La Fundación Free Juana caminó hasta el Capitolio para llevar su reclamo.

Por sexto año consecutivo, la Fundación Free Juana insistió ayer en que urge cambiar la  política pública en Puerto Rico para impulsar  la descriminalización del consumo de cannabis en adultos mayores de 21 años para fines recreativos.

Un puñado de personas a favor de este reclamo se reunió ayer en los predios del Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan, y caminó hasta el Capitolio, donde realizaron una manifestación pacífica para exigir este cambio.

“En Puerto Rico, hay un mercado medicinal de cannabis, pero todavía por la posesión simple (de este planta) son tres años de cárcel”, comentó el licenciado José Rivera, cofundador de Free Juana, organización sin fines de lucro que se dedica a  educar y certificar sobre los  usos y manejos del cannabis medicinal en Puerto Rico.

El artículo 404 (a) de la Ley de Sustancias Controladas (1971) establece la ilegalidad de la posesión de sustancias controladas en el país, a menos que sea una receta o medie una orden de un profesional autorizado.

La violación de  este estatuto constituye un  delito grave, con pena de reclusión de tres años, que podría subir a cinco con circunstancias agravantes o bajar a dos si hubieran atenuantes.

“El 20 de abril es una fecha en que, a nivel internacional, se busca levantar la discusión pública sobre los beneficios del cannabis y la política de prohibición del Estado”, dijo Rivera.

Según el abogado, la orden ejecutiva, que dio paso a la creación de un reglamento que permite el uso de cannabis medicinal en la isla, muestra que ha habido una apertura sobre la utilización y consumo de esta planta.

“Hay espacio para el mercado recreacional (de la marihuana), regulando el tiempo, lugar y manera (de su uso y consumo), por ejemplo, en espacios protegidos”, dijo Rivera, quien resaltó que mientras exista una prohibición sobre esta sustancia, “siempre va a haber un mercado ilegal”.

La licenciada Shadiff Repullo, presidenta de la Fundación Free Juana, argumentó que es contradictorio que en la isla se permita el uso de la marihuana a nivel medicinal a la misma vez que el estado penaliza su uso.

“Además, una persona con problemas de adicción a una sustancia debe atenderse bajo un enfoque salubrista, no penal”, dijo.

Tirzha Alcaide, quien se describió como una “defensora del cannabis”, fue una de las asistentes a la marcha. Su reclamo, dijo, es que se le quite el impuesto a la marihuana medicinal y se le ponga a la venta de la planta a nivel recreacional.  


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