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El terreno en disputa se encuentra entre la avenida Roosevelt y la Luis Muñoz Rivera. En la foto, la intersección entre ambas avenidas. (GFR Media)

El liderato de la iglesia El Sendero de la Cruz y su representación legal consignaron esta mañana su oposición al proyecto Viewpoint at Roosevelt, designado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como su primer desarrollo crítico de infraestructura.

Se trata de un condominio de 130 de apartamentos de bajo costo en la intersección de las avenidas Roosevelt y Luis Muñoz Rivera, en Hato Rey. Al tratarse de un proyecto crítico, bajo los parámetros de la JSF se pueden acelerar los procesos de financiamiento y permisos de construcción.

En una ponencia leída ante la Comisión de Desarrollo Urbano de la Capital, la pastora Elizabeth Rosado de Guidini hizo un recuento de presuntas irregularidades tanto de administraciones del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista dirigidas a presuntamente beneficiar al desarrollador Eduardo Nevárez, representado actualmente por el bufete O’Neill & Borges. Este bufete también colabora con la JSF.

Tras un largo recuento de lo que el liderato de la iglesia considera son irregularidades y violaciones de ley en el proceso de permisos relacionado al terreno, el presidente de la citada comisión, Eddie Charbonier, indicó que citará a una futura vista pública al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a Nevárez, al Municipio de San Juan y al coordinador de revitalización de la JSF, Noel Zamot. 

“Aquí se están haciendo unas imputaciones bien serias”, dijo Charbonier.

“Tenemos toda la evidencia. No venimos a levantar falso testimonio contra nadie. Queremos que lo que está mal, salga a la luz”, le respondió Rosado de Guidini.

La iglesia y Nevárez compitieron en el 2003 en la adjudicación del lote de unos 8,000 metros cuadrados. En el caso de Nevárez, para la construcción de un condominio de lujo conocido como Torre Mayor, mientras que la iglesia, con su sede desde 1996 contigua al terreno en disputa, para edificar un centro de usos múltiples y una égida. El titular del terreno, el DTOP, adjudicó el acceso al terreno a Nevárez.

Parte del terreno fue vendido en el 2010 a la iglesia por $3.1 millones. El resto sigue estando bajo la titularidad del gobierno y el control de Nevárez.

¿De dónde saca la iglesia tanto dinero?, se le preguntó al abogado de la congregación, Carlos Rodríguez Ortiz.

“Es una iglesia grande, de sobre 3,000 miembros y económicamente sólida”, respondió.

En el 2006, Nevárez recibió un permiso que se conoce como de “entrada y ocupación”.

“Concluido el término concedido a Nevárez para completar Torres Mayor, nada hizo”, dijo la pastora, quien alegó que, en el 2007, el DTOP y la Junta de Planificación fallaron en notificar a la iglesia al realizar un proceso de consulta de ubicación.

Nevárez recibió una extensión hasta el 12 de noviembre del 2008 para iniciar el proyecto. En el proceso se le rebajó una mensualidad que pagaba de $15,000 para ocupar el terreno a $1,500 por unos supuestos gastos que incurrió para reparar verjas y demoler estructuras.

“Consideramos esto un acto ilegal por ser contrario a los contratos entre las partes y contrario al propio reglamento”, dijo la pastora.

Rosado de Guidini argumentó frente Charbonier que Nevárez no realizó labores en el lote y dejó pasar el término de esa extensión concedida por el DTOP.

“Se suponía que se abriese el proceso nuevamente, se hiciese un nuevo RFP (siglas en inglés de una solicitud de propuesta) o, en su defecto, se le ofreciese el desarrollo a los colindantes con el predio”, dijo en alusión a la iglesia que dirige junto a su esposo.

En el 2012, el entonces director de la Oficina de Propiedades del DTOP canceló el permiso de entrada y ocupación y los contratos extendidos a Nevárez por una de las parcelas. Luego, el 15 de mayo del mismo año, el entonces secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, canceló todos los contratos vigentes de Nevárez, según Rosado de Guidini por “incumplimiento contractual, por no haber desarrollado nada y por falta de pago a sus compromisos con el Estado sobre dichas parcelas”.

La pastora denunció que, a pesar de la cancelación del contrato, Nevárez nunca abandonó el predio “ilegalmente, sin título posesorio alguno que lo legitime”.

