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Antes de ser administrador de la Adsef, en el 2009, Esteban Pérez Ubieta fue director de la Oficina de Planificación y Programas Federales del Municipio de Guaynabo. (GFR Media)

Esteban Pérez Ubieta presuntamente trajo a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) algunos de los métodos administrativos que usó durante su desempeño laboral en el Municipio de Guaynabo, como fijarle a los licitadores una fecha de entrega de propuestas distinta a la informada en los avisos y comunicaciones oficiales.

La administradora auxiliar de servicios operacionales, Elaine Porrata Toro, declaró ayer frente al juez Rafael Taboas, del Centro Judicial de San Juan, que su exjefe le indicó que extendería la fecha que tenían las compañías para la presentación de propuestas de servicios dirigidos a apoyar a los participantes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) a conseguir la autosuficiencia.

Según la testigo, Pérez Ubieta le explicó que ya había trabajado con esas extensiones de tiempo durante su trabajo con el Municipio de Guaynabo. Pérez Ubieta fue director de la Oficina de Planificación y Programas Federales en ese ayuntamiento.

La fecha para el recibo de las propuestas era el 5 de septiembre de 2010, pero se extendió hasta el 30 de ese mes. Según la testigo, su exjefe le pidió que firmará una carta de aviso de extensión del término, pero ella no lo hizo

“Seguro Platinum y Tornasol se entregaron después del 5 de septiembre. Consulting también entregó después", señaló la testigo durante la vista preliminar.

Al exjefe de Adsef se le imputa cometer fraude, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, archivo de documentos falsos, falsedad ideológica y falsificación con la supuesta intención de permitir que las empresas Platinum Advisors y Torna Sol Inc. entraran a la competencia por estos contratos de servicios.

Porrata Toro declaró que el entonces administrador le explicó que para que procediera la extensión de tiempo debían procurar que tres compañías solicitaran el aplazamiento. La testigo dijo que se comunicó con una de las compañías y supuestamente Pérez Ubieta llamaría a otras dos.

Una de esas cartas de solicitud de extensión se recibió en octubre o noviembre, pero la testigo no recordó el mes exacto.

No obstante, Porrata Toro le pidió a una asistente que la ponchara con fecha de recibo del 2 de septiembre de 2010.


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