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La aprobación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal es la gran responsable de la crisis económica que atraviesa la Universidad de Puerto Rico (UPR), según se desprende de un informe que el presidente de la institución, José Ramón de la Torre, le entregó el mes pasado a la Comisión cameral de Hacienda.

El representante Jorge Colberg Toro y el senador Eder Ortiz, ambos del Partido Popular Democrático, revelaron ayer el contenido de dicho informe, que incluye cartas y memorandos en los que la administración de la UPR reconoce que la Ley 7 alteró la fórmula de financiación universitaria.

Los legisladores mostraron, además, una carta firmada por la presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, en la que señala que el ex presidente de la UPR, Antonio García Padilla, tomó medidas efectivas de reducción de gastos en la institución. La misiva, dijeron, cancela el argumento de la administración de Luis Fortuño, de que fue García Padilla quien sumió a la UPR en el peor déficit de su historia.

En tercer lugar, Colberg Toro y Ortiz denunciaron que la actual administración se apresta a reducir la cantidad de estudiantes a ser admitidos a la UPR, lo que provocaría el desplazamiento de alumnos de escasos recursos económicos. Alegaron que, por primera vez, a partir de agosto próximo la mayoría de los estudiantes admitidos en la UPR provendrán de colegios privados.

“La causa del déficit en la UPR fue principalmente una reducción de $1.3 billones en los Ingresos Gubernamentales, de $8.4 billones en el año fiscal 2008-09 a $7.1 billones en el año fiscal 2010-11. (El) Impacto en la UPR fue de una reducción en los ingresos de $144 millones debido a una reducción en la Fórmula, de $835 millones en el año fiscal 2008-09 a $691 millones en el año fiscal 2010-11”, reza uno de los documentos en el anejo 2 del informe.

En ese mismo documento se establece que las obligaciones económicas pendientes en la UPR bajo la administración de García Padilla ascendían a $40 millones, que -según los legisladores- estarían cubiertas hoy día si la fórmula no se hubiese alterado.

Ygrí Rivera lo sabía

En la carta firmada por Rivera, fechada el 4 de abril de 2009, se explica que la Ley 7 excluye de la fórmula los ingresos del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) destinados a la Corporación para el Financiamiento del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

En esa misma carta, que Rivera firmó cuando fungía como segunda vicepresidenta de la Junta de Síndicos, se indica lo siguiente: “Durante los pasados siete años, la Universidad ha manejado prudentemente sus finanzas, generando economías millonarias, redirigiendo sus inversiones, diversificando sus ingresos, etc. En anticipación a la actual situación fiscal del País, la Universidad ha establecido una serie de medidas cautelares que generarán economías de cerca de $40 millones”.

Colberg Toro y Ortiz presentaron copia de 10 memorandos y cartas enviadas entre enero y julio de 2009 en las que García Padilla tomó medidas de reducción de gastos. Afirmaron que las medidas ahorraron $19.2 millones.

Otra carta, enviada a Fortuño y firmada por García Padilla el 13 de marzo de 2009, evidencia -según los legisladores- que la asignación de fondos ARRA para la UPR “fue una iniciativa del propio García Padilla y no del Gobernador”. En la carta se solicitan $298.90 millones para “restablecer la base presupuestaria” de la UPR.

Otro anejo del informe indica que la UPR acordó “atemperar el cupo de admisión de estudiantes de escuela superior” a tono con los recursos proyectados. Eso, sumado a la eliminación de la opción de tomar gratis el College Board, limita las oportunidades de los estudiantes de escuelas públicas de entrar a la UPR, denunció Ortiz. Actualmente, el 52% de los matriculados en la UPR es de escuelas públicas y el 48% restante es de colegios privados.

“Estos documentos confirman que la campaña publicitaria de encargo político de este gobierno, la cual es financiada con fondos públicos, es una patraña maliciosa, plagada de mentiras, cobarde y bajuna, cuyo único propósito es hacerle daño al senador Alejandro García Padilla, tratando de mancillar la gestión de excelencia de su hermano, el pasado presidente de la UPR, Antonio García Padilla”, indicó Colberg Toro.

Dijo que le entregará hoy a Fortuño 15 propuestas a mediano plazo para allegar recursos a la UPR y otras 10 a largo plazo para crear una reforma universitaria.


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