El 19 de agosto de 2016 la dirección de la iglesia se entera mediante una solicitud de permiso de construcción sometido por Nevárez al Municipio de San Juan que había alterado el concepto de su desarrollo a un condominio de 130 apartamentos de bajo costo. El ayuntamiento, sin celebrar vistas públicas, le otorgó al desarrollador un permiso condicionado de construcción sujeto a que recibiera endosos de una decena de dependencias gubernamentales.

Fue ese mismo año cuando, según la pastora, el DTOP llegó a un acuerdo transaccional privilegiado y confidencial para renovar el contrato anteriormente cancelado y así darle el control del lote. El acuerdo fue firmado por el exsecretario del DTOP, Miguel A. Torres, y la representación legal de la iglesia tuvo acceso a los documentos este año.

Rosado de Guidini alegó que peticiones de información a Torres nunca fueron contestadas.

“Los contratos expirados no puede ser prorrogados”, argumentó. “Todo lo realizado por posterioridad a la carta del 15 de mayo de 2102 del secretario Hernández Gregorat es nulo.

Mientras todo esto ocurría, dijo la religiosa, la iglesia mantenía interés en comprar el terreno ocupado por Nevárez.

Rosado de Guidini denunció que trasuna reunión con el actual secretario del DTOP, Carlos Contreras, el 3 de abril de este año, no ha sabido más de él.

“Queremos comprar el terreno, pero Contreras no nos ha contestado”, dijo.

El 1 de mayo se enteraron de quela JSF había designado el proyecto como uno crítico. Cartas dirigidas a Zamot el 30 de mayo impugnando el proceso no han sido contestadas.

“Estamos buscando que se deje sin efecto el proceso de este señor, que el terreno sea ofrecido a los colindantes”, dijo el abogado Carlos Rodríguez Ortiz, representante legal de la iglesia. “Él (Nevárez) no ha hecho nada en el terreno. Aquí hay una corrupción que está clara”.

“Este desarrollador lleva más de 15 años en posesión de un terreno prime del Estado, sin desarrollo alguno, sin beneficio alguno para el pueblo, mientras el desarrollador se beneficia económicamente…”, agregó Rosado de Guidini.

Tras escuchar el testimonio de la religiosa, el representante popular Luis Raúl Torres confesó que había llegado a la vista con la “mente clara” en el sentido de que no había irregularidades.

“Creo que ha traído una serie de señalamientos muy serios. Algunas apreciaciones no son concluyentes, pero tienen que ser aclaradas por agencias o los tribunales’, dijo al finalizar su turno de preguntas. Acto seguido, le lanzó a Rosado de Guidini y a Rodríguez Ortiz, un balde de agua fría: “por mi experiencia, ustedes no van a paralizar el proyecto. Si se encuentra algo de corrupción, la comisión lo referirá al Departamento de Justicia o si sale algo se corregirá mediante legislación”.

Reacciona Nevárez

En declaraciones escritas, Nevárez indicó que el proyecto de vivienda Viewpoint at Roosevelt "no solo cumple con todos los requisitos de ley, sino que ha sido consistentemente avalado por múltiples administraciones del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la presente".

"El proyecto ha pasado por el crisol de múltiples entidades públicas en la isla. Entre ellas, ha estado sujeto a procesos competitivos y adjudicativos en la ACT bajo el “Joint Development Program” dirigido a aumentar la densidad residencial y comercial en áreas cercanas a las estaciones del Tren Urbano, así como en la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, bajo el programa federal de “Low Income Housing Tax Credits”, lee el escrito. 

Según Nevárez, las condiciones de bienes raíces en la isla desde que comenzó a gestarse el proyecto en el 2004 han cambiado y de un proyecto diseñado mayormente para familias de clases media fue modificado para que cumpliera con el programa “Low Income Tax Credits”. 

El cambio fue autorizado por la ACT.

Nevárez, quien dijo estar disponible para contestar preguntas de la Cámara de Representantes, sostuvo que Viewpoint at Roosevelt ha estado sujeto "a todas las etapas del proceso de autorización de obras". según dispone la Ley de Reforma del Proceso de Permisos. 

"Actualmente, ViewPoint at Roosevelt tiene todos los permisos y endosos necesarios y requeridos por ley de parte de las correspondientes dependencias gubernamentales, tanto federales, estatales, así como municipales. Posee permisos o endosos finales y firmes de, entre otros, el USA Fish & Wildlife Service, la Oficina de Planificación Estratégica, el DTOP, los departamentos de Salud, Educación, y Recursos Naturales; la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto de Cultura, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Tren Urbano, así como del Municipio de San Juan".


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