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Rafael Rodríguez Mercado, secretario de Salud. (Luis Alcalá del Olmo)

Un ex funcionario del Departamento de Salud denunció que sufrió represalias de parte del secretario de esa agencia por haber informado sobre “actividades gubernamentales impropias”.

La denuncia figura en una declaración jurada de Japhet Rivera, asistente de Planificación, Desarrollo y Asuntos Federales del secretario, Rafael Rodríguez Mercado.

“La represalia vino como resultado de yo haber reportado actividades gubernamentales impropias y por haberme rehusado a cumplir con órdenes o directivas ilegales”, sostiene la declaración de Rivera.

Indica que las represalias le llegaron directamente del mismo secretario de Salud y su jefa de personal, Mabel Cabeza Rivera.

También denunció haber sufrido represalias de parte de miembros del equipo de trabajo del gobernador.

En la declaración, Rivera relata que sus responsabilidades estaban relacionadas con el manejo de fondos federales en el Departamento de Salud.

Asegura que nunca tuvo señalamientos o quejas sobre su desempeño hasta que denunció las irregularidades.

Denuncia que dejó de ser invitado a reuniones y fue etiquetado como que no era parte del equipo y no era de confianza, después de febrero de 2017 “cuando comenzaron los problemas”.

Señala que para esa época, desde el Centro de Oportunidades Federales de la Oficina del Gobernador se estaba “promoviendo para la contratación de la compañía CSA… que ofrecía los servicios para administrar los programas que subsidiaba federalmente el programa Zika”.

“No había ninguna necesidad para estos servicios y aparecía que lo que iban a hacer era que iban a tomar información que ya estaba recogida y volverla a empacar en un formato diferente”, indicó Rivera.

Según el declaración jurada, el contrato era de $80,000 por una fase de tres meses y de $100,000 mensuales para la fase de ejecución.

“Me rehusé a procesar el papeleo”, sostuvo. “El 8 de marzo de 2017, el Dr. Rodríguez me llamó y dijo que el Gobernador le había pedido que se hiciera el contrato y limité mi participación en preparar el papeleo”.

Relató que en la hoja de trámite insistió en que el secretario hablara con el gobernador al respecto y que Rodríguez no lo firmó, la directora de la Centro de Oportunidades Federales de la Oficina del Gobernador se quejó por el poco apoyo que estaba recibiendo de parte de Rivera.

Indica que, meses después, hubo otra situación en la que el secretario le advirtió que el contrato iba comoquiera.

Alega que para el 2018 cambió la forma en que era tratado, mientras que otro personal de la agencia comenzó a “entramparlo”.

En síntesis, señaló que Cabeza le instruyó que procesara un contrato para una persona que conocía desde antes de trabajar en el Departamento de Salud.

Rivera aseguró que alertó a Cabeza, al oficial de contratos y al secretario de que podía hacer el trabajo secretarial, pero que no estaba en posición de ser responsable por la administración y supervisión del contrato.

“El secretario me dijo que se iba a hacer responsable por el contrato, pero el contrato se hizo con mi nombre como la persona responsable, como se solicitó por la señora Cabeza, aun cuando había declarado que era un conflicto para mí. Me dijeron que el contrato iba a ser arreglado”, indica la declaración de Rivera.

También se opuso a otro contrato que hubiera aumentado el salario de otro funcionario de la agencia por entender que la persona no cualificaba para un diferencial.

Asimismo, denunció que el pasado 2 de octubre lo obligaron a participar de una reunión en la Oficina de Gerencia y Presupuesto para discutir un nuevo programa de computadora para el manejo de los fondos federales, pero Rivera asegura que no quería ir porque meses antes había avisado de otro programa que tenía más capacidades sin ningún tipo de costo.

Alega que durante su turno de exposición, fue interrumpido para decirle que el programa había sido aprobado por el Gobernador y el CIO, Luis Arocho.

Al salir le advirtió al Secretario que la adquisición no había pasado por el “proceso regular, que no era necesario, que era una transacción ilegal y que lo excusara de participar”.

Luego, optó por no asistir a una reunión en la que se iba a anunciar el lanzamiento del programa piloto porque se había enterado que el contrato le costaría al gobierno $11 millones por cinco agencias en un año.

“Nuestro sistema estaba costando $1 millón por dos años con la evidencia de que sus capacidades generarían suficiente para que se pagara por sí mismo”, agregó.

Al solicitar una reacción al Departamento de Salud, El Nuevo Día recibió un comunicado de prensa en el que el Secretario - entre otras expresiones - indica que ha recibido “imputaciones frívolas de ex subalternos” en el proceso de establecer “cambios que ha tenido que hacer dentro de la agencia”.

“Parte de mis funciones administrativas como Secretario de Salud, es determinar cuando alguno de nuestros recursos no está siendo efectivo o está incumpliendo con alguna de sus responsabilidades”, sostuvo Rodríguez Mercado.

“De esta manera, los cambios que se tengan que hacer, se harán, con el fin de tener al equipo que mejor responda a las necesidades del país. Por eso, más allá de las imputaciones que se puedan hacer como resultado de esas decisiones, yo sigo enfocado en mi trabajo y en cumplir con cada una de las encomiendas que tiene el Gobernador como partede su reforma al sistema de salud público”, agregó.

“Lo único que les puedo asegurar es que bajo mi administración todo se ha hecho bajo el marco de la ley y no ha habido contrato alguno, ni estatal ni federal, que no cumpla con sus respectivos requerimientos en ley y estipulaciones”, afirmó.


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