Mirta Colón, presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace. (semisquare-x3)
Mirta Colón, presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace. (Luis Alcalá del Olmo)

Vecinos de Las Gladiolas le exigieron hoy al gobernador Ricardo Rosselló que se cumplan con los acuerdos contraídos con los residentes del complejo de vivienda pública -implosionado en el 2011- para reintegrarse a la comunidad que abandonaron con la promesa de un regreso.

Según Mirta Colón, presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace, la empresa desarrolladora y administradora del complejo donde ubicaba las torres de vivienda pública ha trazado un plan de acción que no solo va en contra de los acuerdos alcanzados con los residentes, sino que tiene como única intención cansarlos para que desistan de regresar al lugar donde hoy ubica un complejo tipo walk-up.

“Luchamos ese espacio y hoy somos nuevamente estigmatizados. Esa es la justicia social de la que estamos hablando y hacemos grandes discursos. Nosotros no pedimos nada que no sea que se cumpla con un contrato y un compromiso que se hizo con nuestra comunidad”, sostuvo Colón.

Alegó que sin razón alguna se detuvieron las reuniones mensuales entre los desarrollares y los vecinos, no se ha orientado a las familias sobre el proceso de realojo y se cambiaron los requisitos de admisión acordados, provocando que menos vecinos cualifiquen para vivir en el lugar debido a nuevos parámetros económicos. 

“En un país donde los discursos más trillados son el de la transparencia y claridad, precisamente eso es lo que queremos reclamar para nuestras comunidades. Cómo se explica el incumplimiento de los acuerdos y ocupación tan acelerada de los complejos”, señaló Colón.

Colón también denunció que la compañía desarrolladora ha adoptado una práctica en la que deja vencer documentos esenciales entregados por los residentes. “Con todas estas tácticas dilatorias, a la conclusión que llegamos es que se pretende cansarnos y desanimarnos para que desistamos del regreso a lo que otrora, fue nuestra comunidad”, señaló Colón.

El complejo se inauguró en diciembre del 2017. 

Según los datos provistos por los residentes en conferencia de prensa, unas 100 familias tenían derecho a regresar a Las Gladiolas. No obstante, de acuerdo con información ofrecida por el desarrollador a los residentes, de las 100 familias, solamente 48 expresaron interés en volver a la comunidad. Sin embargo, solo 31 familias podrían entrar, ya que 17 excedieron los parámetros de ingresos establecidos para los proyectos de Low Income Housing Tax Credits (LIHTC).

La responsabilidad de seleccionar los inquilinos y administrar el proyecto recae en la empresa desarrolladora McCormack Baron Salazar, seleccionada en la Alianza Público Privada como socia del Departamento de la Vivienda por 30 años.

“El compromiso que nosotros tenemos por escrito dice que siempre y cuando cumplieras con los requisitos de vivienda pública, ibas a poder regresar al proyecto…”, enfatizó Colón

Al momento de la inauguración del lugar, el secretario de la vivienda, Fernando Gil Enseñat, explicó que los 140 apartamentos serían distribuidos entre los programas de Sección 8, vivienda pública, Low Income Housing Tax Credits (LIHTC) y el mercado privado. 

Los apartamentos alquilados bajo el programa LIHTC están dirigidos a personas que trabajen y cuyo ingreso esté por debajo de los 12,000 anuales. “Para ser residente de vivienda pública o de Sección 8 el parámetro de ingreso es mayor, pero para tax credit es un parámetro tan bajo que un residente solo, con un empleo de $7.25 la hora y una jornada de 40 horas, excede los $13,020 anuales y por ende ya no cualifica”, detalló Colón.

“Por un lado hablan de incentivar a la gente para que trabaje y por el otro, si trabajad y devengas ingresos, te voy a penalizar. Esto es totalmente contrario”, agregó Colón.

En Puerta de Tierra, en San Juan, se vive una situación similar, indicó Jonathan Colón Reyes, líder comunitario del lugar. Allí, sin embargo, aún no se están ocupando apartamentos. “Esto es el modelo (Alianza Público Privada) que se pretende llevar en el país, pero el trabajo no está siendo como esperábamos ni con los acuerdos que se llegaron”, dijo Colón Reyes.

En el caso de Puerta de Tierra son 120 familias que cualificarían para regresar al lugar, donde también fue construido un nuevo y moderno complejo.

Los líderes comunitarios advirtieron que las “irregularidades” que ellos están enfrentando en el proceso, se repetirá a través de los otros desarrollos de vivienda que se realizan a través de Alianza Público Privada. “Es lo que le espera a cada uno de los residentes de vivienda pública cuando les llegue el momento y su complejo sea implosionado”, señaló Colón.


💬Ver 0 comentarios