Juan Ramírez Silva, exrector de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. (GFR Media) (horizontal-x3)
Juan Ramírez Silva, exrector de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. (GFR Media)

Un informe de auditoría que publicó hoy la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo (UPRA) detalla el esquema de fraude y apropiación de fondos públicos en el que presuntamente participó el exrector de esa institución, Juan Ramírez Silva, junto a otros dos rectores y la coordinadora del proyecto Crece 21.

La auditoría reveló que Ramírez Silva, la excoordinadora del proyecto, Ada Liz Torres; la que fuera ayudante del entonces presidente de la UPR, Miguel Muñoz, y luego rectora de la UPR en Utuado, Yanaira Vázquez; y el exrector de Cayey, Juan Varona, anotaron como si fueran gastos públicos un total $35,603.04 en consumos individuales que ellos y sus familiares hicieron en dos hospederías del país durante actividades que realizó la UPRA relacionados a Crece 21.  

“Con el fin de ocultar los gastos incidentales y los nombres de los funcionarios que realizaron los mismos, empleados de los hoteles, a petición de los funcionarios de la UPR-Arecibo, alteraron las facturas y los documentos justificantes de las mismas. Esto, para que la UPR-Arecibo pagara por dichos gastos”, dice el informe de auditoría.

Crece 21 fue un acuerdo de colaboración entre la UPR y el Departamento de Educación (DE) para certificar y recertificaba a maestros del DE, para lo cual se le ofrecían 21 créditos académicos en las materias de español, inglés, ciencias, matemáticas y educación especial.  

El acuerdo incluía talleres residenciales que se hicieron en lujosos hoteles de la capital, en los que se incluía el pago por la estadía de los maestros y de los funcionarios de la UPR a cargo del proyecto. Por esas actividades, la UPRA desembolsó $800,841.

Para hacer parecer que los gastos estaban relacionadas a las actividades oficiales, empleados de dos de estos tres hoteles accedieron a transferir esos gastos personales de estos exfuncionarios a las cuentas de los banquetes y otros cargos consentidos en el acuerdo, descubrió la auditoría. 

Según el informe, “funcionarios de la UPR-Arecibo y de (dos de) los hoteles se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.04, los cuales fueron extravagantes, excesivos, innecesarios y ajenos a la función pública”. “Entre estos, $5,177.73 fueron consumidos en bebidas alcohólicas. También incluyen ropa; perfumes; servicios de SPA y a las habitaciones; y estadías en fechas anteriores y posteriores a los talleres, entre otros”, detalla.

Así la UPR pagó por $2,694.26 por una recepción para 25 personas, celebrada el 4 de septiembre de 2011 en el área de la piscina. En esta actividad, según la Oficina del Contralor, se celebró el cumpleaños de la ayudante especial del entonces presidente de la UPR. Además, se añadieron días de estadía adicionales, para el presunto disfrute de varios de los involucrados en este supuesto fraude.  

A pesar de que se hicieron cargos no oficiales a las cuentas de la UPRA con los hoteles, el documento de la OCPR menciona que “el entonces rector (Ramírez Silva) y la coordinadora de proyecto (López) certificaron, entre otras cosas, que los servicios fueron recibidos y utilizados para fines oficiales”.

Los cuatro exfuncionarios de la UPR implicados esperan hoy día procesos judiciales en la etapa de juicio por acusaciones criminales.

Según ha trascendido en el Tribunal, situaciones similares a la de la UPRA ocurrieron en los talleres organizados por la UPR-Utuado.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no presentó cargos contra las dos empresas hoteleras que supuestamente se prestaron para ocultar los gastos ni contra sus empleados. Varios empleados de estos hoteles han servido como testigos en el proceso judicial que se sigue contra los tres exrectores y la coordinadora de Crece 21. 

Por otro lado, el informe revela como otro hallazgo de auditoría, gastos en los que incurrió la UPRA en talleres a maestros que no fueron reembolsados por el DE.

Los auditores encontraron que del 15 de agosto al 7 de octubre de 2011, la UPRA emitió cuatro facturas por $2,918,367 a Educación por los siete talleres residenciales ofrecidos a los maestros. No obstante, el Departamento solo pagó $2,222,416. Por lo que la UPRA no recuperó $695,952 invertidos.


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