La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente presentó su informe en San Juan el pasado 20 de junio. En la foto, Malú Blázquez, directora ejecutiva del grupo. (horizontal-x3)
La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente presentó su informe en San Juan el pasado 20 de junio. En la foto, Malú Blázquez, directora ejecutiva del grupo. (André Kang)

Washington - Como parte del proyecto que exhorta a reimaginar a Puerto Rico, un comité ciudadano presentó en Washington su informe con 17 recomendaciones principales para hacer la isla más fuerte física, económica y socialmente, después de la devastación causada por el huracán María.

La Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente ha hecho énfasis en que el objetivo no debe ser solo reemplazar infraestructura antigua, sino lograr una transformación social y económica alrededor del país.

“La normalidad no es un objetivo”, indica el informe –dado a conocer antes en San Juan–, sobre el proyecto “ReImagina Puerto Rico”, que propone a las autoridades de gobierno y a la sociedad en general, 97 iniciativas, de las cuales detalla 17.

“Este es el marco de referencia para la reconstrucción”, indicó la directora ejecutiva de la Comisión, Malú Blázquez Arzuaga.

Prioridades

Las prioridades empiezan por atender el sector de vivienda, ante el problema de construcción informal –gente sin títulos de propiedad– que ha existido en Puerto Rico, y la necesidad de contar con un sistema de energía confiable, según el informe.

Los esfuerzos por lograr formalizar comunidades que han existido sin cumplir con las normas tradicionales deben evitar el desplazamiento y “promover el acceso a vivienda a precios asequibles”, agregó Blázquez Arzuaga, quien encabezó presentaciones en el National Press Club y la Federación Hispana.

Con respecto a la energía, el informe apunta a la importancia de tener sistemas de reserva en instalaciones críticas, como hospitales, escuelas, refugios e instalaciones que brindan servicios básicos a la población.

En momentos en que informes e investigaciones prevén que los muertos a causa de huracán María fueron cientos o miles –no los 64 que había certificado el gobierno de Puerto Rico–, el informe destaca que “hay que permitir el acceso a equipo de reserva para individuos vulnerables que dependen de la electricidad para recibir asistencia médica”.

En su presentación del jueves ante representantes de varios grupos en la oficina de Washington D.C. de la Federación Hispana, Blázquez Arzuaga recordó que entre las asignaciones federales prometidas para mitigar los daños causados por el huracán María, hay hasta $20,000 millones en fondos de programa de desarrollo comunitario (CDBG) del Departamento de Vivienda federal que financiarán, entre otras cosas, proyectos de vivienda y para rehacer el sistema eléctrico.

Como tercera recomendación fundamental, el Comité –que tiene como copresidentes al banquero Richard Carrión, a la doctora Carmen Milagros Concepción, al presidente del Centro para una Nueva Economía, Miguel Soto Class, la directora del Instituto Nueva Escuela, Ana María Blanco, y el desarrollador Federico “Friedel” Stubbe–, apuntó hacia la creación de centros comunitarios que provean educación prescolar y estén habilitados para ofrecer asistencia de emergencia. La meta debe ser construirlos o habilitarlos en comunidades que requieran más atención y servicios básicos.

Infraestructura

La mejora a la infraestructura de las escuelas y de las instalaciones médicas debe ser otra prioridad.

Como quinto punto, la Comisión advirtió que será necesario hacer énfasis en el entrenamiento laboral, centrado en la innovación y en los clusters industriales.

Otras recomendaciones primordiales son “actualizar el catastro digital de la isla para incluir el uso y la ocupación de estructuras, información sobre la tenencia de terrenos, las características de viviendas informales e información sobre cobertura de seguro”, estudiar cómo tener “una infraestructura de telecomunicaciones más resiliente utilizando los sistemas de conductos subterráneos o los postes aéreos de servicios públicos” y promover, de forma eficiente, la adquisición de espacios abiertos de terrenos y propiedades privadas en áreas de alto riesgo.

En camino a presentar el informe, la Comisión llevó a cabo 77 reuniones, a las que asistieron 748 personas, entre ellos representantes de organizaciones sin fines de lucros, de empresas, grupos profesionales, funcionarios gubernamentales, y miembros de la diáspora.

La Comisión tiene el apoyo de las fundaciones Rockefeller –y su organización 100 Ciudades Resilientes–, Ford y Open Society.



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