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El exsecretario de Educación, Carlos Chardón, espera que la decisión en contra de las escuelas charter y los vales educativos propuestos por el gobierno sea revertida en los foros apelativos, particularmente por el Tribunal Supremo.

Mientras, líderes de organizaciones magisteriales y administración escolar celebraron la decisión de la jueza Iris L. Cancio González, quien determinó la semana pasada que ambos programas son contrarios a la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico, que prohibe el traspaso de propiedad o fondos públicos a instituciones privadas.

La decisión judicial del viernes ha provocado reacciones diversas entre figuras del quehacer educativo. La Ley 85 de Reforma Educativa fue polémica desde que fue presentada, mayormente por los programas que la jueza declaró inconstitucional.

Chardón fundamentó su parecer en el hecho de que el Tribunal Supremo actualmente está integrado por jueces con visiones diferentes a los que estaban en 1994, cuando ese foro judicial declaró inconstitucional el proyecto de escuelas charter y vales educativos de la administración de Pedro Rosselló González.

“Esas personas han sido seleccionadas en cuanto a su ideología política, no de estadidad, estado libre asociado o idependencia, sino en cuanto a lo que debe o no debe hacer el Estado”, sostuvo Chardón, quien fue secretario de Educación bajo la administración de Luis Fortuño.

Señaló que “en aquella ocasión, la mayoría eran seleccionados por el Partido Popular, que se aferra a una posición particular de que la función del Estado en cuanto a la educación es absoluta. Ahora la mayoría fueron nombrados por el Partido Nuevo Progresista y esperaría que se revisara aquella decisión”.

Asimismo, dijo que respalda el proyecto porque ve “la introducción de vales y charters como un mecanismo para forzar cambio en el sistema”.

Celebran los gremios

La decisión judicial surgió tras una demanda presentada por la Asociación de Maestros en contra de la Ley 85 de Reforma Educativa, firmada en marzo por el gobernador.

Varias organizaciones magisteriales y directores de escuelas públicas destacaron que los argumentos de la jueza Cancio González reflejan las denuncias que han levantado desde que se anunció el proyecto.

“Estamos muy conformes con la decisión de la jueza y esperamos que se sostenga. Aunque el gobierno apele, esta decisión es la correcta”, dijo Jorge Luis Soto, presidente de la Organización Nacional de Directores Escolares.

“Derogaron una ley para traer esto, que lo único que hace es seguir con el patrón de resolver un problema económico y no educativo”, expuso.

Para Eva Ayala, portavoz de la organización magisterial Educamos, la jueza “encontró en esa ley el riesgo a la educación del país y al uso de fondos públicos para incentivar empresas privadas”.

“Esperemos que los jueces del Supremo respondan al derecho y la Constitución, y no a presiones políticas, porque ya resolvieron esto una vez y desde entonces no ha habido ninguna enmienda a la Constitución”, apuntó Ayala.

Mientras, el presidente de UNETE, Emilio Nieves, considera que será difícil una revocación por entender que “la decisión está bien fundamentada jurídicamente”.

“Quedó claro que con las charters la escuela deja de ser pública, porque no está dirigida por un funcionario público, los maestros dejan de ser empleados del Departamento de Educación y les deja la facultad para expulsar estudiantes y rechazar entrada de estudiantes, lo que no se puede hacer en las escuelas públicas”, indicó Nieves.

“No creo que el gobierno tenga una defensa sólida para demostrar que las charters no están dentro de lo privado”, afirmó.


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