El alcalde de Hatillo, José
El alcalde de Hatillo, José "Chely" Rodríguez Cruz. (GFR Media)

Aunque un informe de la Asamblea Municipal de Hatillo confirmó “las deficiencias” señaladas por una auditoría de la Oficina del Contralor sobre el pago en exceso por gasolina y la alteración de facturas, la administración del alcalde José “Chely” Rodríguez Cruz no ha tomado ninguna acción correctiva.

En específico, Rodríguez Cruz aún no ha recuperado ni un centavo pagado de más, sigue sin controles internos y mantiene vigente el contrato para el suministro de gasolina con el mismo garaje involucrado en las irregularidades, cuyos dueños son donantes suyos.

Los hallazgos de Contraloría fueron referidos a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia en febrero pasado.

Pero el 16 de octubre Justicia archivó el caso porque, de haberse configurado algún delito por los actos señalados, ya hubieran prescrito.

Sobre ese asunto, la secretaria Wanda Vázquez envió una carta al ejecutivo municipal, informó la directora de la División de Integridad Pública, Mibari Rivera.

El informe de la Oficina del Contralor se divulgó el 18 junio pasado, y el periodo auditado se extiende del 1 de enero de 2011 al 30 de julio de 2013.

“Se autorizó el cierre recomendando al municipio el recurrir para la recuperación del dinero sobrefacturado y que se establezcan unos controles más estrictos antes de emitir cualquier pago”, explicó Rivera por escrito.

En entrevista con El Nuevo Día, Rodríguez Cruz no mencionó dicha carta. En cambio, dijo que “la Junta de Subastas y la División Legal hicieron un análisis sobre esto”.

“Recomendaron mantener la adjudicación (del contrato). Si hay una determinación posterior de Justicia sobre esto, tomaremos acción”, sostuvo.

Argumentó que no ha procedido a cancelar el contrato porque se le orientó “sobre unos derechos legales que pueda tener esta compañía cuando todavía no se ha acusado a nadie de estos hechos”.

Sin embargo, en su informe, la Legislatura Municipal de Hatillo recalcó que el ayuntamiento tiene a su disposición el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2-2018), que dispone que una razón “para inhabilitar a un suplidor que contrata con el gobierno es la posesión y traspaso de documentos falsificados”.

Además, la Legislatura Municipal hizo constar que la directora de auditoría del municipio afirmó que “no se ha cambiado el sistema de recolección de boletas de gasolina”.

Empresa de donantes

Torrado Gas Service Station, el garaje que suple la gasolina al gobierno municipal, figuraba, según los contratos registrados ante la Oficina del Contralor, entre enero del 2005 y el primer trimestre del 2015, como uno de los cinco contratos más grandes del ayuntamiento.

Sus dueños, Héctor M. Torrado Torrado y José A. Torrado Torrado, figuran como donantes del alcalde y del Partido Popular Democrático (PPD) en los registros de la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Según ese expediente, el comité municipal del PPD en Hatillo le adeuda al garaje $500.

“Actualmente, el Comité de Campaña de José Rodríguez Cruz y todos los comités políticos relacionados al Municipio de Hatillo se encuentran en etapa de auditoría, por tanto, de conformidad con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas dichas auditorías serán confidenciales hasta tanto se publique el resultado”, dijo el contralor electoral, Walter Vélez.

A preguntas de este diario, el alcalde reconoció que los dueños del garaje son donantes de su campaña. “Han sido donantes de hace décadas, pero nada tiene que ver con los contratos y subastas que llevan siendo suplidores del municipio”, sostuvo.

Según la auditoría de Contraloría, el Municipio de Hatillo pagó en exceso $7,514 por 8,108 litros de gasolina. El informe destaca que la Oficina del Contralor tuvo que recurrir al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para que certificara que, de 133 recibos originales, 110 fueron alterados.

Recalca también que se pudo haber incurrido en los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude, tipificados en el Código Penal.

La auditoría también indica que los pagos indebidos se debieron a la falta de controles adecuados del oficial de preintervención y el director de Finanzas de Hatillo, Antonio Álvarez Medina. Señala que la mayoría de los empleados no entregaban a su supervisor la hoja amarilla que se desprende de la factura original al despachar la gasolina.

El municipio solo pudo proveer 22% de las copias amarillas de los recibos originales.

Asimismo, el garaje -al que se le adjudicó la subasta en seis ocasiones- facturó $1,464 en exceso a la ganancia establecida en la subasta.

Tras esos hallazgos y el referido a Justicia, la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal hizo varias entrevistas y rindió un informe que indica que no existen los controles necesarios para verificar la veracidad de las facturas.

El informe de la Asamblea Municipal establece que las firmas que están en el comprobante que autoriza los pagos a este suplidor “son las del alcalde, las del director de Finanzas y la pagadora que emite los cheques”.

Preguntado sobre por qué firma los pagos al suplidor de gasolina, Rodríguez Cruz dijo que solo lo hace con la gasolina “que yo cojo”. Defendió la permanencia del director de Finanzas de su administración porque es una “persona de primera línea y de mucho tiempo allí”.

Refirió cualquier otra pregunta a Álvarez Medina, quien no estuvo disponible para este medio.

El señalamiento del Contralor es a una persona externa. No a un funcionario, ni al municipio ni al alcalde. Es a un suplidor. La sobrefacturación la hace el comercio. La víctima es el municipio, el victimario es el de afuera”, enfatizó el alcalde, a pesar de que no ha cancelado el contrato con el garaje de gasolina.

No se precisó a cuánto asciende ese contrato.


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